Como saben, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, los colectivos feministas se han movilizado para convocar una huelga que no solo tiene un carácter laboral, sino que también incide en un parón del consumo, los cuidados y la educación.
Pese a que esta concentración solo se dirige a las mujeres –y pide, a su vez, al sector masculino que sea quien asuma las tareas que habitualmente realizan ellas–, la lucha feminista sigue siendo una contienda que nos incumbe a todos y que, en última instancia, busca la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres.
De la misma manera que no solo las personas con discapacidad se benefician de la accesibilidad universal, esta lucha por la eliminación de los roles de género no solo favorece a las mujeres, también a los hombres, al liberarlos de la masculinidad tóxica autoimpuesta. Un ejemplo palmario de la transversalidad en las reivindicaciones de los movimientos feministas son las referencias directas del argumentario de este año a los ámbitos que más afectan a las personas mayores.
Así, dentro de los motivos para convocar esta huelga nos encontramos con un extenso apartado –el más largo de todos– dedicado a la economía. El colectivo feminista señala la crisis, y los recortes sociales que provocó, como un factor determinante para “la división sexual del trabajo, condenándonos a la discriminación laboral, a los trabajos precarios, peor pagados o no remunerados, invisibles e ilegales”. Y cuando hablamos de recortes sociales, hablamos de un lastre que también afecta sobremanera al colectivo senior. Hablamos de la merma en los servicios sanitarios, sociales, de atención a domicilio, a la dependencia... sectores feminizados, en los que las mujeres son mayoría, tanto en el lado del profesional como en el del paciente.
El deterioro de profesiones como la de los cuidados se hace a costa del esfuerzo de las mujeres en los hogares, muchas veces con sobrecarga de tareas y con poco reconocimiento profesional y social. Además, este aislamiento a la mujer se agrava en el mundo rural, donde su trabajo de cuidados se complica por la falta de servicios médicos, de transporte público o de acceso a actividades complementarias que faciliten la corresponsabilidad en el cuidado de mayores. Una situación insostenible a la que tampoco ayuda la brecha digital y tecnológica, que está incomunicando a la población rural por su falta de cobertura telefónica o de conexión a Internet.
El desafío que plantea la despoblación pasa por arreglar todos estos desequilibrios relacionados con el acceso a los servicios básicos (médicos, transporte, comunicaciones) y con planes que permitan la conciliación y corresponsabilidad del cuidado. Medidas que deben garantizar las Administraciones públicas si quieren afrontar el progresivo envejecimiento de su población rural.
La huelga feminista nos tiene que hacer reflexionar a todos de la importancia de la mujer en el ámbito económico, con un sistema de cuidados que se colapsaría sin su trabajo. Un empleo, el de la atención, que está infravalorado e invisibilizado, y que, indirectamente, menosprecia también a los más vulnerables: las personas dependientes, mayores y con discapacidad.