Los últimos barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) han puesto la sanidad en el punto de mira de los españoles. Tanto, que desde hace meses figura como el quinto problema que más preocupa a los ciudadanos. El debate está en la calle, pero también en los despachos. El escenario económico actual es poco alentador y el Sistema Nacional de Salud arrastra, en estos momentos, una deuda de 15.000 millones de euros. Justo cuando en todas la áreas toca apretarse el cinturón, parece que algunos servicios públicos, particularmente la sanidad, son más sensibles a   los recortes.
Aunque, oficialmente, el sistema sanitario está por encima del tijeretazo general, son muchas las voces que empiezan a denunciar recortes encubiertos  y, otras tantas, las que apelan a una modificación en el modelo que implicaría, para muchos, la implementación de la colaboración público-privada o la introducción de algunos sistemas de copago.
Pero somos también muchos los que nos planteamos qué pasaría si tuviéramos que pagar por acudir a una consulta médica o por emplear los servicios de Urgencias. Qué pasará si, como plantea Cataluña, las recetas empiezan a ser de pago.
Quizás, que se camine hacia algún tipo de cofinanciación de los servicios sanitarios -o, simplemente, el hecho de que se hable de copago, aunque no se lleve a la práctica-  ayude a que tomemos conciencia de la responsabilidad que tenemos los ciudadanos como demandantes de servicios sanitarios. ¿Acaso, es necesario acudir a Urgencias por una gripe?
Reflexionar sobre el uso que hacemos de nuestra sanidad se hace más necesario que nunca, ya que no racionalizar su uso puede privar de ella a muchos que realmente la necesitan y no pueden pagarla.
No podemos olvidar que el Sistema Nacional de Salud es una pieza básica del Estado de Bienestar, por lo que no debemos permitir que se cuestione su sostenibilidad sin ofrecer soluciones para garantizar su viabilidad. Día a día vemos cómo las reducciones de personal, los recortes de sueldos o la ampliación de jornadas laborales, son las alternativas que plantean nuestros políticos, que, por ahora, sólo han conseguido que esta preocupación haya calado profundamente en la sociedad.
Quizás, y debido a esta excepcional situación que atravesamos, el Ministerio de Sanidad haya decidido, en el primer Consejo Interterritorial de Salud de esta legislatura, trabajar conjuntamente con las comunidades autónomas para alcanzar un acuerdo marco que garantice, por ejemplo, una gestión eficiente de los recursos públicos, más allá de intereses partidistas o regionales.
El objetivo, en todo caso, debe ser tratar de mantener a salvo un servicio, la sanidad, que, según el último Barómetro Sanitario, presentado en abril de 2011 por el Ministerio de Sanidad, el 74% de los encuestados -cinco puntos más que en la anterior consulta- cree que el sistema funciona bastante bien. Sin embargo, el 84%  de las opiniones consideraba que las autonomías deberían ponerse de acuerdo entre sí a la hora de ofrecer los servicios sanitarios.