El futuro de la hucha de las pensiones, un arma arrojadiza en continua tela de juicio
Cuando se atisban telarañas en el Fondo de Reserva, todos concuerdan en que hay que abordar un cambio de modelo de su financiación, lo que no se consigue es definir la fórmula unánime que lo haga sostenible
Este verano saltaron de nuevo todas las alarmas tras conocerse que la Seguridad Social tuvo que utilizar 8.700 millones de euros del Fondo de Reserva para poder pagar las pensiones y la paga extraordinaria del mes de julio. Este hecho hizo que organizaciones como la Fundación Edad&Vida urgiese a acometer “una reforma estructural del sistema de pensiones orientada hacia la sustitución del actual sistema de reparto por uno mixto, de reparto y capitalización, siendo esta capitalización obligatoria o casi-obligatoria”; incluso propusieron y añadieron que “el problema, bajo nuestro punto de vista, es de tal envergadura que no cabe esperar a que la recuperación del crecimiento económico sea suficiente para resolverlo”.
Desde la Secretaría de Estado de la Seguridad Social se hizo pública, recientemente, la ejecución de su presupuesto hasta julio. Hasta ese momento, en lo que va de año, el sistema ingresó por cotizaciones sociales de empresarios y trabajadores un total de 60.082 millones de euros. Es decir, el crecimiento de la Seguridad Social es muy inferior al previsto en los presupuestos, un hecho que se debe, según los expertos, entre otros motivos, a una desaceleración en la creación de empleo; que el que se crea es en peores condiciones cualitativas y cuantitativas, lo que disminuye las bases de cotización. La caída en picado de los ingresos por los rendimientos que genera el fondo se deben, según los analistas, a la bajada del disponible en sí mismo, ante el abono de las pagas extra y las retenciones del IRPF de las pensiones (esto último supuso este ejercicio un desembolso de 1.000 millones de euros). Si el año pasado la hucha contaba con más de 41.634 millones de euros, actualmente el saldo ha llegado a los 24.207 millones. Además, si los ingresos por rendimientos están invertidos 100% en deuda pública española, y la rentabilidad en el mercado de esta deuda ha caído brutalmente, esto conlleva también una disminución adicional en el fondo. Con estas informaciones, los expertos vislumbran en el horizonte –entre uno y tres años, según los diferentes análisis– la extinción del sistema.
Ante este hecho, también desde la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP) manifestaron su inquietud a través de una carta dirigida a los responsables de los partidos políticos, exponiendo su “malestar porque nadie desde los partidos representados en el Parlamento, ni desde los responsables de las administraciones públicas, ha respondido adecuadamente a las informaciones emitidas”. Para UDP, “que el agujero de la Seguridad Social crezca en estos momentos de aumento del empleo se debe a la opción del Gobierno de estimular la contratación con reducciones directas de cotizaciones, lo que este año restará 2.500 millones de euros a las arcas del instituto previsor, y a la drástica reducción de los salarios en los nuevos contratos que se están produciendo”, manifiestan. Entendiendo que, actualmente, el porcentaje de personas mayores que ayuda económicamente a sus familias alcanza el 44%, el esfuerzo que realiza este colectivo no está siendo reconocido. Para garantizar sus supervivencia, además de un pacto de Estado sobre pensiones, reclaman, entre otras acciones, la reactivación urgente del Pacto de Toledo con la misma filosofía con la que nació. Como es sabido, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social surge ante la necesidad de establecer capitales especiales de reserva destinados a atender las necesidades futuras en cuanto a prestaciones contributivas devenidas de la desviación entre ingresos y gastos de la Seguridad Social. Por la tanto, se nutre de su superávit y se crea con la finalidad de constituir reservas para mitigar o afrontar los efectos de los ciclos económicos adversos y garantizar el equilibrio financiero del sistema de pensiones. Sin embargo, desde finales del año 2011, este modelo empieza a tener déficit en los ingresos de las pensiones, y como consecuencia, se deja de hacer aportaciones al Fondo de Reserva y, a su vez, es necesario sacar dinero del mismo. Y desde ese momento, la gestión de la hucha de pensiones se convierte en el caballo de batalla de Gobierno y oposición, entre otras voces.
