Pregunta: Aproximadamente lleva diez meses en su cargo como director de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía. ¿Cómo asumió este puesto y qué balance realiza de este tiempo al frente del departamento?
Respuesta:Asumí este reto con enorme ilusión. Participar en el desarrollo y materialización de la Ley de Dependencia, una norma generadora de derechos subjetivos para la ciudadanía y para el bienestar de las personas con mayores dificultades, es un reto y una satisfacción para cualquier responsable público. Lo asumí, además, con el compromiso claro de velar por la equidad y justicia social. En un momento de grandes dificultades económicas, tenemos responsabilidad de redistribuir los recursos existentes entre las personas con mayor nivel de necesidades. La lucha por ese objetivo y la apuesta por la sostenibilidad del sistema, en un diálogo permanente con todo el sector, han sido los pilares de estos meses de trabajo.
Pregunta: Su trayectoria ha estado desde hace tiempo vinculada al ámbito sanitario y social pero, ¿cuáles son, concretamente, las principales funciones que se desarrollan dentro de este organismo?
Respuesta:La Agencia es el instrumento a través del cual se articula toda la gestión del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD) en Andalucía. Tramitamos el reconocimiento del derecho, gestionamos la indicación de las prestaciones y coordinamos la prestación de los servicios. Además, colaboramos transversalmente con la Consejería en la promoción y gestión de recursos para atender a la infancia, a las familias y a grupos sociales con problemas de inclusión. Por otro lado, gestionamos los centros de la Junta para la atención a las drogodependencias y adicciones. En suma, se trata de un organismo que gestiona y canaliza los recursos necesarios en el marco del Estado de Bienestar en nuestra Comunidad Autónoma.
Pregunta: Entonces, desde su perspectiva al estar en contacto directo con los ciudadanos, ¿qué demandas de los andaluces hay que satisfacer de manera urgente? ¿Y, en concreto, de las personas mayores?
Respuesta:Ante las dificultades económicas, tenemos que atender de forma prioritaria a las personas con mayor necesidad, los que tienen menor autonomía para el desarrollo de sus necesidades básicas y carecen de los apoyos necesarios para suplirlo. Cada vez lo hacemos con menos ayuda, porque otras administraciones se están retirando de la apuesta por los servicios sociales. Es cierto que los momentos de crisis y la escasez de recursos marcan la labor que se realiza desde las instituciones públicas. Pero en este punto me gustaría lanzar un llamamiento para que las dificultades actuales no se conviertan en coartada ideológica para destruir lo que hemos tardado décadas en construir. El Estado de Bienestar debe ser preservado y los sectores más frágiles, como el de las personas mayores, protegidos. Máxime ahora, cuando las personas mayores se han convertido en el único salvavidas para miles de familias que tienen a todos sus miembros en paro y que sobreviven gracias a sus pensiones.
Pregunta: ¿Cómo ha afectado a Andalucía la eliminación de la cotización de los cuidadores a la Seguridad Social?
Respuesta:La supresión de las cotizaciones de este colectivo, decidida unilateralmente por el Gobierno de la Nación, afecta en Andalucía a unas 53.000 personas de este colectivo. Se trata de un castigo mayúsculo a estas personas, cuando además el Gobierno ha reducido en un 15% las ayudas económicas vinculadas a los cuidados en el ámbito familiar. Para paliar dicho recorte, el Gobierno andaluz aporta anualmente 2,6 millones de euros.
Pregunta: Desde la Junta apuestan decididamente por el impulso de los servicios de proximidad. ¿Cómo llevan a cabo esta tarea y qué beneficios reportan este tipo de recursos que, sin embargo, no son tan significativos en otras comunidades?
Respuesta:La propia Ley de Dependencia consagra el objetivo de preservar en lo posible el entorno familiar y domiciliario de las personas. Andalucía ha puesto en marcha decididamente las prestaciones que lo permiten y ahora trabajamos en cerrar el círculo trabajando más si cabe en la prevención de la dependencia. Luego, tenemos la suerte de que el colectivo de trabajadores sociales aporte su criterio profesional para indicar la prestación más adecuada a cada caso. Hoy por hoy, el 52% de los beneficiarios de teleasistencia en España son andaluces o, por poner otro ejemplo, el 41% de los servicios de ayuda a domicilio que se realizan en el Estado se producen en nuestra Comunidad.
Pregunta: Recientes medidas adoptadas por el Gobierno central pueden interpretarse como un abandono de la Administración central hacia las comunidades. ¿Considera que ésta y otras decisiones ponen en peligro la estabilidad del Estado de Bienestar?
Respuesta:El abandono paulatino por parte de la Administración central del respaldo al SAAD es un hecho objetivo. La ley nació de la corresponsabilidad entre administraciones (central y autonómicas), de manera que la aportación por parte de cada una de ellas iba a ser del 50%. Frente a ello, la realidad de esta cuestión ahora mismo es que el Ejecutivo central, después de suprimir en 2012 la financiación, aporta únicamente un 25% aproximadamente, lo que entraña unas enormes dificultades para la Junta, que asume el grueso del desarrollo de la Ley que ha sufrido recortes brutales desde el Gobierno central en esta materia. Se han retirado también de la teleasistencia, y en el Plan Concertado el Estado ha disminuido su aportación un 65% en dos años. Suplimos esta retirada con el máximo esfuerzo de gestión, pero la situación se torna muy difícil. Las comunidades autónomas, con las dificultades que de por sí tienen, no pueden suplir las carencias del Estado. Pero como usted dice, hay otras medidas que ponen en peligro el sistema. Nos preocupa la apuesta del Gobierno español por el cheque-residencia, una ayuda económica de la Administración para que el ciudadano acuda al mercado y contrate él mismo su residencia. Según la ley, debe ser excepcional pero el Estado pretende situarla al mismo nivel que las plazas de centros concertados o propios de cada Administración. Lo consideramos una puerta a la privatización, porque a los centros públicos o concertados se accede en condiciones de igualdad, pero con el cheque-residencia las personas sin recursos, las más desfavorecidas, no podrán complementar el precio de una residencia privada por lo que pueden quedar definitivamente excluidos de la prestación.
Pregunta: Uno de cada cuatro españoles con una prestación por Ley de Dependencia es andaluz. ¿Qué mecanismos ponen en marcha para garantizar el bienestar del colectivo de personas dependientes?
Respuesta:Intentamos distribuir los recursos con equidad, adaptar las prestaciones a las necesidades y priorizar a los más necesitados. El desarrollo de la ley en Andalucía ha sido ejemplar. Desde el principio ha habido una apuesta nítida por dar cumplimiento a este cuarto pilar del Estado de Bienestar. Así, desde la entrada en vigor de la norma, se han invertido en Andalucía más de 4.500 millones de euros para este fin. Actualmente hay 254.300 prestaciones concedidas y 185.460 personas beneficiarias. Para hacernos una idea aproximada de la dimensión que tiene en nuestra Comunidad la Ley de Dependencia, en Andalucía tenemos más prestaciones que en Madrid, Valencia, Galicia y Castilla-La Mancha juntas. Pese a las dificultades económicas, el 25% de los beneficiarios de la dependencia en España son andaluces y el 27% de las prestaciones se prestan en Andalucía aunque nuestra población represente el 17,8% del Estado.