El fin de los medicamentos ‘gratuitos’
Por primera vez, el Gobierno ha ampliado el copago farmacéutico a los pensionistas, que tendrán que abonar el 10% de las recetas. La medida, incluida en una reforma del Sistema Nacional de Salud para reducir 7.000 millones en el gasto sanitario, ha generado una gran controversia. Mientras las organizaciones de mayores la rechazan, la ministra de Sanidad asegura que el nuevo modelo es 'más justo'
Si es usted pensionista, le conviene marcar en el calendario el 1 de julio. A partir de esa fecha, es probable que tenga que pagar por los fármacos que le haya recetado su médico. La medida, incluida en el Real Decreto Ley 16/2012 aprobado por el Gobierno para reducir 7.000 millones de euros en el gasto sanitario al margen de los Presupuestos Generales del Estado, no ha dejado a nadie indiferente. No en vano, será la primera vez que los pensionistas paguen por adquirir medicamentos, si bien es cierto que no todos tendrán que hacerlo: quedan excluidos del abono los perceptores de pensiones no contributivas, de rentas de integración social, personas con discapacidad o los parados de larga duración.
La reforma crea un nuevo sistema de copago farmacéutico, más complejo que el actual. Ahora, además de la condición de activo o pasivo y la de enfermo crónico, se tendrá en cuenta la renta del paciente. Con ello, el Ejecutivo persigue “garantizar la continuidad de los tratamientos de carácter crónico y asegurar un alto nivel de equidad de los pacientes pensionistas con tratamientos de larga duración”. Así, los pensionistas -y sus beneficiarios-, que ahora estaban exentos de pagar, abonarán un 10% del coste de los medicamentos, con un límite de ocho euros al mes, para aquellos con rentas inferiores a los 18.000 euros anuales, o de 18 euros, en el caso de que su renta sea igual o superior a los 18.000 euros e inferior a los 100.000. Finalmente, en el caso de pensionistas con rentas anuales iguales o superiores a 100.000 euros, el importe máximo mensual a abonar por los fármacos se ha establecido en 60 euros. Para el resto de población también aumenta la aportación: aquellos ciudadanos en activo con una renta igual o superior a 18.000 euros costearán la mitad del precio de los medicamentos, una aportación que asciende al 60% en personas con rentas a partir de 100.000 euros. En el caso de la población activa que no se encuentre en ninguno de estos dos grupos seguirá abonando el 40%, como se hace de forma general ahora.
Éste no es el único cambio previsto en el real decreto de reciente aprobación, que incluye una modificación en los requisitos de acceso a la tarjeta sanitaria a extranjeros; cambios en la cartera de servicios común; la ampliación a todo el sistema sanitario de la plataforma de compras centralizada (que ahora se usaba para conseguir mejores precios en la adquisición de vacunas); la elaboración de un catálogo homogéneo de categorías profesionales; y la implementación de un sistema sociosanitario que derive a camas residenciales a enfermos de larga duración que ahora están siendo atendidos en unidades de agudos. No obstante, la decisión más significativa, al menos en términos económicos, sigue siendo la que se refiere al copago farmacéutico, pues, sólo con ella, el Ejecutivo contempla ahorrar la mitad de esos 7.000 millones que espera reducir en el sistema sanitario.
Para disuadir
Desde el Gobierno se defiende la nueva fórmula porque es más equitativa. “Aporta más el que más tiene y menos, o nada, los que menos tienen”, resumió la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, tras el Consejo de Ministros donde se dio luz verde a este decreto. No obstante, Mato defendió también la inclusión en el copago de colectivos que hasta ahora estaban exentos como una cuestión pedagógica, para educar al paciente a consumir sólo lo necesario. Su intención, dijo, es “poner en valor el medicamento” porque “cada año se destruyen 3.700 toneladas de medicamentos pagados porque han caducado o no se han utilizado”. En su misma línea, el Ministerio tachó, en una nota a los medios, estas cifras de “despilfarro”, asegurando que suponen el 10% del gasto farmacéutico total.
