Pregunta.- Desde el Ministerio se ha justificado la aprobación del decreto que reforma de la Ley de Dependencia apelando a que el sistema de atención a la dependencia “daba síntomas de colapso” y a su sostenibilidad económica. ¿Se garantiza así la viabilidad y plena implantación del sistema?

Respuesta.- Uno de los primeros compromisos de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, fue llevar a cabo una evaluación rigurosa del Sistema de Autonomía Personal y de Atención a la Dependencia, algo que el anterior Gobierno prometió hacer tres años después de que entrara la norma en vigor. No lo hizo. Al cabo de cinco años, este Ejecutivo tiene un estudio exhaustivo sobre el funcionamiento del modelo.
El análisis muestra los fallos del Sistema: ha costado 2.700 millones de euros más de lo previsto; ha asumido la atención de 400.000 dependientes más de los previstos y ha acumulado una lista de espera de 305.000 personas. A estos tres ejemplos de descarrilamiento del sistema hay que sumar un aspecto ineludible: el contexto económico actual. Los recursos de los que dispone este Gobierno no son los de hace cinco años, cuando la Ley comenzó su andadura.
Por tanto, la primera tarea de cualquier gobernante responsable que cree firmemente en un Sistema como el de la Dependencia es asegurar su viabilidad. Eso hemos hecho, y en un contexto muy grave. Nuestra única guía para este trabajo ha sido ésta: salvar los cimientos de la Dependencia para potenciar el sistema cuando haya mejor disponibilidad económica.

P.- Los cambios introducidos persiguen la profesionalización de la atención, modificando el régimen de prestaciones para el cuidado familiar. ¿Hay recursos suficientes para ofrecer cuidados profesionales a todas las personas a las que se les reconozca ese derecho?

R.- En España hay desde hace tiempo una muy buena red de servicios sociales; pero se da la circunstancia de que el problema ahora no es la falta de infraestructuras, sino que algunas residencias tienen muchas plazas libres.
Con la propuesta de mejora del Sistema de Dependencia hemos incorporado un nuevo criterio de financiación desde los Presupuestos Generales del Estado. A lo largo de los próximos años iremos ponderando las prestaciones destinadas a servicios sociales profesionalizados, de modo que para la Administración General del Estado este factor resulte tan importante como el del número de dependientes en el momento de fijar la financiación de cada Comunidad Autónoma.
Pretendemos así inyectar dinero, vía Comunidades Autónomas, en la red de servicios sociales y en sus dispositivos para la asistencia a la Dependencia.

P.- Algunos colectivos sociales han denunciado que esta medida “penaliza” a los familiares cuidadores, cuando muchas veces la responsabilidad en la generalización de las prestaciones para el cuidado en el entorno familiar ha sido de las administraciones regionales, a las que económicamente les interesaban estas ayudas. ¿Está de acuerdo con esta afirmación?

R.- La evaluación de los resultados del Sistema de Atención a la Dependencia ha enseñado una clara desviación de los fondos hacia el cuidador familiar. Aprovecho para hacer un inciso: el Gobierno respeta profundamente esta figura del cuidador en el entorno familiar. Tan es así que si la persona dependiente y su propia familia prefieren conservar o recurrir a dicha fórmula, ninguna administración pondrá objeciones, pero sí exigirá el cumplimiento de una serie de requisitos. La inclusión de tales condiciones, por ejemplo, la compatibilidad con el horario laboral o una necesaria formación, persigue dar al dependiente la mejor asistencia y favorecer su bienestar.

P.- Según los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a 1 de julio de 2012 había alrededor de 400.000 personas con el Grado I de dependencia reconocido. Estas personas, excepto aquellas a las que ya se les había reconocido la prestación a 31 de diciembre de 2011, no entrarán en el sistema hasta julio de 2015. ¿Qué pasará con ellas hasta entonces?

R.- En la búsqueda de la sostenibilidad del Sistema hemos tenido que priorizar no sólo el gasto, sino también los ritmos de entrada a los grados de Dependencia y la prestación correspondiente.
Nos hemos propuesto dar prioridad a la asistencia de los grandes dependientes, pues son los que más necesitan una atención exhaustiva y adecuada. El mejor sistema es el que mejor calidad dé a quienes más lo requieran. En consecuencia, ellos tendrán el camino más despejado para acogerse a las prestaciones aparejadas al modelo.
Se refiere en su pregunta a los dependientes moderados o leves: efectivamente, se aplaza su entrada en el sistema hasta 2015. Nuestra decisión ha supuesto aplazar un año más la moratoria que ya había aplicado el anterior Gobierno. Un Ejecutivo, el del PSOE, que desde julio de 2010 venía aplicando medidas de ajuste en el Sistema precisamente para atajar el déficit público.