Los primeros resultados del trabajo de campo encargado por la Defensora del Pueblo Gallego, Milagros Otero Paga a la ONCE, Cogami, Fademga, Plena Inclusión Galicia y a la Federación de Asociaciones de Personas Sordas (FAXPG), como base para la elaboración del Informe Extraordinario sobre accesibilidad en Galicia, evidencian que "aún resta camino por recorrer hacia la accesibilidad universal en nuestra comunidad". El 4 de diciembre se cumplió el plazo legal para que los poderes públicos garanticen la accesibilidad plena y la no discriminación de las personas con diversidad funcional. A pesar de los avances realizados en los últimos tiempos, y la creciente aplicación de criterios de accesibilidad en instalaciones públicas y privadas, las entidades constataron aspectos en los que aún "resta trabajo por hacer".

La ausencia de planificación por parte de los poder públicos para dar cumplimiento la dicho plazo legal establecido, así como la falta de previsión sobre accesibilidad durante las fases de proyecto y ejecución, son dos de las primeras conclusiones transmitidas por las entidades en su adelanto de las comprobaciones realizadas. La legislación "se encuentra dispersa y las competencias en manos de diferentes administraciones, lo que lleva a una aplicación difusa y con interrupciones en la cadena de accesibilidad", explican las organizaciones que desarrollaron estos trabajos.

Una de las cuestiones destacadas guarda relación con el estado de las vías públicas, que no garantizan la continuidad de los itinerarios a las que sí resultan accesibles en algunos tramos. En cuanto al transporte público, las primeras conclusiones del trabajo de campo fijan el punto de mira en las estaciones, principalmente las de autobuses, donde se detectan carencias. Precisamente este transporte es decisivo para el traslado de las personas con discapacidad con importante repercusión en su autonomía. Se apreciaron dificultades en transporte de largo y medio recorrido y con los sistemas de preaviso que, según se indica, no fomentan la igualdad de oportunidades.

Aunque las instalaciones públicas y privadas siguen criterios de accesibilidad en su diseño, los técnicos informan de la dificultad para llegar a ellas, dado que los itinerarios de aproximación no son accesibles. En los casos de difícil acceso a servicios como piscinas, bibliotecas, salones de actos, se opta por la solución de apartar del  entorno general a las personas con diversidad funcional. En servicios de atención al público escasean los empleados con competencia en lengua de signos.

El avance del estudio evidencia además la necesidad de mejorar la accesibilidad auditiva en el canal autonómico de televisión, con la posible inclusión de más horas subtituladas, mayor calidad, o la necesidad de que el intérprete de signos, en los programas que cuentan con él, ocupe un espacio mayor en la pantalla. En el caso de los servicios de emergencia podrían mejorar hacia facilitar el acceso a diferentes formas de comunicación.

Otero Parga firmó hace un año un convenio de colaboración con la Organización Nacional de  Ciegos  Españoles (ONCE), la Confederación Gallega de Personas con Discapacidad (Cogami), Fademga Plena Inclusión Galicia y la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Galicia (FAXPG) para avanzar en la elaboración de un Informe Extraordinario sobre accesibilidad. En virtud del acuerdo, las cuatro entidades colaboran con la institución del Defensor del Pueblo con la realización de comprobaciones  sistematizadas sobre los niveles de accesibilidad en medio urbano y rural de la comunidad.

El informe, que en breve se presentará al Parlamento de Galicia, abordará la accesibilidad desde un punto de vista muy amplio, de ahí la necesidad de disponer de apoyo técnico de las entidades firmantes. La ONCE se encarga de realizar el estudio de la accesibilidad que afecta de manera singular a las personas con discapacidad visual. Fademga, por su parte, efectúa la comprobación sobre los problemas que en este ámbito afectan a las personas con discapacidad intelectual. La Federación de Asociaciones de Sordos centra la atención en las barreras que afectan a las personas con discapacidad  auditiva.

Cogami se encarga de las personas con movilidad reducida y redactará el documento final de todas las entidades, que se incorporará como anexo al Informe Extraordinario sobre accesibilidad en el que trabaja la institución del Defensor del Pueblo. "La accesibilidad debe sustituir a la discapacidad en un plazo corto de tiempo y la Defensora del Pueblo quiere contribuir a este futuro con la realización de una diagnosis completa de las dificultades de accesibilidad física y sensorial que afectan a las personas en nuestra comunidad".