No obstante, al aumentar la aportación de los pacientes, “el Gobierno hace responsable del acumulo de los fármacos en las casas al propio usuario de los medicamentos, y es a quien penaliza”, critica la secretaria técnica del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Gipuzkoa (COFG), Estíbaliz Goyenechea. Desde la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma), consideran que se trata de una reforma “con un elevado contenido recaudatorio” y recuerdan que “afectará a más de ocho millones de pensionistas españoles que, después de toda la vida contribuyendo a beneficio de todos, verán recortados una vez más sus derechos”. Por su parte, la Federación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid considera la medida “inadmisible e injusta” e insta al Gobierno a “hacer un examen de conciencia que incluya la posibilidad de atacar los numerosos gastos superfluos en los que incurre, muchos de ellos con un ínfimo componente democrático y de justicia, en lugar de amenazar la continuidad del Estado de Bienestar”.
¿Es el gasto farmacéutico el problema del sistema?
De lo que no hay duda es de que en España se consumen muchos fármacos. Según el Informe Sespas 2012, elaborado por la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, “España defiende la medalla de plata (tras el oro estadounidense) en el campeonato mundial de consumo de fármacos”. En cifras, esto se traduce en un gasto anual de 14.000 millones de euros o, lo que es lo mismo, unos 300 euros por habitante y año (datos de 2009). Del total, en torno al 6% (800 millones) fue sufragado por los pacientes, mientras que el resto corrió a cargo de las arcas públicas.
Sin embargo, los expertos no ven claro que pagar más por los medicamentos tenga el esperado efecto disuasorio, ni tampoco que la tasa de fármacos que se desperdician sea el problema central de la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Si lo que realmente se quiere es reducir el déficit del SNS, para Estíbaliz Goyenechea, por ejemplo, sería “más eficiente tomar medidas sobre la prescripción, buscando sistemas óptimos de prescripción y dispensación, que no discrimine entre usuarios”. “El SNS requiere reformas en profundidad, no recortes constantes motivados por la urgencia sobre los fármacos. La partida en medicamento supone el 20% del gasto sanitario total. ¿Por qué no se adoptan medidas sobre el resto de la partida sanitaria?”, se pregunta la secretaria técnica del COFG. En la misma línea, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria propone “atajar las bolsas de ineficiencia: financiación selectiva de los medicamentos en función de su utilidad terapéutica y coste-efectividad, duplicidad y reiteración de pruebas complementarias, saturación de urgencias, falta de coordinación entre niveles asistenciales, problemas sociales que implican una alta medicalización del paciente, elevada frecuentación de servicios, y falta de inversión en formación y en educación al paciente”.
Adelanto del pago
Al margen de todo lo anterior, lo que critican muchos colectivos es que la implantación de esta medida tendrá consecuencias directas sobre los afectados. Las organizaciones de mayores, por ejemplo, la rechazan frontalmente, al considerar que ataca a una población vulnerable, que está perdiendo poder adquisitivo. “Las personas mayores son uno de los colectivos que más están sufriendo, y a los que también les afectan las medidas de carácter general, como la subida del IRPF, del IVA, del transporte público y de los diferentes suministros (luz, agua, gas)”, recuerdan desde Ceoma. A todo ello ahora se unirá el coste de los fármacos porque, una cuestión muy importante del copago farmacéutico es que, independientemente del límite de gasto mensual establecido en la norma, será necesario adelantar el importe total de la factura para recoger los medicamentos. Por poner un ejemplo, esto quiere decir que, independientemente del límite de ocho euros fijado por el Gobierno, si la factura farmacéutica mensual de un pensionista con una renta anual inferior a 18.000 euros es de 12 euros, ése es el importe que deberá abonar en la farmacia y será la Administración regional, a posteriori, la que le ingresará los cuatro euros que habrá pagado de más. El Real Decreto 16/2012 fija en seis meses el tope máximo para que las autonomías devuelvan a cada paciente el sobreprecio que éste haya tenido que abonar.
Cumplimiento terapéutico
Por su parte, los profesionales sanitarios temen por las posibles repercusiones que la obligación de costear los medicamentos tenga sobre la salud de algunos pacientes. “Nos preocupa que el copago farmacéutico, en los colectivos con rentas más bajas, pueda afectar al cumplimiento terapéutico y control de la enfermedad”, indican desde Semergen. La medida “se ha tomado buscando un ahorro rápido, pero podría acarrear problemas de salud para el paciente y, posiblemente, más gasto en el futuro”, añade Estíbaliz Goyenechea.
