El Órgano Interinstitucional de Servicios Sociales ha dado luz verde al inicio de la tramitación del decreto que regulará la cartera de servicios sociales, que recoge el tipo de asistencia al que tienen derecho los ciudadanos y define sus características.
Después de un largo proceso de conversaciones y negociaciones (más de dos años de trabajos)  las instituciones que forman el órgano han alcanzado un acuerdo sobre el texto base de cartera. La cartera define el procedimiento de acceso a los servicios sociales y el contenido de cada una de las prestaciones y servicios que contiene, que van desde los centros de día, residencias para personas mayores pasando por los servicios de intervención  socioeducativa, etcétera.
El Órgano Interinstitucional de Servicios Sociales, integrado por el Gobierno vasco (a través de los departamentos de Empleo y Asuntos Sociales, Economía y el área de Coordinación), las tres diputaciones y la Asociación de Municipios Vascos-Eudel, se constituyó en junio de 2010 y es el máximo órgano de gobierno a la hora de desarrollar la Ley de Servicios Sociales. Su trabajo se basa en trazar las principales estrategias relativas a la calidad en la gestión, atención y cohesión del sis­tema de servicios sociales. Así, este órgano garantiza el desarrollo coherente y armónico del conjunto de prestaciones y servicios sociales en toda Euskadi. Cuenta con doce miembros, seis en representación del Gobierno vasco y los otros seis en representación de las diputaciones y los ayuntamientos. La presidencia recae en la consejera del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta.
Además de iniciar la tramitación administrativa del decreto de la cartera, el órgano ha acordado promover la constitución en su seno de un equipo de trabajo que deberá determinar la suficiencia financiera de la cartera, es decir, los recursos económicos con los que deben contar cada una de las instituciones para desarrollar las competencias que se les asignen. Este paso es de vital importancia y absolutamente necesario dado que la universalización de los servicios sociales va a suponer un incremento de gasto en el conjunto del entramado institucional.
Durante la reunión, también se acordaron los criterios para el desarrollo del mapa de los servicios sociales, que es el documento de planificación que determina la cobertura que debe tener cada servicio. Por ejemplo, cuántas plazas en residencias de personas mayores hacen falta por cada mil, 10.000 o 100.000 habitantes.
La consejera de Empleo y Asuntos Sociales y presidenta del Órgano Interinstitucional de Servicios Sociales, Gemma Zabaleta, mostró su satisfacción por el acuerdo para iniciar la tramitación del decreto de para establecer la cartera y recalcó que "el desarrollo de la Ley de Servicios Sociales es un objetivo irrenunciable. Se trata de aplicar una política que va a contribuir a mejorar el bienestar de nuestros ciudadanos".
"Hemos acordado la cartera de servicios sociales y el grupo de trabajo integrado por Gobierno, ayuntamientos y diputaciones que antes del verano determinará el presupuesto y los recursos económicos de los servicios y prestaciones sociales en las distintas instituciones", añadió Zabaleta.
Este es un debate, aseguró la consejera, "que no se puede parar como consecuencia de la coyuntura económica. Hay que ajustarlo a esa coyuntura. Es absolutamente necesario reequilibrar los servicios sociales, la política de bienestar, y los ingresos. Y este es un debate que hay que afrontarlo con valentía y con acuerdos políticos de gran alcance. Es lo que pretendemos todas las instituciones desde el Órgano de Servicios Sociales".
Ya en su reunión constitutiva en junio de 2010, el órgano reclamó un proceso de reflexión interinstitucional para garantizar la financiación actual y futura de los servicios sociales en el marco de la política financiera y presupuestaria de las administraciones públicas.