Medidas tomadas
El Partido Popular defiende que este fondo está para eso, para sufragar las épocas de vacas flacas, porque, además, “es propiedad de los ciudadanos”. Confían en que la creación de empleo ayude a alcanzar una zona de confort que mantenga la sostenibilidad. Con un discurso preocupado, pero menos catastrofista, desde la Secretaría de Estado de la Seguridad Social señalan, a entremayores, que los pronósticos para el sistema público de pensiones no son los peores de Europa, ya que si tomamos como referencia el último “Annual Ageing Report” –que emite la CE–, el gasto en pensiones en nuestro país supondrá en 2060 el 11% PIB, frente a Bélgica, que será de un 15% o Italia, que rondará el 14%. Apuntan también que gracias a las reformas acometidas desde 2012 por este Gobierno se ha podido “taponar, en parte, la hemorragia” y para poder corregir los 7.700 millones de déficit, se han puesto en marcha medidas como la tarifa plana de los autónomos, con el fin de fomentar el empleo, entre otras.
Sobre la situación que podría darse el año que viene –sino se modifica–, cuando previsiblemente no esté en vigor la supresión del límite del 3% de las prestaciones contributivas que puede rescatarse del Fondo de Reserva, desde este Departamento aseguran a nuestro periódico que “España no va a dejar de pagar las pensiones ni cercenarlas, habrá que buscar otras alternativas”. Y como ellos mismos también justifican, desde la Comisión Europea no se han hecho recomendaciones a España sobre este asunto.
“El Gobierno ha dado un paso al frente”, destacan, y sobre el debate que está en primera línea reiterada y periódicamente, ponen el foco en la Comisión del Pacto de Toledo, órgano competente para abordar este asunto. Reconocen que “es la hora de hacer un debate profundo sobre su financiación”.
Desde las filas del PSOE, su portavoz de Economía, Pedro Saura, en línea con esta idea, –expresa para entremayores– su apuesta decidida por “incrementar las aportaciones al sistema público desde los Presupuestos Generales del Estado. Para ello se debe abordar una reforma fiscal en profundidad de nuestro sistema tributario. En concreto, proponemos el diseño de un impuesto a las grandes fortunas que tenga un carácter finalista para el sistema público de pensiones. Todo ello se debería consensuar en la comisión del Pacto de Toledo”.
La postura “crítica” de los sindicatos
Los sindicatos tampoco son ajenos a esta cuestión. Este mes de septiembre, con el lema “No te quedes parado, la pensión es tu derecho, tu bienestar y el de los tuyos. Defiéndela”, la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT, junto con la Comisión Ejecutiva Confederal del sindicato, ha iniciado una campaña informativa a lo largo de este mes –que culminará el 1 de octubre con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores–, para “alertar sobre el deterioro del sistema público de pensiones” e informar sobre sus propuestas para salvaguardarlo y reforzarlo. Para UGT, el verdadero problema de este tiene que ver con los ingresos y no con los gastos, por eso reclama establecer nuevas vías de financiación a través de los impuestos, que complementen a las cotizaciones sociales. Asimismo, “demanda suprimir todas aquellas medidas que han debilitado los ingresos por cotizaciones de la Seguridad Social, como han sido la precarización de los nuevos empleos y la devaluación de salarios (consecuencia de la reforma laboral de 2012)”. El sindicato considera que hay que recuperar el Pacto de Toledo y el diálogo social en materia de pensiones. Esto implica, a su juicio, “derogar la última reforma del Gobierno del PP pues la aplicación del Índice de Revalorización supone una pérdida creciente de capacidad adquisitiva de los pensionistas actuales y futuros (este sindicato calcula que, en el medio y largo plazo, la pensión se reduzca entre un 15% y un 26%)”.
Por otra parte, este verano, el secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CC OO, Carlos Bravo, reiteró la propuesta de este sindicato a las formaciones políticas con representación parlamentaria para que “consideren el futuro de las pensiones como una prioridad de Estado y recuperen el consenso forjado en torno al Pacto de Toledo, a fin de garantizar a medio y largo plazo la viabilidad del sistema público”. En este sentido, CC OO viene proponiendo, además de otras medidas para aumentar los ingresos por cotizaciones, que el Estado comience a asumir de forma paulatina la financiación de una parte de las pensiones, por ejemplo, las derivadas de muerte y supervivencia (viudedad, orfandad y a favor de familiares –22.000 millones–), de modo que se financien con impuestos sobre la renta y/o riqueza, frente a otras alternativas menos equitativas como la basada en aumentar el IVA.