Ella, además, recuerda la incertidumbre de los farmacéuticos “por la complejidad técnica y los costes asociados” a la reforma. “De cara a la dispensación, es evidente que esta estratificación en la aportación del usuario a la hora de adquirir medicamentos no hará más que aumentar la carga administrativa de la oficina de farmacia, sin aportar un valor sanitario, que es lo que verdaderamente se echa de menos en todas estas medidas”, lamenta la representante del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Gipuzkoa.
Las comunidades autónomas, que son las que tienen la competencia en la materia, disponen de dos meses (hasta el 30 de junio) para adaptar las tarjetas sanitarias y las recetas al nuevo modelo. Pregunta:
Respuesta:
La reforma crea un nuevo sistema de copago farmacéutico, más complejo que el actual. Ahora, además de la condición de activo o pasivo y la de enfermo crónico, se tendrá en cuenta la renta del paciente. Con ello, el Ejecutivo persigue “garantizar la continuidad de los tratamientos de carácter crónico y asegurar un alto nivel de equidad de los pacientes pensionistas con tratamientos de larga duración”. Así, los pensionistas -y sus beneficiarios-, que ahora estaban exentos de pagar, abonarán un 10% del coste de los medicamentos, con un límite de ocho euros al mes, para aquellos con rentas inferiores a los 18.000 euros anuales, o de 18 euros, en el caso de que su renta sea igual o superior a los 18.000 euros e inferior a los 100.000. Finalmente, en el caso de pensionistas con rentas anuales iguales o superiores a 100.000 euros, el importe máximo mensual a abonar por los fármacos se ha establecido en 60 euros. Para el resto de población también aumenta la aportación: aquellos ciudadanos en activo con una renta igual o superior a 18.000 euros costearán la mitad del precio de los medicamentos, una aportación que asciende al 60% en personas con rentas a partir de 100.000 euros. En el caso de la población activa que no se encuentre en ninguno de estos dos grupos seguirá abonando el 40%, como se hace de forma general ahora.
Éste no es el único cambio previsto en el real decreto de reciente aprobación, que incluye una modificación en los requisitos de acceso a la tarjeta sanitaria a extranjeros; cambios en la cartera de servicios común; la ampliación a todo el sistema sanitario de la plataforma de compras centralizada (que ahora se usaba para conseguir mejores precios en la adquisición de vacunas); la elaboración de un catálogo homogéneo de categorías profesionales; y la implementación de un sistema sociosanitario que derive a camas residenciales a enfermos de larga duración que ahora están siendo atendidos en unidades de agudos. No obstante, la decisión más significativa, al menos en términos económicos, sigue siendo la que se refiere al copago farmacéutico, pues, sólo con ella, el Ejecutivo contempla ahorrar la mitad de esos 7.000 millones que espera reducir en el sistema sanitario.
Para disuadir
Desde el Gobierno se defiende la nueva fórmula porque es más equitativa. “Aporta más el que más tiene y menos, o nada, los que menos tienen”, resumió la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, tras el Consejo de Ministros donde se dio luz verde a este decreto. No obstante, Mato defendió también la inclusión en el copago de colectivos que hasta ahora estaban exentos como una cuestión pedagógica, para educar al paciente a consumir sólo lo necesario. Su intención, dijo, es “poner en valor el medicamento” porque “cada año se destruyen 3.700 toneladas de medicamentos pagados porque han caducado o no se han utilizado”. En su misma línea, el Ministerio tachó, en una nota a los medios, estas cifras de “despilfarro”, asegurando que suponen el 10% del gasto farmacéutico total.
No obstante, al aumentar la aportación de los pacientes, “el Gobierno hace responsable del acumulo de los fármacos en las casas al propio usuario de los medicamentos, y es a quien penaliza”, critica la secretaria técnica del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Gipuzkoa (COFG), Estíbaliz Goyenechea. Desde la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma), consideran que se trata de una reforma “con un elevado contenido recaudatorio” y recuerdan que “afectará a más de ocho millones de pensionistas españoles que, después de toda la vida contribuyendo a beneficio de todos, verán recortados una vez más sus derechos”. Por su parte, la Federación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid considera la medida “inadmisible e injusta” e insta al Gobierno a “hacer un examen de conciencia que incluya la posibilidad de atacar los numerosos gastos superfluos en los que incurre, muchos de ellos con un ínfimo componente democrático y de justicia, en lugar de amenazar la continuidad del Estado de Bienestar”.
