Han pasado ya más de dos años desde que el 52% de los británicos marcaron la casilla “leave” (irse) en el referéndum. El entonces primer ministro, David Cameron, dimitió casi de inmediato, y unas rápidas elecciones llevaron a Theresa May, que ejercía como ministra de Interior, a asumir la Presidencia.

Sin embargo, el simple deseo de abandonar la Unión Europea (UE) no era suficiente. Tras casi un año de trabajo legislativo a nivel nacional, el Reino Unido comunicó al Consejo de la Unión Europea la intención de abandonar el organismo en un plazo inicial de dos años, que se cumplirán el próximo 29 de marzo.

Todavía no está claro cuál va a ser el nivel de colaboración entre el país anglosajón y el organismo europeo pasada esta fecha –aún caben otras posibilidades, como que no haya brexit o convocar un segundo referéndum–. Pero, en principio, las opciones son dos, y muy diferenciadas. Puede darse un brexit acordado (también conocido como brexit blando o suave), en el que Reino Unido se separaría de la Unión Europea solamente a nivel político, un caso parecido al de Noruega, por ejemplo. En el caso de darse un brexit sin acuerdo o duro, la ruptura con Bruselas sería total, lo que implica la salida inglesa del mercado común europeo y la unión aduanera, así como el control de las fronteras y la inmigración.

En otras palabras: Reino Unido se convertiría en un “tercer país”, tan ajeno a organismos europeos que el pasado mes de septiembre saltaron las alarmas sobre el posible desabastecimiento de un total de 108 fármacos, de los cuales, 38 son de uso humano.

Para que un medicamento llegue a las farmacias de la UE, el método más rápido es seguir un “procedimiento centralizado”, que permite la autorización del fármaco en todos los países miembros a través de una única solicitud que tramita la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

Los requisitos que exige la EMA para dar el visto bueno a la solicitud de autorización no solo atañen a estándares de calidad y seguridad. Detrás de los medicamentos, hay una agencia reguladora nacional (la AEMPS en España), un titular que se ocupa de su seguimiento y un lugar desde el que se libera el lote de medicamentos, que coincide con la última revisión que se hace al producto.

Cuando la agencia reguladora es la MHRA inglesa, el titular del medicamento es británico o el lote se libera desde Reino Unido, el medicamento no se podría comercializar en Europa tras un brexit sin acuerdo. En otras palabras: habría desabastecimiento. Pese a todo, “sea un brexit duro o acordado, ya está previsto lo que puede ocurrir”, afirma Eugeni Sedano, vocal de Industria del Consejo General de Farmacéuticos. “Lo ideal es que fuera acordado, porque establece un período transitorio de 21 meses. Pero si es un brexit duro, ya están diseñados los planes de contingencia que comenzarían a funcionar el 29 de marzo de este año, lo que significa que no habrá desabastecimientos y se garantiza que los medicamentos estarán en las farmacias”.

En este sentido, Sedano destaca el enorme volumen de trabajo y profesionalidad a la que se han enfrentado la EMA, la AEMPS y el conjunto de la industria farmacéutica “desde el minuto uno” para asegurar la continuidad de suministro de medicamentos una vez Reino Unido abandone la UE. “Se ha hecho una importante labor de contactar con todas las compañías para recordarles la posibilidad de que tengan algún medicamento con titularidad inglesa. Nos tenemos que quitar el sombrero, ya que durante todos estos meses, la AEMPS ha hecho los deberes y la EMA seguirá llevando a cabo su compromiso de continuar con los trámites administrativos”.

De hecho, otro de los cambios que exige el brexit es la reubicación de la propia EMA, cuya sede se encuentra en Londres. Está previsto que en noviembre de este año, el nuevo edificio de la EMA se sitúe en el distrito neerlandés de Zuidas, en Ámsterdam. Mientras la nueva sede se encuentre en fase de construcción, el Gobierno de los Países Bajos ha cedido un edificio para que la agencia pueda ir reubicando a sus trabajadores en la ciudad antes de que llegue el brexit, un proceso que no se completará hasta enero de 2020.

Cada mes, la UE envía 45 millones de lotes de fármacos al Reino Unido, país que distribuye 37 millones de medicamentos por toda Europa en este mismo tiempo. Tony Beaman, responsable de Políticas Europeas en la Brexit Health Alliance, apunta que los productos –en este caso, farmacéuticos– pasan por muchas fases de producción que no siempre se llevan a cabo en el mismo país, por lo que “no es raro que un producto, a priori, británico, haya pasado por otras jurisdicciones antes de llegar al mercado”. Si bien el Reino Unido ha confirmado que reconocerá los productos fabricados en la Unión Europea, ésta última no ha correspondido. 

