PREGUNTA.- El Ministerio de Sanidad todavía no ha publicado el informe anual con datos de 2023 y sabemos que hasta ocho comunidades autónomas tampoco han publicado ningún informe de evaluación desde su entrada en vigor, pese a que están obligadas por ley. ¿Por qué sucede esto?

RESPUESTA.- Según el artículo 18, e) de la Ley Orgánica de la regulación de la eutanasia, las comisiones de garantía y evaluación de las comunidades autonómicas deben “elaborar y hacer público un informe anual de evaluación acerca de la aplicación de la Ley en su ámbito territorial concreto”. Pese a ello, no todas las comunidades lo vienen haciendo, de hecho, nunca lo han hecho desde la entrada en vigor de la ley: Canarias, Castilla y León, Castilla-LaMancha, Extremadura, Navarra y Murcia. El porqué sucede esto no nos lo podemos explicar, dado que supone un flagrante incumplimiento de lo prescripto por la ley.

Por otra parte, la información aportada en los mismos es muy dispar, son muchos los datos que no constan. Todo ello hace prácticamente imposible un análisis pormenorizado de los datos para poder sacar conclusiones y propuestas concretas de posibles mejoras.

Así mismo, la ley, en su disposición adicional tercera, dispone que “las comunidades autónomas remitirán al Ministerio de Sanidad el informe a que se refiere la letra e) del artículo 18. Para las Ciudades de Ceuta y Melilla el Ministerio de Sanidad recabará dicho informe a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Los datos conjuntos de comunidades y ciudades autónomas serán hechos públicos y presentados por el Ministerio de Sanidad”. El último informe publicado por el ministerio es el del año 2022 –publicado en diciembre de 2023– y adolece, como el de las regiones, de datos incompletos, con muchas lagunas, y de un análisis de los mismos muy mejorable.

P.- Desde DMD también han denunciado el gran número de solicitudes denegadas (cerca del 20%). Comparándola con otros países del entorno que llevan más tiempo con una ley similar, ¿qué porcentaje de solicitudes denegadas se ajustaría más a la normalidad y por qué cree que hay este exceso de denegaciones?

R.- Si el análisis de los datos, en general, conocidos de la aplicación de la LORE es muy complejo, sobre todo porque son muchos los datos que faltan. Cuando hablamos del porcentajes de solicitudes denegadas (un 20%), la complejidad es, si cabe, todavía mayor. De hecho, desconocemos el número de denegaciones de muchas de las comunidades autónomas. Ninguno de los informes autonómicos publicados recoge el motivo de las denegaciones y sin este dato es imposible valorar el porcentaje de denegaciones. De cualquier manera, como en muchos otros datos, ese 20% de solicitudes denegadas es una media; por ejemplo, Canarias ha denegado el 9,40% de las solicitudes.