La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, mantuvo una reunión con el alcalde de Poio, Ángel Moldes, para evaluar de primera mano el impacto que tiene el acuerdo firmado entre la Xunta y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) en la mejora del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), que es de competencia municipal. En la visita, puso en valor el compromiso del Gobierno gallego con este servicio de atención a la dependencia, que se vio reflejado con la firma en la jornada de ayer del protocolo para la prevención y actuación ante situaciones de violencia laboral externa.

Fabiola García explicó que en el caso del ayuntamiento de Poio el incremento de la financiación de la Xunta durante los tres años de vigencia del acuerdo ascenderá a cerca de 600.000 euros, recibiendo un total de 2 millones de euros. Esto representa, añadió, un importante ahorro para el ayuntamiento, “que podrá aprovechar para seguir mejorando sus servicios sociales”. En este sentido, recordó que la Xunta aportará hasta 2028 a los ayuntamientos un total de 500 millones(150 millones más de lo inicialmente previsto). Así, todos los municipios que se adhirieron a este incremento recibirán 16 euros por hora en este 2026, 17 euros en 2027 y 18 euros en el año 2028. Este incremento gradual supone una subida del 50% de la aportación de la Xunta.

La conselleira de Política Social e Igualdade destacó, además, que en los últimos meses la Xunta estuvo colaborando activamente en la elaboración del primer protocolo para la prevención de violencia laboral en el SAF, un documento que fue firmado ayer por todas las partes. En el caso de la Xunta, la colaboración en el diseño de este documento fue canalizada a través del ISSGA (Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia) y del Servizo de Inspección de Servizos Sociais de la Consellería de Política Social e Igualdade. Este equipo de profesionales y técnicos trabajó “mano con mano” con la Fegamp, organizaciones sindicales y empresariales y con el Colexio Oficial de Traballo Social.

En su intervención, la conselleira hizo hincapié en que “de este trabajo conjunto y colaboración” surgió un protocolo que establece un sistema integral para prevenir, detectar, gestionar y hacer seguimiento de cualquier episodio de violencia contra el personal del SAF. Un documento estratégico “en el que se prioriza la protección de las trabajadoras, ofreciendo una respuesta rápida y coordinada entre todas las administraciones y entidades implicadas”, según explicó.

Los principales ejes de este protocolo pasan por el refuerzo de la formación en habilidades y puesta en valor de las profesionales del SAF, la evaluación de los posibles riesgos, la comunicación temprana de los incidentes y su posterior registro, resolución, investigación y seguimiento. Se establece, además, un procedimiento de actuación en casos de todo tipo de violencia que pueda causar daño físico, psicológico, sexual o económico. Incluida la violencia por razón de género o sexual.

La conselleira agradeció a todas las partes implicadas en la elaboración del protocolo “su buena disposición y colaboración” y explicó que ahora el objetivo debe ser “trabajar para que la aplicación sea efectiva, algo para lo que es esencial el compromiso de los prestadores del servicio, ayuntamientos y empresas”.

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN

En lo referido a las actuaciones frente a situaciones de violencia, el protocolo establece un sistema progresivo que va desde la prevención hasta la respuesta ante agresiones. Incluye pautas para anticipar riesgos, mantener la calma y reconducir conflictos, así como actuaciones específicas cuando la tensión aumenta o se produce una agresión, priorizando siempre la integridad física y emocional de las profesionales y, en ese sentido, con el apoyo inequívoco ante la decisión de paralización de trabajos mientras la situación no revierta.

El documento subraya también la importancia de que los ayuntamientos tengan un registro con un modelo unificado para todas las entidades prestadoras y que se dé seguimiento a todos los incidentes, de manera que puedan ser evaluados por la empresa y, si es preciso, coordinados con las administraciones para adoptar medidas correctoras. En esa línea, se contemplan las visitas e investigaciones pertinentes, así como la revisión de la evaluación de riesgos laborales y de las medidas preventivas de cara a su actualización si fuese necesario, además de la implantación de medidas de protección o para garantizar el retorno al puesto de trabajo.