Lo cierto es que si en el futuro se adivinase una posibilidad de mejorar la situación que lo envuelve (despegue de la natalidad, florecimiento del empleo, crecimiento económico, etcétera), este tema no sería objeto de debate. Pero el tiempo que nos espera, con una elevadísima tasa de enjecimiento, longevidad al alza y previsión laboral en decadencia, no parece que ayude a desmentir que el sistema está en parada. Reanimarlo parece una utopía, toda vez que las formaciones políticas no consiguen, ni siquiera, establecer un mínimo de consenso para hacerse gobernable, cuánto más decidir y poner en orden todos los temas que deben dirigir.
Otra corriente: “La doctrina del shock”
Sin embargo, para algunos, la verdadera intención es otra. Ante la publicación de datos tan alarmantes, la solución que se impone es recurrir a la “doctrina del shock”, explicada por Naomi Klein (escritora e investigadora canadiense de gran influencia en el movimiento antiglobalización), como una fórmula que todos entenderíamos para subsanar el desastre. Llegados a un punto irreversible, esta teoría señala que asumir reformas impopulares en otro momento, se convierten en la tabla de salvación para evitar el fiasco. Es decir, habiendo alcanzado el extremo, cualquiera justificaría un mazazo a las pensiones públicas o la obligatoriedad de hacerse con un modelo de capitalización a medias con la banca para fomentar el ahorro privado a través de los planes de pensiones. Sin embargo, esta fórmula no consigue cuajar en España por su baja rentabilidad –generada por comisiones muy altas– y el maltrato fiscal –a pesar de las cacareadas desgravaciones que el Estado anuncia–. La idea de un objetivo bastardo derivado del alarmismo también es defendido por Pedro Saura. En su opinión, en “un modelo productivo de bajos salarios, la reducción de las cotizaciones sociales han contribuido a incrementar el déficit de la Seguridad Social y a esquilmar el Fondo de Reserva. En realidad, al Gobierno en funciones no le ha interesado ni le interesa reaccionar. El déficit del sistema público de pensiones es la excusa perfecta de la derecha para su progresiva privatización”. Además, desde su punto de vista, “el futuro del sistema de pensiones público va depender de quién gobierne en España en los próximos años. Si lo hace la derecha, habrá una progresiva privatización del sistema”, denuncia.
Un futuro con muchas incertidumbres
A finales de agosto, la Fundación Adecco, sobre la base de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), puso el acento en el máximo histórico de envejecimiento alcanzado en España este año: “ya se contabilizan 116 mayores de 64 años por cada 100 menores de 16”. Según Francisco Mesonero, director general de esta entidad, “la relación cotizante-pensionista es actualmente de 2,2, considerándose una ecuación sostenible a partir de 2,5 contribuyentes por cada jubilado. Si continúa esta tendencia, para 2052 se estima que, por cada persona inactiva, habrá poco más de una persona trabajando, lo que sin duda pone en peligro la sostenibilidad de nuestro sistema”. ¿Y entonces qué se hace? ¿Aceptamos la recomendación del Bundesbank de elevar la edad de jubilación? Mucho nos tememos que la senda no es única. Lo único que parece seguir su senda es la muerte agónica que parece estar viviendo nuestro sistema de la seguridad social.
La hucha de las pensiones está en el patíbulo y la verdad es que no debería sorprender. Su futuro estaba medio escrito a la luz de los datos demográficos que teníamos. El baby boom estaba ahí y sus efectos en la jubilación eran predecibles. Que una crisis financiera tambalease los cimientos de las economías mundicales fue un hecho sobrevenido y que ha significado el hachazo definitivo a un sistema que ha vivido al amparo de los réditos de una época de bonanza.
Y hoy, a un año vista de su completa descapitalización (como auguran los estudios más catastrofistas) sorprende la parsimonia política para dar un timonazo y cambiar el rumbo de este barco en zozobra. Buscar un puerto de abrigo es un hecho claro para cualquier navegante, el modo de alcanzarlo, el mapa de navegación a seguir parece que no es único, y ahí las formaciones políticas tienen diferentes propuestas. Cuesta creer que conociendo que este problema está a punto de acontecer, más allá de buscar soluciones de fondo, se discuta sobre quién ha hecho más o menos daño al sistema. Y lo cierto es que el daño no es lo malo, lo pésimo es que durante el tiempo que los expertos llevan señalando este problema, los gobiernos de turno solo hayan hecho reformas cortoplacistas pensando únicamente en la meta de las próximas elecciones y su rédito en las urnas, obviando acometer cambios estructurales de calado, impopulares quizás, pero más eficaces en un horizonte más amplio de miras. Ahora toca mover ficha al próximo Gobierno. Esperemos que la partida no quede en tablas...
