Los trabajadores y usuarios de las residencias son los colectivos que se están viendo más expuestos a la Covid-19, ya que la proximidad e interacción son constantes en este ámbito. Especialmente los residentes, por tender a padecer enfermedades crónicas, son los que más riesgo corren, por lo que no es de extrañar que en varios países la mitad de las muertes por Covid-19 tengan lugar en centros residenciales.

Para AGE Platform Europe, los datos de fallecimientos y de abandono de personas mayores en este tipo de instituciones son “impactantes”. Igualmente preocupantes son los casos de residentes a los que se les niega el acceso al tratamiento hospitalario por ser “demasiado mayores”, o los de presionar a mayores a firmar órdenes de no reanimación. “Estas prácticas son violaciones inaceptables de los Derechos Humanos”, afirman desde la entidad.

“Todos tenemos derecho a acceder a la atención médica, social y paliativa requerida por nuestra condición de salud. Estos derechos humanos fundamentales no disminuyen con la edad, ni se nos deben negar dependiendo de dónde vivamos”, recuerda Anne-Sophie Parent, secretaria general de AGE Platform Europe.

Para la plataforma europea, en tiempos de pandemia, cuando los sistemas de salud y atención están bajo presión, los protocolos éticos son “indispensables” y la edad cronológica no puede ser el único criterio para el triaje. Por ello, piden que se tomen las siguientes medidas “a efectos inmediatos”.

A corto plazo, las autoridades públicas deben incluir con urgencia los casos de Covid-19 y las muertes en residencias en sus informes sobre la pandemia, para dejar de considerar las muertes relacionadas con Covid-19 en estos centros como "normales" o "inevitables". También se les insta a que proporcionen urgentemente recursos adecuados para que los residentes y el personal se protejan adecuadamente, ya que el distanciamiento físico es difícil de aplicar a las personas dependientes.

A largo plazo, se requerirán inversiones adecuadas en los servicios de atención social y de cuidados de larga duración para garantizar que todos tengan acceso a entornos de calidad y servicios que respeten las opciones de vida y los derechos de las personas que necesitan apoyo, así como condiciones laborales adecuadas para sus cuidadores.