Decir una cosa y la contraria es una técnica que podría resumir los dimes y diretes del panorama político español en los últimos 20 años. Curiosamente, decir una cosa y la contraria guarda relación con poseer o perder el poder, con conservar o abandonar la gobernanza, por lo que “decir una cosa” suele convertirse en “la contraria” cada cuatro años, a veces menos, a veces más.

Seguro que al lector le vendrán numerosos ejemplos a la mente. Uno de ellos guarda relación con la financiación de la Ley de Dependencia, que en el Capítulo V, artículo 32, párrafo tercero, viene a decir que las aportaciones  de las comunidades autónomas será al menos igual a la de la Administración General del Estado, es decir, que se reparten las cargas al 50%. Esto es lo que recoge la norma, pero que nunca se ha cumplido. En España también se puede “decir una cosa” (por ley), y hacer “la contraria”. Nos desdecimos de pensamiento y de obra. 

Desde 2013 hasta 2020, el porcentaje en la financiación del Gobierno no solo fue mucho menor a la de las regiones, sino que estuvo incluso por debajo de la propia aportación vía copago de las personas usuarias. En los últimos años, tras la recuperación del nivel acordado recogida en los Presupuestos Generales del Estado de 2021, 2022 y 2023 con el Plan de choque, las distancias entre Administración central y autonomías se han acortado (26,5% y 53%, respectivamente), aunque sigue lejos de ese reparto igualitario. 

Sin embargo, a pesar de la alternancia de Gobiernos en todo este tiempo, las oposiciones de derechas e izquierdas nunca han dejado de exigir con vehemencia esa famosa financiación al 50%. Se trata de un arma arrojadiza que siempre conviene recordar al contrincante, añadiéndole a poder ser una pizca de teatralidad y dramatismo, como si el vulgo, el pueblo o –más llano– la gente no supiese que, los que ahora reclaman, tampoco hicieron nada cuando pudieron. “La policía no es tonta”, dice la expresión popular como advertencia, pero aquí pareciera que le falta inteligencia y memoria.

Detrás de ese 50%, que el Gobierno de Sánchez ha prometido ir restableciendo, y de la infrafinanciación que supone, se explican algunos de los objetivos todavía a alcanzar dentro del sector de la dependencia. Por ejemplo, uno de ellos se habló en la última reunión entre el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y el secretario general de Comisión Obreras (CC OO), Unai Sordo, y que no es otro que el de la mejora sustancial de las condiciones laborales y salariales de las trabajadoras (lo ponemos en femenino porque el 80% son mujeres). Este punto se refiere lógicamente a la retribución –que mejoró con el VIII Convenio Colectivo Estatal de la Dependencia y que plantea subidas salariales del 2,5% este año y el siguiente–, pero también a cuestiones como la revisión de las enfermedades profesionales, la prevención de riesgos laborales o la reducción de la jornada.

Todas estas reivindicaciones de las trabajadoras están más que justificadas, sobre todo al equiparar su situación con el resto de países de la eurozona. Por ejemplo, si comparamos el salario medio por horas del conjunto de la economía con el de las trabajadoras del sector en España, este se reduce hasta el 63% en los cuidados en residencias; y el 60%, en el de los hogares; unos porcentajes que están por debajo de la media de la OCDE con un 71 y un 67%, respectivamente.  

Bustinduy también señala como líneas prioritarias la reducción de las listas de espera, la disminución del copago y el aumento de los servicios. Además, estima que la mejora de la financiación y de los salarios resolverá, de paso, el déficit actual de trabajadoras en el sector. Un dato esclarecedor: España cuenta con 4,9 trabajadoras de cuidados de larga duración por cada 100 personas de 65 o más años, cuando la media de la OCDE se sitúa en 5,7.

El Gobierno tiene la obligación de cumplir la ley (otra vez) y la oportunidad de despojar al rival del eterno reclamo del 50%. De no ser así, volveremos a poner en funcionamiento la rueda, olvidando lo dicho... y lo contrario.