El Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass) del Gobierno de Cantabria está contactando telefónicamente, desde este lunes, con las cerca de 4.000 personas dependientes beneficiarias de los servicios de Ayuda a Domicilio, Teleasistencia y centro de día, con el objetivo de identificar sus posibles necesidades y trasladarles un mensaje de calma tras la declaración del estado de alarma con motivo de la crisis del coronavirus.

Así lo anunció la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez, quien hizo un llamamiento a la ciudadanía para "extremar las precauciones" con las personas mayores, que "son el colectivo más frágil ante el virus". "Por ellos, por ti y por todos, quédate en casa. La mejor vacuna eres tú", ha manifestado la consejera haciendo hincapié en la importancia de seguir las recomendaciones de Salud Pública para evitar la propagación del COVID-19.

En las llamadas, que se realizan a través del personal público y de las empresas adjudicatarias de los servicios, se detectan las necesidades que puedan tener las personas dependientes que no cuenten con recursos en su entorno familiar, como pueda ser el abastecimiento de alimentos, y se explicará lo que supone la declaración del Estado de alarma y las recomendaciones de Salud Pública, como evitar los contactos sociales o lavarse las manos repetidamente.

Estos contactos se realizan de forma periódica para también prestar apoyo anímico y evitar la sensación de soledad o indefensión que puedan sentir en un momento tan excepcional como el actual.

En una reunión en la que participaron la directora del ICASS, María Antonia Mora, los cuatro subdirectores, y el director de Políticas Sociales, Julio Soto, el equipo directivo de la consejería también acordó suspender los nuevos ingresos previstos en centros residenciales y la prestación de la ayuda a domicilio, salvo en aquellos casos en los que se considere necesario para cubrir las necesidades de vida diaria.

Siguiendo las recomendaciones de Salud Pública, esta medida busca, por un lado, limitar las posibilidades de que una persona que en la actualidad no reside en centros de mayores pueda contagiar a los residentes y, por otro lado, evitar contactos sociales que sean innecesarios en el contexto actual. No obstante, Álvarez subrayó que se reconocerán ambos derechos y se prestarán en caso de que las circunstancias individuales de la persona lo requieran.

Por otro lado, la consejera anunció que el Icass y la Dirección General de Políticas Sociales van a proceder a recabar todos los datos personales y teléfono de contacto de las personas mayores con plaza residencial, tanto pública como privada, así como de los menores que se encuentran en la red de acogimiento residencial. Todas las medidas se han incorporado a las tareas de coordinación del Gobierno.