Pregunta: Mientras que en comunidades como Madrid se recogieron más de 5.000 ayudas en prevención y autonomía, en esta Comunidad sólo se han apuntado dos. ¿A que se debe esta diferencia?
Respuesta:Es una verdadera pena y una irresponsabilidad que la Ley de mayor impacto social de los últimos tiempos haya generado derechos que no se están cumpliendo. Hoy el 50% de las prestaciones que se han reconocido, en materia de dependencia, en nuestra Comunidad Autónoma son prestaciones de ayuda económica. Con ello se está pervirtiendo la finalidad de la Ley de Dependencia, que marcaba objetivos claros como promocionar la autonomía de las personas y la creación de empleo, por lo que en la evaluación de estos tres años de aplicación se merece un suspenso. Efectivamente, en Andalucía estamos a la cola en lo que corresponde a prevención y autonomía personal, pero desgraciadamente no sólo en estos apartados ocupamos este lamentable puesto, ya que en atención residencial o en centros de día también estamos por debajo de Galicia, Madrid o Murcia. Ésta es la gestión que el Gobierno andaluz ha llevado sobre la implantación de la Ley de Dependencia.
Pregunta: Este año han entrado como beneficiarios del sistema un nuevo escalón de dependientes: los moderados. ¿Cree que su entrada puede acarrear problemas presupuestarios
Respuesta:Probablemente sea así puesto que si hablamos del presupuesto de 2011, el aumento porcentual de la población atendida es del 31,21%. El Gobierno andaluz pasará a la historia como el que más derechos sociales ha recortado y, de hecho, hasta ahora, con los fondos de los que se dispone y una pésima gestión no se está atendiendo a la población dependiente. Si aumenta la población que tenemos que atender pero disminuyen los fondos, difícilmente se podrá cumplir con la Ley o atender a cada usuario como se merece.
Pregunta: En 2011, la partida inicial que destinará la Junta es de 850 millones, ¿cree que es un presupuesto acorde para aplicar de manera correcta la Ley de Dependencia?
Respuesta:Con los datos que acabo de aportar del aumento porcentual de la población y el presupuestario se ve que hay un gran desfase, por lo que todo apunta a que, un año más, la Ley de Dependencia no cumplirá con las expectativas generadas en la población. En nuestra tierra se produce una demora de entre 12 y 18 meses desde la solicitud hasta la percepción del derecho, lo que conlleva a que el 8% de las personas dependientes fallezcan durante la resolución del procedimiento. Es increíble que en los tres años que lleva en vigor la Ley de la Dependencia hayan fallecido en Andalucía más de 21.000 personas mientras esperaban recibir alguna de las prestaciones contempladas en la normativa, y que menos del 50% de las solicitudes presentadas están recibiendo actualmente una prestación. Los recortes sociales que está llevando a cabo el Gobierno alcanzan a la Ley de Dependencia de pleno. La cantidad que corresponde a cada usuario, en tan solo dos años, se ha reducido en más de 2.000 euros.
Pregunta: En su opinión, ¿qué aspectos y cuestiones deberían resolverse con mayor urgencia este año para garantizar un mejor funcionamiento de la Ley de Dependencia?
Respuesta:Hay que tomar medidas urgentes que agilicen los plazos para el reconocimiento de la situación de dependencia e incrementar el número de centros de día y de mayores. Actualmente, el PP está elaborando dos estudios sobre la Ley de Dependencia: uno relativo a lo que tienen que invertir las corporaciones municipales para contrarrestar la carencia de aportación económica por parte del Gobierno andaluz, ya que las administraciones locales aportan un 20% más de presupuesto para compensar el déficit de la Junta en el desarrollo de la Ley. Otro destinado a confeccionar un mapa de necesidades sociales de la población en materia de dependencia. Es fundamental poner en marcha más plazas residenciales para que las personas dependientes no tengan que irse a vivir fuera de su ciudad, ya que en Andalucía sólo el 22% de las residencias son de titularidad pública. También apostamos por mejorar la financiación de la ayuda a domicilio, pasando de los 13 euros por hora que se paga en la actualidad a los 17 euros; así como mejorar el sistema de conciertos de plazas que la Junta establece con las residencias y centros de día de titularidad privada.
Pregunta: En cuanto al sistema público de pensiones, usted ha dicho, recientemente, que las personas mayores merecen un gran acuerdo que garantice su futuro ¿qué soluciones propone para evitar la pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas?
Respuesta:El PP andaluz ya ha propuesto que la Junta compense económicamente, mediante una línea de ayudas de carácter social, la pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas debido a los recortes que ha impuesto el Gobierno central. Los gobiernos deben ser garantes del mantenimiento de las políticas sociales de los más desfavorecidos, y no sus verdugos. Es increíble que con un gobierno socialista, por primera vez habrá pensionistas que pierdan poder adquisitivo, lo que complica que muchos puedan llegar a fin de mes, una situación especialmente grave en Andalucía, donde la pensión contributiva media es un 8% inferior a la del total nacional. Me gustaría recordar que cuando el PP llegó al Gobierno de España en 1996, la caja de la Seguridad Social estaba quebrada. Entonces, como ministro de Trabajo, no me quedó más remedio que pedir un crédito a los bancos para que los pensionistas pudieran cobrar la extra de diciembre, para la que no había dinero. Es necesario llegar a un gran consenso y un gran pacto de Estado sobre pensiones. Éstas son un derecho por ley que reciben los españoles, de forma que estas prestaciones no estén al albur de la subida o bajada por parte del Gobierno de turno. Si un país quiere garantizarse las pensiones lo primero que tiene que hacer es crear empleo. La clave de las pensiones es crear empleo y el Gobierno que crea empleo es el que interesa a los jóvenes y también a los pensionistas.