Con motivo del recién anunciado Gobierno, y de sus estrenados 22 nuevos ministerios, en los últimos días de 2023 se ha rescatado un recurrente debate relacionado con el colectivo sénior: si existe un Ministerio de Juventud e Infancia –con Sira Rego al frente–, ¿por qué no se crea también un Ministerio de las Personas Mayores? ¿Se les está infravalorando con su omisión?

Esta misma cuestión la reclamó el mediático Carlos San Juan, médico jubilado conocido por la campaña ‘Soy mayor, no idiota’ –que contó con el apoyo de miles de personas y logró algunos cambios para frenar la exclusión financiera del colectivo–, el cual aseguraba no entender por qué las preocupaciones que acucian a los sénior no han provocado una mayor “sensibilidad” por parte del Gobierno progresista.

Se trata, como saben, de una contienda discutida con anterioridad y en la que no hay un consenso claro, con simpatizantes y detractores, los primeros exigiéndolo para un mayor protagonismo; los segundos explicando que esa institución aislaría sus problemas (todavía más) del resto de la sociedad.

En entremayores, entendemos que, antes de reivindicar esta novedosa (al menos en España) figura institucional, habría que reflexionar primero sobre cuáles son los asuntos que atañen en exclusividad a las personas mayores y si estos pueden o no agruparse en una misma cartera, entendiendo que esa hipotética multiplicidad de materias impidiera una correcta coordinación. 

Cualquiera podría pensar que un Ministerio de las Personas Mayores se encargaría, por ejemplo, de las pensiones, pese a ser el tema estrella de la Seguridad Social y repercutir también en las empresas y los trabajadores del país. 

La institución, por supuesto, heredaría todas las competencias actuales del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, con especial atención al nuevo modelo de cuidados residenciales, la Ley de la Dependencia, los servicios específicos del mayor y las políticas de discapacidad, pero obligando a crear un nuevo ministerio (que donde caben 22 caben 23) para ocuparse del resto de servicios sociales, de la diversidad familiar, de los derechos de la infancia y adolescencia o de los derechos de los animales.

También habría hueco, cómo no, para acoger al Imserso, que aunque algunas personas lo conozcan por los viajes y balnearios, se encarga de numerosas prestaciones sociales y económicas, entre ellas, las de jubilación o invalidez, discapacidad..., de los programas de promoción de la Dependencia; de las subvenciones al tercer sector, a las ONG de personas mayores o a sus centros estatales; de importantes estrategias para mitigar la soledad no deseada, diversos trabajos técnicos, estudios sobre ciudades amigables, etcétera; y sí, también de los famosos programas de termalismo y turismo social.

Echando un vistazo rápido al resto de carteras de  la presente legislatura, en este ministerio recaerían además aquellos asuntos económicos y de comercio –de los que se ocupa Nadia Calviño– y que están ligados a los sénior, primordial en sectores como el sociosanitario, por ejemplo; de algunas de las medidas de economía social que aporta Yolanda Díaz; o de las decisiones que tome Teresa Rivero en torno al reto demográfico; un movimiento que descargaría de trabajo, de paso, al trío de vicepresidentas, todo son ventajas.

Finalmente, añádanle al departamento algunas competencias del Ministerio de Industria y Turismo; de Vivienda y Agenda Urbana; de Cultura; de Igualdad; y no digamos de Sanidad. Con todo bien mezclado, ya tendríamos el cóctel ministerial perfecto, la madre (o la abuela) de todas las carteras, la institución que nos merecemos, un verdadero ministerio de todo.

Porque, quizá, cuando nos planteamos un ministerio propio, estamos, sin pretenderlo, reduciendo la verdadera envergadura de todo lo que afecta a los sénior, encapsulando sus problemas en un solo ente, como si los órdenes que les influyen a diario se pudieran acotar como quien acota una temática o categoría. Simplemente, los mayores lo ocupan todo y, por supuesto, deben estar en todo.