La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (ADGSS) acaba de anunciar los tres candidatos al premio anual 'Corazón de Piedra': Pablo Hernández De Cos, gobernador del Banco de España; la sala de lo penal del Tribunal Supremo; y la Fiscalía de Barcelona.

"Hay actuaciones que ponen de manifiesto una extraordinaria falta de sensibilidad humana y social, especialmente grave en personas y organizaciones cuyo cometido debería ser garantizar la calidad de vida de toda la población, sobre todo de los/as más vulnerables", explican desde la ADGSS, que también apuntan que "la sociedad debe reconocer y valorar estas expresiones de insensibilidad que, en ocasiones, podrían calificarse lisa y llanamente de crueldad”.

Se trata de la sexta edición de estos premios. Hasta ahora han recibido este singular galardón y mediante votación popular: Ana Mato, ministra de Sanidad, Igualdad y Servicios Sociales (2013); María Dolores de Cospedal, presidenta de Castilla-La Mancha (2014); Mariano Rajoy, presidente del Gobierno de España (2015); los 36 ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes “oficialmente pobres en inversión social” (2016); y Dolors Montserrat, ministra de Sanidad, Igualdad y Servicios Sociales (2017)

Todas las personas que quieran puedes emitir su voto a través de este formulario.

Entre los tres candidatos se encuentra Pablo Hernández De Cos, gobernador del Banco de España, por oponerse al incremento del Salario Mínimo Interprofesional, aludiendo a su especial impacto en la probabilidad de perder el empleo en determinados colectivos. 

Los otros dos candidatos son instituciones: la sala de lo penal del Tribunal Supremo y la Fiscalía de Barcelona. La primera opta al premio por calificar de “desatención moral” o “abandono de la responsabilidad moral” a quienes contratan a “terceras personas” para atender a sus padres cuando se encuentran en situación de dependencia, aunque sean “personas que les van a atender médicamente, y en muchos casos con la profesionalidad que conlleva una atención personal”. La segunda solicitó cuatro años y diez meses de cárcel a un indiviiduo por robar un bocadillo, acusando al autor de “obtener un beneficio patrimonial ilícito”. Según la ADGSS, "a este hombre en riesgo de exclusión y sin antecedentes, se le acusa de robo con violencia por utilizar una lata de bebida rota para autolesionarse más que para agredir a nadie. Para la fiscalía es más grave 'obtener un beneficio patrimonial ilícito' amenazando con una lata de refresco que con una tarjeta 'black', por ejemplo".