>> OPINIÓN. Por Francisco González y Gregorio Gil: 'Fuentes de financiación alternativas, inevitablemente, deberán complementar las pensiones futuras'
>> Análisis del Foro de Expertos del Instituto Aviva: 'Es necesario adaptar el sistema a la nueva realidad demográfica'
Pregunta:
Respuesta:
Desde la Secretaría de Estado de la Seguridad Social se hizo pública, recientemente, la ejecución de su presupuesto hasta julio. Hasta ese momento, en lo que va de año, el sistema ingresó por cotizaciones sociales de empresarios y trabajadores un total de 60.082 millones de euros. Es decir, el crecimiento de la Seguridad Social es muy inferior al previsto en los presupuestos, un hecho que se debe, según los expertos, entre otros motivos, a una desaceleración en la creación de empleo; que el que se crea es en peores condiciones cualitativas y cuantitativas, lo que disminuye las bases de cotización. La caída en picado de los ingresos por los rendimientos que genera el fondo se deben, según los analistas, a la bajada del disponible en sí mismo, ante el abono de las pagas extra y las retenciones del IRPF de las pensiones (esto último supuso este ejercicio un desembolso de 1.000 millones de euros). Si el año pasado la hucha contaba con más de 41.634 millones de euros, actualmente el saldo ha llegado a los 24.207 millones. Además, si los ingresos por rendimientos están invertidos 100% en deuda pública española, y la rentabilidad en el mercado de esta deuda ha caído brutalmente, esto conlleva también una disminución adicional en el fondo. Con estas informaciones, los expertos vislumbran en el horizonte –entre uno y tres años, según los diferentes análisis– la extinción del sistema.
Ante este hecho, también desde la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP) manifestaron su inquietud a través de una carta dirigida a los responsables de los partidos políticos, exponiendo su “malestar porque nadie desde los partidos representados en el Parlamento, ni desde los responsables de las administraciones públicas, ha respondido adecuadamente a las informaciones emitidas”. Para UDP, “que el agujero de la Seguridad Social crezca en estos momentos de aumento del empleo se debe a la opción del Gobierno de estimular la contratación con reducciones directas de cotizaciones, lo que este año restará 2.500 millones de euros a las arcas del instituto previsor, y a la drástica reducción de los salarios en los nuevos contratos que se están produciendo”, manifiestan. Entendiendo que, actualmente, el porcentaje de personas mayores que ayuda económicamente a sus familias alcanza el 44%, el esfuerzo que realiza este colectivo no está siendo reconocido. Para garantizar sus supervivencia, además de un pacto de Estado sobre pensiones, reclaman, entre otras acciones, la reactivación urgente del Pacto de Toledo con la misma filosofía con la que nació. Como es sabido, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social surge ante la necesidad de establecer capitales especiales de reserva destinados a atender las necesidades futuras en cuanto a prestaciones contributivas devenidas de la desviación entre ingresos y gastos de la Seguridad Social. Por la tanto, se nutre de su superávit y se crea con la finalidad de constituir reservas para mitigar o afrontar los efectos de los ciclos económicos adversos y garantizar el equilibrio financiero del sistema de pensiones. Sin embargo, desde finales del año 2011, este modelo empieza a tener déficit en los ingresos de las pensiones, y como consecuencia, se deja de hacer aportaciones al Fondo de Reserva y, a su vez, es necesario sacar dinero del mismo. Y desde ese momento, la gestión de la hucha de pensiones se convierte en el caballo de batalla de Gobierno y oposición, entre otras voces.
Medidas tomadas
El Partido Popular defiende que este fondo está para eso, para sufragar las épocas de vacas flacas, porque, además, “es propiedad de los ciudadanos”. Confían en que la creación de empleo ayude a alcanzar una zona de confort que mantenga la sostenibilidad. Con un discurso preocupado, pero menos catastrofista, desde la Secretaría de Estado de la Seguridad Social señalan, a entremayores, que los pronósticos para el sistema público de pensiones no son los peores de Europa, ya que si tomamos como referencia el último “Annual Ageing Report” –que emite la CE–, el gasto en pensiones en nuestro país supondrá en 2060 el 11% PIB, frente a Bélgica, que será de un 15% o Italia, que rondará el 14%. Apuntan también que gracias a las reformas acometidas desde 2012 por este Gobierno se ha podido “taponar, en parte, la hemorragia” y para poder corregir los 7.700 millones de déficit, se han puesto en marcha medidas como la tarifa plana de los autónomos, con el fin de fomentar el empleo, entre otras.
