La delegada territorial, Raquel Arias, explicó hoy que la Xunta sigue apoyando a todos los Ayuntamientos de Lugo en la prestación de los servicios sociales, y que la Consellería de Trabajo y Bienestar financiará la ayuda en el hogar de las personas dependientes y los trabajadores sociales de absolutamente todos los Ayuntamientos, independientemente del número de habitantes que tengan, así como el SAF (Servicio de Ayuda en el Hogar) básico de los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes.
Arias acusó hoy a la Diputación de Lugo de difundir falsedades sobre el nuevo Decreto de Servicios Sociales de la Xunta, eludiendo competencias y buscando el conflicto y la rentabilidad política.
Para que nos hagamos una idea, de acuerdo con los datos del 2011, la Xunta aportaría más de 7 millones de euros y la Diputación de Lugo únicamente 540.000 euros. Y decir, de acuerdo con el nuevo decreto, la Xunta de Galicia pagará para ayuda en el hogar en la provincia de Lugo trece veces más del que tendrá que pagar la diputación del señor Besteiro.
Por lo tanto, según resaltó la delegada territorial en Lugo, “la actitud que está adoptando la Diputación de Lugo y su presidente con relación a los servicios sociales es, una vez más, totalmente demagógica y desleal”. Más toda vez que la Diputación rechazó hasta tres citas con la Consellería de Traballo e Benestar para abordar este asunto.
En este sentido, hizo hincapié en que esta deslealtad de la Diputación es con las otras administraciones, “pero sobre todo con los ayuntamientos, porque les está negando una ayuda que por ley les tiene que dar”. Esto es, la diputación de Lugo está “dejando desasistidos a las vecinas y vecinos de la provincia de Lugo en un tema vital como son las prestaciones sociales, mientras el gobierno de Besteiro no tiene ningún rubor en gastar el dinero que hagan falta en fiestas, viajes y promoción de sí mismos”.
Además, cabe recordar que este decreto está “rigurosamente sujeto a la legalidad”, y cuenta con los informes favorables de la Asesoría Jurídica General y de la propia Fegamp. Esta norma también estuvo en trámite de alegaciones -de hecho, hubo ayuntamientos presentaron alegaciones de forma individual-, además de que fue conocido en todo momento por la Federación gallega de municipios y provincias (Fegamp).En ningún caso, se cuestionó el desarrollo de competencias que recoge esta norma.
Además, cabe recordar que la Ley de Servicios Sociales de 2008 -que determina el apoyo que deben prestar las Diputaciones a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes- establece que la Xunta realizará las transferencias necesarias a los ayuntamientos en los supuestos en que estos asuman competencias que son de titularidad autonómica (por ejemplo, residencias de la tercera edad). En ningún caso, se refiere a la financiación de las competencias que son ya de titularidad municipal, como es el caso del servicio de ayuda en el hogar básico.
Arias dijo confiar en que, tras rechazar varias citas con la Consellería de Traballo e Benestar, los responsables de la Diputación de Lugo acudan por fin a la una reunión solicitada por ellos mismos en la Delegación Territorial para abordar el desarrollo de este nuevo marco. La delegada dijo que, en esta ocasión, la propuesta realizada al gobierno provincial está fijada para este mismo jueves, después de que desde el ente provincial se negaran a acudir en sucesivas convocatorias en la Consellería de Traballo e Benestar.
A hilo de este tema, Arias aludió la que, quizás la razón de esas renuncias “era que Gómez Besteiro no sabía qué postura tenía que adoptar en Santiago, ya que su desfachatez llega a tal punto que, mientras en la FEMP defendía el pasado viernes en Madrid la necesidad de que las diputaciones asistan a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, ayer lunes en Lugo ya afirmaba el contrario”.