Además, el aumento de los controles entre fronteras puede suponer un riesgo para las cadenas de suministro complejas. Las demoras en la aduana de más de dos días representan un riesgo para la integridad de los medicamentos, y en particular, de los que requieren un almacenamiento en ambiente frío que ya no pueden liberarse tras una violación de temperatura.

Al desligarse de la EMA, Reino Unido dejará de tener acceso a bases de datos como EudraVigilance –que recoge información sobre efectos secundarios de los fármacos– o comités de farmacovigilancia como el PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee). Como consecuencia,  tendrá que desarrollar sus propios sistemas de farmacovigilancia, creando una duplicidad. “Es una pena, porque los científicos de Reino Unido y sus compañías investigadoras suelen aportar mucho conocimiento”, lamenta Eugeni Sedano sobre este aspecto.

En el año 2025, más de un millón de británicos vivirán con demencia, una cifra que seguramente se duplique para 2050. Además, en 2017, esta enfermedad fue la primera causa de muerte en el país, y la única para la cual no existe tratamiento.

La necesidad de encontrar una solución que plante cara al Alzheimer no es solo una preocupación que concierne al Reino Unido. Según la OMS, en todo el mundo existen cerca de 50 millones de personas que padecen demencia, de las cuales, más del 60% son Alzheimer. La gravedad de la enfermedad no reside solamente en el deterioro cerebral físico, sino que acapara planos psicológicos, sociales y económicos, tanto en el paciente como en su familia y cuidadores –una profesión que se visto favorecida por la migración profesional que permite la Unión Europea–. 

La búsqueda de una cura para el Alzheimer se está volviendo una necesidad vital. Por esta razón, la Unión Europea ha confiado plenamente en los centros de investigación británicos, hasta el punto en que, entre 2007 y 2013, el presupuesto europeo para Investigación y Desarrollo otorgaba al país anglosajón 8.800 millones de euros. La aportación con la que Reino Unido había contribuido a este fondo fue de 5.400 millones.

Estas cifras fueron significativas para la investigación de la demencia en el país, de modo que, desde 2012, Reino Unido se ha convertido en un referente en la búsqueda de un tratamiento que combata el Alzheimer. Pero el dinero no lo es todo: las plantillas de estos centros no están formadas solamente por británicos. El éxito de este sector reside en haber atraído, durante mucho tiempo, a científicos de todo el mundo. En la actualidad, el 26% del personal docente de las universidades inglesas no son británicos, un hecho que se puede explicar gracias a la libre circulación de trabajadores que facilita la Unión Europea.

A este respecto, la postura de la organización Alzheimer’s Research UK es que “la demencia es un campo de investigación muy pequeño”, por lo que “las becas europeas han permitido que científicos innovadores y con mucho talento puedan trabajar codo con codo”. Quienes no residen en la Unión Europea, solicitar una beca en una universidad o buscar financiación para un proyecto es un proceso largo y complicado.

En este sentido, Alzheimer’s Research UK ensalza el papel del Joint Programming on Neurodegenerative Diseases (JPND), un programa conjunto de investigación de enfermedades neurodegenerativas que busca causa, cura y tratamiento para el Alzheimer y otras enfermedades relativas al cerebro. Un total de 23 países europeos comparten los resultados de sus investigaciones, lo que permite a los científicos comparar las conclusiones de sus estudios con otros. “Es muy importante para la investigación británica en demencia que se mantengan y aseguren estas colaboraciones, tanto con la Unión Europea como con el resto de países del mundo”, expresa Alzheimer’s Research UK.

El doctor Diego Gómez-Nicola, español que ejerce su actividad investigadora en el Reino Unido, lamenta que el país británico vaya a perder competitividad en esta área. “Reino Unido es líder en investigación en demencia, tanto en el ámbito académico como industrial. Este país acoge redes y recursos únicos en el mundo, creados y mantenidos por expertos en el campo; así como su necesaria financiación. A largo plazo, el brexit causará, con toda probabilidad, una fuga de talento del Reino Unido y un descenso de la inversión en ciencia”. 

Sin el apoyo europeo, Gómez-Nicola cree que mantener el prestigio y el tejido científico va a ser una tarea complicada, ya que la falta de financiación llevará a los jóvenes investigadores a buscar otros países que les puedan ofrecer estabilidad. Pese a todo, afirma categóricamente que hay futuro: “Serán las estrategias de inversión las que determinarán el crecimiento de la investigación de la demencia en Reino Unido, pero hay que permanecer optimistas”.