En la página web sobre violencia de género del Ministerio de Igualdad español hay un destacado botón rojo con letras mayúsculas donde se puede leer ‘SALIR RÁPIDO’. Al pasar el puntero del ratón por dicho botón, un mensaje también reza que se puede abandonar la página inmediatamente con solo pulsarlo. Además, recuerda a la visitante lo importante que es borrar el historial de navegación para no dejar rastro. 

Estas advertencias se especifican incluso antes de entrar en la web, en un recuadro que aconseja, entre otras cosas, navegar en modo incógnito o no guardar los PDF para una mayor tranquilidad.

Estos avisos tan explícitos –que son de utilidad para aquellas mujeres que están sufriendo en sus carnes la violencia de género– denotan el control y la vigilancia a la que se ven sometidas, en parcelas que deberían ser privadas y seguras. El botón rojo está ahí todo el rato, de manera accesible para dar tranquilidad y aliviar la tensión o el miedo que podría generar esa consulta, pero habla de hasta qué punto necesitan zonas seguras, lugares donde estén y se sientan a salvo, y donde se puedan reconocer como víctima.

Dentro del colectivo que sufren algún tipo de maltrato o violencia de género, dicen las organizaciones y sus estudios que las más vulnerables son las mujeres mayores. Ser el eslabón más débil se observa con los datos en la mano, que señalan que son estas mujeres las que menos denuncian y las que viven los casos más urgentes. 

Las situaciones de violencia a edades avanzadas se vuelven más complejas, si cabe, por la falta de recursos económicos de una generación que, en muchos casos, no accedió al mercado laboral; también por las carencias en la formación o por la normalización de la cultura patriarcal, que asume los roles de género, validando la sociedad machista y la propia violencia. Las mujeres mayores ni siquiera se reconocen a sí mismas como víctimas debido a estas interiorizaciones, lo que –a su vez– resta visibilidad al problema.

Recientemente, en una jornada organizada por la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres (CIMTM) –cuya noticia la pueden leer en este mismo número de abril–, se pusieron sobre la mesa algunos datos reveladores, muchos de ellos de sobra conocidos, y que cualquiera puede consultar desde 2019 en la citada web del ministerio, con el botón rojo de fondo. Son datos de un informe que elaboró Cruz Roja y que habla de la situación de las mujeres atendidas en el Servicio telefónico de Atención y Protección a Víctimas de la Violencia de Género (ATENPRO) y que nos ayudan a comprender mejor cuáles son sus características sociodemográficas, así como sus problemas, su estado de salud física y emocional, o la violencia sufrida. 

El informe habla, por ejemplo, de que más del 60% de estas mujeres mayores de 65 años tiene dificultades económicas o financieras; algo más del 40% señala los problemas de salud –propios o de algún familiar a su cargo– y una de cada tres apunta las situaciones de violencia como uno de sus problemas más destacados.

Un dato estremecedor es que el 40% de las mujeres mayores atendidas en el servicio ATENPRO llevaba 40 años o más sufriendo violencia. Además, y en relación a la violencia sexual, el 56% de las encuestadas afirmaba haber mantenido relaciones sexuales contra su voluntad, por miedo a represalias.

Dicen las personas expertas que las mujeres mayores perciben la violencia de género como un fracaso personal y no como parte de una violencia estructural. Esta cuestión –la de que la violencia de género no es un fenómeno aislado, sino una problemática arraigada y sistemática de nuestra sociedad– no debería ponerse en duda, como a veces sucede desde la esfera política (y en concreto desde la extrema derecha), porque avivan la confusión y distorsionan la dimensión del problema. No nos lo podemos permitir, cuando, solo en 2023, un total de 58 mujeres fueron asesinadas a causa de la violencia machista, ocho de ellas, mayores de 60 años. 

Los informes señalan propuestas para el contexto social y el entorno cercano, acciones que llaman a la reflexión, el empoderamiento o la sensibilización; también recomiendan medidas como los programas de formación y la elaboración de protocolos efectivos para su detección. Por supuesto, reclaman una mejor coordinación institucional, una mayor profundidad en las investigaciones y, por obvio que parezca, más recursos económicos. Quizá no podamos, como dice el botón rojo del ministerio, ‘SALIR RÁPIDO’ y de forma instantánea hacia la solución del problema, pero podemos, al menos, señalizar la salida.