El actual sistema público de pensiones español, ¿tiene futuro?

Así, el actual Gobierno del PP se enfrenta a dos retos inmediatos: por un lado, la revalorización de las pensiones, y que según ha confirmado el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, se hará conforme la inflación; y, por otro, la definición del denominado “factor de sostenibilidad”. La aprobación de ambos cambios tendrá lugar antes de que finalice este año.
El “factor de sostenibilidad” es, sin duda, una de las reformas más importantes que se acometerán de cara a garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones. Dicho factor fue introducido por primera vez en la reforma de 2011 bajo el siguiente epígrafe (artículo 8 de la Ley 27/2011): “Con el objetivo de mantener la proporcionalidad entre las contribuciones al sistema y las prestaciones esperadas del mismo y garantizar su sostenibilidad, los parámetros fundamentales del sistema se revisarán por las diferencias entre la evolución de la esperanza de vida a los 67 años de la población en el año en que se efectúe la revisión y la esperanza de vida a los 67 años en 2027. Dichas revisiones se efectuarán cada cinco años utilizando a este fin las previsiones realizadas por los organismos oficiales”. Esto quiere decir que el cálculo para determinar la cuantía de las pensiones públicas se revisará cada cinco años de manera automática. Y el objetivo es evitar el riesgo político en la toma de decisiones. El “factor de sostenibilidad” es, en definitiva, un mecanismo de ajuste automático de las pensiones, inédito hasta ahora, que afecta a ciertos parámetros, tales como la edad de jubilación, los años de cotización necesarios, el importe inicial de la prestación en base a la esperanza de vida de la población, etcétera.
El progresivo envejecimiento demográfico, la crisis económica y el desequilibrio existente entre las cotizaciones pagadas a lo largo de toda la vida laboral y la pensión contributiva a percibir son los principales retos estructurales que afronta el sistema público de reparto no sólo de España sino de gran parte de Europa. De hecho, la mayoría de los pensionistas españoles percibe una prestación superior a lo aportado mediante sus cotizaciones. Es por este motivo, que el “factor de sostenibilidad” se ha introducido ya en algunos países europeos y el próximo será España, tal y como recomienda Bruselas. Y es que, aunque la reforma de 2011 se traduce en una rebaja de las pensiones futuras de entre el 20% y el 28% -tras aumentar el período de cálculo y la edad de jubilación-, según la aseguradora Zurich o el Instituto de Actuarios Españoles, ésta apenas incorpora el 30% de las medidas necesarias para garantizar de forma definitiva la sostenibilidad del sistema a largo plazo.
Precedentes europeos
Así pues, al Gobierno le toca definir dicho factor. Aunque, por el momento, no hay nada decidido al respecto, algunos estudios e informes avanzan el posible camino a seguir. Uno de ellos es “El factor de sostenibilidad en los sistemas de pensiones de reparto: alternativas para su regulación en España”, elaborado por diversos catedráticos de nuestro país especializados en la materia. El estudio evalúa las experiencias implantadas en otros países de la UE para “orientar cómo se podría llevar a cabo la implantación del factor de sostenibilidad en España”. En todas ellas se revisan periódicamente distintos parámetros de la pensión, como son la edad de jubilación, años de cotización e importe de la prestación, atendiendo al envejecimiento de la población y la esperanza de vida, así como el desarrollo de la economía.
En este análisis se explica que Italia, Grecia, Dinamarca y Holanda revisan la edad de retiro según la evolución de la esperanza de vida; otros como Francia e Italia ajustan los años de cotización necesarios para cobrar pensión en función de la esperanza de vida; mientras que en Portugal y Finlandia lo que se revisan es el importe inicial de la pensión según la esperanza de vida.
El caso español
Pero, realmente, con este “factor de sostenibilidad”, ¿qué pasará en nuestro país? El estudio señala diversas opciones. Si el Ejecutivo español elige aumentar la edad de jubilación según lo hace la esperanza de vida, la consecuencia es que dicha edad de retiro se retrasaría una media de seis meses cada cinco años. De este modo, los españoles se jubilarán a los 70 años y 7 meses si se aplica de forma inmediata (utilizando como base 2012).
Por otro lado, si el Gobierno incrementa los años cotizados en función de la esperanza de vida, los españoles tendrían que prolongar su vida laboral un año extra de media por cada quinquenio para poder cobrar el 100% de la pensión. Así, si la reforma de 2011 exige cotizar 37 años para poder jubilarse a la edad de 67 cobrando la pensión íntegra, el “factor de sostenibilidad” exigirá cotizar 44 años y 3 meses si dicho factor se aplica ya (2012 como año base).
Si el actual Gobierno propone vincular el importe de la pensión a la esperanza de vida, la prestación tendría que “ajustarse a la baja alrededor de un 2,5% cada 5 años” a partir de 2027, mientras que “el ajuste en cada revisión será algo mayor si el factor de sostenibilidad se adelanta en el tiempo”, añade el informe.
A todo ello se sumaría la opción de revalorizar las pensiones desligándolo de la inflación, como pasa en otros países. Alemania y Suecia revalorizan anualmente las pensiones en función de variables como el empleo, el PIB o la ratio cotizantes/pensionistas. En todo caso, el resultado sería que las pensiones aumentarían menos que la inflación anual. En concreto, si España hubiera aplicado la fórmula germana en 2012, las pensiones sólo habrían subido un 0,3% frente al 1% que aprobó el Gobierno.
Consecuencias
El “factor de sostenibilidad” implica pues que los futuros jubilados, nuestros JASP, se retirarán más tarde, tendrán que cotizar más años para cobrar el 100% de su pensión y perderán poder adquisitivo. Así lo apunta el análisis de nuestros catedráticos que apunta esta opción como “la única forma de mantener la viabilidad financiera del vigente sistema de reparto en el futuro”.
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