La Federación Empresarial de la Dependencia (FED) Cantabria y Lares denuncian, en un comunicado conjunto, que se está produciendo “un encarnizamiento mediático incongruente y desmedido” con las entidades que gestionan los centros y residencias de personas mayores.

Las organizaciones se quejan de que, a pesar haberle hecho llegar varios escritos a la Administración autonómica “para solicitar ayuda y aportando ideas para aliviar la tragedia de la alta mortalidad por la Covid-19 en las residencias”, la Consejería de Sanidad y la Dirección General de Salud Pública no solo no han aportado soluciones, sino que “han obrado de forma contraproducente con consecuencias negativas directas para la gestión de los centros y su calidad asistencial”.

La FED Cantabria y Lares aseguran que, al comienzo de la legislatura, solicitaron una reunión con la consejería para abordar el “histórico problema de la coordinación de los centros con la sanidad”, pero dicho encuentro se derivó a la Dirección General de Salud Pública y muchas preguntas, según remarcan las entidades, “quedaron en el aire”.

El comunicado también lamenta que los test distribuidos a los centros son un instrumento de “baja fiabilidad que aporta una ‘información’ cuyo uso puede ser absolutamente perjudicial en la labor de sectorial y aislar a los residentes”. Las entidades indican que la Administración autonómica es conocedora de que “la única vía correcta es realizar PCR a todos los usuarios y trabajadores de forma periódica” y si no hay voluntad o fondos para poder llevarlo a cabo, explican, “lo transparente sería reconocerlo y no enviar a los cetros unos test miserables cuya única utilidad es poder trasladar a la prensa y a la opinión pública la idea de que se está colaborando con el sector”.

También remarcan que incluso el cierre de los Centros de Día y la suspensión de visitas llegaron tarde. “Incluso hubo centros que cerraron sus accesos a visitas y fueron obligados a reabrir”, aseguran en el comunicado.

De esta manera, las entidades piden a la Consejería de Sanidad que responda por los cauces oficiales a los escritos que les han enviado “y no inunden la prensa con titulares que insinúan la mala gestión por parte de las entidades de dependencia, a la vez que entierran a los profesionales en burocracia pidiendo distintos listados, formatos y recuentos”.

Asimismo, manifiestan que las personas dependientes de la región deberían tener acceso a los mismos servicios sanitarios que cualquier otro ciudadano y dejan entrever que “quizá la disminución de la frecuencia y la intensidad con la que los médicos y enfermeros acuden a prestar servicio a las personas usuarias pueda tener relación con el alto número de fallecidos en las residencias por la pandemia”.

Ambas entidades también dejan unas preguntas para la Administración que vendrían a explicar por qué ha habido tanta mortandad en las residencias. “Cuántos de los infectados procedentes de centros residenciales han sido ingresados en la UCI? ¿A cuántos se les ha provisto de respiradores? ¿Cuántos han recibido tratamiento? ¿Cuántos, después de haber sido derivados al SCS, han sido devueltos a los centros porque no se podía ‘hacer nada por ellos’?”