Pregunta.- Han establecido un marco de cooperación con la DGT para el desarrollo de la Estrategia de Seguridad Vial para las Personas Mayores en la que, como ustedes apuntan, no existan restricciones basadas en la edad cronológica. ¿Qué valoración realiza de esta toma de contacto entre ambas partes?

Respuesta.- Valoramos este primer encuentro como un paso muy importante y necesario. Nuestra iniciativa se motivó por la preocupación ante el contenido de la Guía de Consejo Sanitario Vial para el conductor mayor y su entorno próximo. Salimos con una valoración positiva por la disposición de la DGT a escuchar, colaborar y trabajar conjuntamente.

P.- ¿Qué impresión tienen, en términos generales, de esta nueva guía?

R.- Lejos de aplaudirla, nuestra impresión es de profunda preocupación. Consideramos que es un claro caso de edadismo institucional y estructural, con un enfoque homogeneizador y discriminatorio. El problema emerge al asumir que la edad avanzada es, por sí sola, una condición de riesgo y al tratar la edad cronológica como un indicador automático de incapacidad. Criticamos la sugerencia de vigilancia a partir de los 70-75 años sin base empírica clara, el rol asignado a la familia que puede derivar en vigilancia y paternalismo y las etiquetas estigmatizantes utilizadas. Si bien reconocemos que algunas capacidades pueden alterarse, no todo envejecimiento implica deterioro, ni toda persona mayor representa un riesgo al volante.

P.- Desde la PMP han manifestado “la necesidad de evitar representaciones o expresiones que puedan vincular la edad cronológica como indicador automático de incapacidad”. ¿Considera que las restricciones en exceso la conducción a los sénior constituye una forma de edadismo?

R.- Sí, establecer restricciones basadas solo en la edad cronológica es una forma de edadismo. Esto cruza la delgada línea entre seguridad y discriminación y considera a la persona como ‘un problema potencial’ solo por cumplir años. La seguridad vial no puede construirse a costa de la autonomía de las personas con independencia de su edad.

P.- Por tanto, a raíz de estas restricciones, ¿cree que el documento transmite a la sociedad un mensaje que puede interpretarse como peligroso como que “la edad implica un riesgo a la hora de conducir”?

R.- Sí, consideramos que transmite ese mensaje peligroso. Al asumir que “la edad avanzada constituye por sí sola una condición de riesgo” y que las personas mayores necesitan ser vigiladas, refuerza una sospecha previa y no fundamentada. Esto no refleja la realidad de que muchos mayores mantienen sus capacidades y limita derechos fundamentales al vincular edad con incapacidad.

P.- Han aludido a la necesidad de un cambio de narrativa. ¿Qué aspectos han transmitido a la DGT para que sean revisados?

R.- Ese cambio de narrativa debe abandonar el vínculo automático entre edad e incapacidad o riesgo. Proponemos revisar aspectos de la guía como su enfoque edadista, el umbral de edad, el uso de datos sesgados, la sospecha infundada, el rol de la familia y las etiquetas estigmatizantes. El replanteamiento debe basarse en la evaluación individualizada de capacidades concretas con criterios médicos; la promoción de acompañamiento profesionalizado; y el reconocimiento de la persona mayor como sujeto de derechos y autonomía, evitando estereotipos negativos.

P.- Ambas partes acordaron que el reto está en encontrar un equilibrio entre seguridad y autonomía, entre la prevención y la libertad. ¿Cómo puede alcanzarse?

R.- El reto es hallar ese equilibrio, que no puede construirse a costa de la autonomía. Se alcanza con un enfoque que respete la individualidad, dignidad y derechos. Esto implica evaluación individualizada de capacidades, procesos profesionales, alternativas de movilidad, reconocimiento como sujeto de derechos y evitar estereotipos. Contar con la consulta de la PMP es un elemento clave para lograr este equilibrio. Un enfoque no edadista requiere incluir nuestra voz en el diseño de políticas, bajo el principio ‘Nada para las personas mayores, sin las personas mayores’. La disposición de la DGT a colaborar y considerar nuestras aportaciones es vista como un medio para asegurar que la estrategia sea respetuosa, no discriminatoria y logre ese necesario equilibrio.