Sobre la situación que podría darse el año que viene –sino se modifica–, cuando previsiblemente no esté en vigor la supresión del límite del 3% de las prestaciones contributivas que puede rescatarse del Fondo de Reserva, desde este Departamento aseguran a nuestro periódico que “España no va a dejar de pagar las pensiones ni cercenarlas, habrá que buscar otras alternativas”. Y como ellos mismos también justifican, desde la Comisión Europea no se han hecho recomendaciones a España sobre este asunto.
“El Gobierno ha dado un paso al frente”, destacan, y sobre el debate que está en primera línea reiterada y periódicamente, ponen el foco en la Comisión del Pacto de Toledo, órgano competente para abordar este asunto. Reconocen que “es la hora de hacer un debate profundo sobre su financiación”.
Desde las filas del PSOE, su portavoz de Economía, Pedro Saura, en línea con esta idea, –expresa para entremayores– su apuesta decidida por “incrementar las aportaciones al sistema público desde los Presupuestos Generales del Estado. Para ello se debe abordar una reforma fiscal en profundidad de nuestro sistema tributario. En concreto, proponemos el diseño de un impuesto a las grandes fortunas que tenga un carácter finalista para el sistema público de pensiones. Todo ello se debería consensuar en la comisión del Pacto de Toledo”.
La postura “crítica” de los sindicatos
Los sindicatos tampoco son ajenos a esta cuestión. Este mes de septiembre, con el lema “No te quedes parado, la pensión es tu derecho, tu bienestar y el de los tuyos. Defiéndela”, la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT, junto con la Comisión Ejecutiva Confederal del sindicato, ha iniciado una campaña informativa a lo largo de este mes –que culminará el 1 de octubre con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores–, para “alertar sobre el deterioro del sistema público de pensiones” e informar sobre sus propuestas para salvaguardarlo y reforzarlo. Para UGT, el verdadero problema de este tiene que ver con los ingresos y no con los gastos, por eso reclama establecer nuevas vías de financiación a través de los impuestos, que complementen a las cotizaciones sociales. Asimismo, “demanda suprimir todas aquellas medidas que han debilitado los ingresos por cotizaciones de la Seguridad Social, como han sido la precarización de los nuevos empleos y la devaluación de salarios (consecuencia de la reforma laboral de 2012)”. El sindicato considera que hay que recuperar el Pacto de Toledo y el diálogo social en materia de pensiones. Esto implica, a su juicio, “derogar la última reforma del Gobierno del PP pues la aplicación del Índice de Revalorización supone una pérdida creciente de capacidad adquisitiva de los pensionistas actuales y futuros (este sindicato calcula que, en el medio y largo plazo, la pensión se reduzca entre un 15% y un 26%)”.
Por otra parte, este verano, el secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CC OO, Carlos Bravo, reiteró la propuesta de este sindicato a las formaciones políticas con representación parlamentaria para que “consideren el futuro de las pensiones como una prioridad de Estado y recuperen el consenso forjado en torno al Pacto de Toledo, a fin de garantizar a medio y largo plazo la viabilidad del sistema público”. En este sentido, CC OO viene proponiendo, además de otras medidas para aumentar los ingresos por cotizaciones, que el Estado comience a asumir de forma paulatina la financiación de una parte de las pensiones, por ejemplo, las derivadas de muerte y supervivencia (viudedad, orfandad y a favor de familiares –22.000 millones–), de modo que se financien con impuestos sobre la renta y/o riqueza, frente a otras alternativas menos equitativas como la basada en aumentar el IVA.
Lo cierto es que si en el futuro se adivinase una posibilidad de mejorar la situación que lo envuelve (despegue de la natalidad, florecimiento del empleo, crecimiento económico, etcétera), este tema no sería objeto de debate. Pero el tiempo que nos espera, con una elevadísima tasa de enjecimiento, longevidad al alza y previsión laboral en decadencia, no parece que ayude a desmentir que el sistema está en parada. Reanimarlo parece una utopía, toda vez que las formaciones políticas no consiguen, ni siquiera, establecer un mínimo de consenso para hacerse gobernable, cuánto más decidir y poner en orden todos los temas que deben dirigir.