¿Es el gasto farmacéutico el problema del sistema?
De lo que no hay duda es de que en España se consumen muchos fármacos. Según el Informe Sespas 2012, elaborado por la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, “España defiende la medalla de plata (tras el oro estadounidense) en el campeonato mundial de consumo de fármacos”. En cifras, esto se traduce en un gasto anual de 14.000 millones de euros o, lo que es lo mismo, unos 300 euros por habitante y año (datos de 2009). Del total, en torno al 6% (800 millones) fue sufragado por los pacientes, mientras que el resto corrió a cargo de las arcas públicas.
Sin embargo, los expertos no ven claro que pagar más por los medicamentos tenga el esperado efecto disuasorio, ni tampoco que la tasa de fármacos que se desperdician sea el problema central de la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Si lo que realmente se quiere es reducir el déficit del SNS, para Estíbaliz Goyenechea, por ejemplo, sería “más eficiente tomar medidas sobre la prescripción, buscando sistemas óptimos de prescripción y dispensación, que no discrimine entre usuarios”. “El SNS requiere reformas en profundidad, no recortes constantes motivados por la urgencia sobre los fármacos. La partida en medicamento supone el 20% del gasto sanitario total. ¿Por qué no se adoptan medidas sobre el resto de la partida sanitaria?”, se pregunta la secretaria técnica del COFG. En la misma línea, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria propone “atajar las bolsas de ineficiencia: financiación selectiva de los medicamentos en función de su utilidad terapéutica y coste-efectividad, duplicidad y reiteración de pruebas complementarias, saturación de urgencias, falta de coordinación entre niveles asistenciales, problemas sociales que implican una alta medicalización del paciente, elevada frecuentación de servicios, y falta de inversión en formación y en educación al paciente”.
Adelanto del pago
Al margen de todo lo anterior, lo que critican muchos colectivos es que la implantación de esta medida tendrá consecuencias directas sobre los afectados. Las organizaciones de mayores, por ejemplo, la rechazan frontalmente, al considerar que ataca a una población vulnerable, que está perdiendo poder adquisitivo. “Las personas mayores son uno de los colectivos que más están sufriendo, y a los que también les afectan las medidas de carácter general, como la subida del IRPF, del IVA, del transporte público y de los diferentes suministros (luz, agua, gas)”, recuerdan desde Ceoma. A todo ello ahora se unirá el coste de los fármacos porque, una cuestión muy importante del copago farmacéutico es que, independientemente del límite de gasto mensual establecido en la norma, será necesario adelantar el importe total de la factura para recoger los medicamentos. Por poner un ejemplo, esto quiere decir que, independientemente del límite de ocho euros fijado por el Gobierno, si la factura farmacéutica mensual de un pensionista con una renta anual inferior a 18.000 euros es de 12 euros, ése es el importe que deberá abonar en la farmacia y será la Administración regional, a posteriori, la que le ingresará los cuatro euros que habrá pagado de más. El Real Decreto 16/2012 fija en seis meses el tope máximo para que las autonomías devuelvan a cada paciente el sobreprecio que éste haya tenido que abonar.
Cumplimiento terapéutico
Por su parte, los profesionales sanitarios temen por las posibles repercusiones que la obligación de costear los medicamentos tenga sobre la salud de algunos pacientes. “Nos preocupa que el copago farmacéutico, en los colectivos con rentas más bajas, pueda afectar al cumplimiento terapéutico y control de la enfermedad”, indican desde Semergen. La medida “se ha tomado buscando un ahorro rápido, pero podría acarrear problemas de salud para el paciente y, posiblemente, más gasto en el futuro”, añade Estíbaliz Goyenechea.
Ella, además, recuerda la incertidumbre de los farmacéuticos “por la complejidad técnica y los costes asociados” a la reforma. “De cara a la dispensación, es evidente que esta estratificación en la aportación del usuario a la hora de adquirir medicamentos no hará más que aumentar la carga administrativa de la oficina de farmacia, sin aportar un valor sanitario, que es lo que verdaderamente se echa de menos en todas estas medidas”, lamenta la representante del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Gipuzkoa.
Las comunidades autónomas, que son las que tienen la competencia en la materia, disponen de dos meses (hasta el 30 de junio) para adaptar las tarjetas sanitarias y las recetas al nuevo modelo. Pregunta:
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