En su afán por recortar el gasto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Gobierno tiene previsto aprobar, en el Consejo de Ministros del próximo viernes, una reforma en el sistema sanitario que afectaría al pago de las recetas médicas. La decisión, que la ministra Ana Mato ha comunicado hoy a los consejeros de Sanidad en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, prevé que los pensionistas empiecen a pagar por los fármacos.
Así, la ministra ha explicado que se establecerá, en farmacia, un modelo equitativo que ella considera "más justo", donde "aporte más el que más tiene y menos o nada los que menos tienen". En concreto, los ciudadanos en activo con obligación de tributación en el IRPF  pasarán de pagar el 40% de los fármacos, como hasta ahora, a aportar el 50%, mientras que aquellos con rentas iguales o superiores a los 100.000 euros anuales pagarán el 60%. Los activos que no tengan obligación de tributar en el IRPF y las familias numerosas aportarán el 40%.
En cuanto a los pasivos, los que tengan menor poder adquisitivo también estarán exentos de las aportaciones.
No obstante, la medida más significativa es la que afecta a los pensionistas, ya que aquellos con rentas bajas pagarán el 10%, hasta un límite de ocho euros al mes. Este importe, sin embargo, podrá alcanzar los 18 euros al mes para los que reciben pensiones más altas. Los ciudadanos que reciben pensiones no contributivas, así como los parados de larga duración, quedan exentos de esta medida.

Reacciones
Las reacciones -políticas y sociales- ante esta medida no se han hecho esperar. Mientras el secretario de Estado de Economía defendía esta reforma a la salida del Congreso por considerar que busca "únicamente situar el servicio en la sostenibilidad", los grupos de la oposición se muestran claramente contrarios a la medida. Así, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, habla de "recetazo" y asegura que se trata de "un nuevo engaño que penaliza a los pensionistas y enfermos crónicos", y la portavoz nacional de UPyD, Rosa Díez, entiende que "hay que recortar de otros sitios antes", argumentando que el Ministerio de Sanidad tiene "gastos superfluos", que serían los que "habría que recortar primero". Por su parte, Izquierda Unida ha pedido la comparecencia urgente en el Congreso de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Asimismo, la Unión Democrática de Pensionistas (UDP) se ha posicionado "totalmente en contra de la generalización del copago de los medicamentos para todos los pensionistas". El presidente de la organización, Luis Martín Pindado, ha manifestado que "esperamos que se nos informe de la propuesta en detalle, pero, en principio, se trata de una vuelta de tuerca más a un colectivo que ha perdido una parte importante de su poder adquisitivo en los últimos años y que a muchos pensionistas los ha puesto en una situación límite". Así, desde UDP aseguran que esta medida supone, de llevarse a cabo, "un golpe en las economías de millones de pensionistas que sobreviven en nuestro país con ingresos por debajo del umbral de la pobreza".
Finalmente, la organización insta al Gobierno a que reconsidere esta propuesta "teniendo en cuenta las dificultades por las que atraviesa gran parte del colectivo de pensionistas, muchos de los cuales sirven de soporte a sus hijos y sus familias afectadas por el desempleo", recuerdan.
La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma) también ha apelado a esta situación de sostenedores de la economía familiar de muchos pensionistas para criticar la reforma. A la espera de "conocer todos los detalles de la propuesta del ejecutivo para comprobar cómo afecta a las personas mayores y si recoge criterios correctores para aquellos pensionistas más desfavorecidos como los que tienen las pensiones más bajas, familiares a su cargo o están en situación de dependencia", desde Ceoma aseguran que "una vez más la mayor parte del esfuerzo deberá hacerla una parte de la población muy vulnerable como los enfermos crónicos, pensionistas y jubilados". Una situación que califican de "totalmente injusta". "Esta Confederación considera que la contribución en el pago de medicamentos no debe hacerse por colectivo si no que sería más justo que se hiciese en función de la renta de cada usuario del sistema, de esta forma se lograría una aportación más equilibrada", manifestaron.