Otra corriente: “La doctrina del shock”
Sin embargo, para algunos, la verdadera intención es otra. Ante la publicación de datos tan alarmantes, la solución que se impone es recurrir a la “doctrina del shock”, explicada por Naomi Klein (escritora e investigadora canadiense de gran influencia en el movimiento antiglobalización), como una fórmula que todos entenderíamos para subsanar el desastre. Llegados a un punto irreversible, esta teoría señala que asumir reformas impopulares en otro momento, se convierten en la tabla de salvación para evitar el fiasco. Es decir, habiendo alcanzado el extremo, cualquiera justificaría un mazazo a las pensiones públicas o la obligatoriedad de hacerse con un modelo de capitalización a medias con la banca para fomentar el ahorro privado a través de los planes de pensiones. Sin embargo, esta fórmula no consigue cuajar en España por su baja rentabilidad –generada por comisiones muy altas– y el maltrato fiscal –a pesar de las cacareadas desgravaciones que el Estado anuncia–. La idea de un objetivo bastardo derivado del alarmismo también es defendido por Pedro Saura. En su opinión, en “un modelo productivo de bajos salarios, la reducción de las cotizaciones sociales han contribuido a incrementar el déficit de la Seguridad Social y a esquilmar el Fondo de Reserva. En realidad, al Gobierno en funciones no le ha interesado ni le interesa reaccionar. El déficit del sistema público de pensiones es la excusa perfecta de la derecha para su progresiva privatización”. Además, desde su punto de vista, “el futuro del sistema de pensiones público va depender de quién gobierne en España en los próximos años. Si lo hace la derecha, habrá una progresiva privatización del sistema”, denuncia.
Un futuro con muchas incertidumbres
A finales de agosto, la Fundación Adecco, sobre la base de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), puso el acento en el máximo histórico de envejecimiento alcanzado en España este año: “ya se contabilizan 116 mayores de 64 años por cada 100 menores de 16”. Según Francisco Mesonero, director general de esta entidad, “la relación cotizante-pensionista es actualmente de 2,2, considerándose una ecuación sostenible a partir de 2,5 contribuyentes por cada jubilado. Si continúa esta tendencia, para 2052 se estima que, por cada persona inactiva, habrá poco más de una persona trabajando, lo que sin duda pone en peligro la sostenibilidad de nuestro sistema”. ¿Y entonces qué se hace? ¿Aceptamos la recomendación del Bundesbank de elevar la edad de jubilación? Mucho nos tememos que la senda no es única. Lo único que parece seguir su senda es la muerte agónica que parece estar viviendo nuestro sistema de la seguridad social.
La hucha de las pensiones está en el patíbulo y la verdad es que no debería sorprender. Su futuro estaba medio escrito a la luz de los datos demográficos que teníamos. El baby boom estaba ahí y sus efectos en la jubilación eran predecibles. Que una crisis financiera tambalease los cimientos de las economías mundicales fue un hecho sobrevenido y que ha significado el hachazo definitivo a un sistema que ha vivido al amparo de los réditos de una época de bonanza.
Y hoy, a un año vista de su completa descapitalización (como auguran los estudios más catastrofistas) sorprende la parsimonia política para dar un timonazo y cambiar el rumbo de este barco en zozobra. Buscar un puerto de abrigo es un hecho claro para cualquier navegante, el modo de alcanzarlo, el mapa de navegación a seguir parece que no es único, y ahí las formaciones políticas tienen diferentes propuestas. Cuesta creer que conociendo que este problema está a punto de acontecer, más allá de buscar soluciones de fondo, se discuta sobre quién ha hecho más o menos daño al sistema. Y lo cierto es que el daño no es lo malo, lo pésimo es que durante el tiempo que los expertos llevan señalando este problema, los gobiernos de turno solo hayan hecho reformas cortoplacistas pensando únicamente en la meta de las próximas elecciones y su rédito en las urnas, obviando acometer cambios estructurales de calado, impopulares quizás, pero más eficaces en un horizonte más amplio de miras. Ahora toca mover ficha al próximo Gobierno. Esperemos que la partida no quede en tablas...
>> OPINIÓN. Por Francisco González y Gregorio Gil: 'Fuentes de financiación alternativas, inevitablemente, deberán complementar las pensiones futuras'
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