La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales presentó la cuarta oleada del índice DEC que mide la situación del sistema de servicios sociales en todos los territorios del Estado analizando tres dimensiones: los derechos reconocidos, el esfuerzo económico público y la cobertura real de prestaciones y servicios. 

La puntuación media del conjunto de territorios es de 4,54 puntos, la peor puntuación de la serie DEC. Además se aprecia un deterioro paulatino desde el índice aplicado en 2013. 

Sin embargo, en términos de gasto por habitante se producen ligeros incrementos, con una evolución favorable de algunas comunidades autónomas. "Ese leve aumento del gasto podría estar reflejando -sin más- la lenta reacción de un débil sistema de servicios sociales ante el tremendo avance de las situaciones de necesidad y el incremento de los deterioros y las desigualdades sociales para una parte importante de la población española", explicaron desde la asociación. 

Según el informe, el Índice DEC "pone cifras a lo que es una evidencia: la extraordinaria diversidad de esfuerzos, cobertura y derechos garantizados en este sistema básico de protección social, lo que, sin duda, cuestiona la igualdad de derechos de la ciudadanía". El informe apunta algunas diferencias ilustrativas como que el 62,6% de quienes se encuentran bajo el umbral de la pobreza en el País Vasco se benefician de las Rentas Mínimas de Inserción en esa Comunidad, mientras que en Castilla-La Mancha este porcentaje es solo del 2,2%. Por otro lado, la cuantía que percibe un beneficiario de estas Renta Mínimas de Inserción en Asturias supone un 17,9% de la renta media por hogar en ese territorio; y en la Comunidad de Valencia, por el contrario, supone solo un 6,7%. 

La desigualdad se refleja también en dependencia. El 10,65% de la población potencialmente dependiente en Andalucía (personas con discapacidad o mayores de 65 años) recibe atenciones del Sistema de la Dependencia y, sin embargo, solo lo hacen el 3,62% en Canarias. Un 14,3% de quienes tienen reconocido el derecho a recibir atenciones del Sistema de la Dependencia están a la espera de recibirlas en Castilla y León, mientras que en la comunidad canaria este porcentaje asciende hasta un 54,3%. 

En cuanto a otros servicios como la ayuda a domicilio o la teleasistencia, el índice pone otro par de paradigmas. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, el Servicio de Ayuda a Domicilio alcanza al 9,5% de las personas mayores de 65 años, y en la Comunidad de Valencia solo al 1,9%. Además, en Castilla-La Mancha el servicio de teleasistencia alcanza al 26,15% de las personas mayores de 65 años, mientras que Galicia se queda en un 0,83%. 

Estas grandes diferencias, apuntan desde la asociación, "se originan en la extrema disparidad en el gasto en materia de servicios sociales que realizan las administraciones públicas territoriales". Así, por ejemplo, el País Vasco invierte 611 euros por habitante en 2014 en servicios sociales, frente a los 204 de la Comunidad de Valencia, es decir, tres veces más. Si consideramos solo las Comunidades de Régimen Común, Cantabria, Extremadura y La Rioja invierten entre 388 y 389 euros por habitante en 2014, casi el doble que Murcia, con 225 euros por habitante. Otro caso es el del gasto en servicios sociales de las administraciones territoriales en Asturias, que equivale al 9,06% de su gasto total; en contraposición otra vez a la Comunidad de Valencia con solo un 5,79%. 

Según el Índice DEC, uno de desequilibrios se denomina “vaciamiento del derecho a los servicios sociales, constatando que la aprobación de nuevas Leyes en algunas Comunidades, reconociendo derechos subjetivos en esta materia, no se corresponde en absoluto con garantías efectivas de acceso a los mismos". Al mismo tiempo, se refleja en el informe que existen comunidades en las que una oferta más o menos potente de prestaciones y servicios, no está garantizada por un cuerpo normativo -Ley y Catálogo de prestaciones- "por lo que su existencia peligra ante cualquier tensión presupuestaria". 

Los servicios sociales en España son una competencia autonómica en la que también se implican las Administraciones Locales. La asociación denuncia que, sin embargo, está "sometida al abandono de la Administración General del Estado, incluso en los aspectos en los que ha existido una regulación estatal (amparada en el 149.1.1ª de la CE) como es el caso de la Atención a las personas en situación de Dependencia". 

El gasto en servicios sociales en el conjunto del Estado supone unos 15.000 millones de euros de los cuales la Administración Central aporta el 13%. El 87% restante es aportado por las comunidades autónomas y por las entidades locales (61,4% y 25,6% respectivamente). 

"Si bien en 2013 el recorte de gasto tocó fondo (en 2014 y 2015 se mantuvo el gasto), los recortes acumulados en la última legislatura (2012-2015) por parte de la AGE en servicios sociales asciende a más de 2.200 millones de euros. En el ámbito autonómico la acumulación del recorte en dicho periodo ascendió a 4.915 millones", advirtieron desde la asociación, que añaden que "al recorte de aportaciones estatales (especialmente en dependencia) se sumaron unos objetivos de déficit durísimos e incompatibles con el mantenimiento adecuado de los servicios sociales en un momento de incremento exponencial de la demanda". 

A este panorama se debe sumar la amenaza vigente del ahorro comprometido con la Comisión Europea de cerca de 3.000 millones en el gasto en servicios sociales locales por supresión de servicios y que fue objeto de la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL). 

No necesariamente los territorios con mayor gasto en materia de servicios sociales (tanto autonómico como local), son los que obtienen mejores resultados de cobertura, es decir, los que tienen una mayor oferta de prestaciones y servicios. 

El índice DEC demuestra que la ratio entre la puntuación obtenida en cobertura de prestaciones y servicios y la que se obtiene en los indicadores de gasto, muestra que las Comunidades menos descentralizadas -aquellas en las que las entidades locales tienen menos protagonismo- tienen una baja coste-eficiencia. Por el contrario, las más descentralizadas, aquellas en las que hay mayor protagonismo de las entidades locales, se encuentran entre las que muestran un mayor equilibrio entre gasto y cobertura, es decir; son más coste-eficientes. 

"Se pone así de manifiesto, una vez más, que la descentralización e implicación de las entidades locales (Ayuntamientos, Diputaciones provinciales o forales) es uno de los rasgos comunes a las comunidades con mayor desarrollo de sus servicios sociales", aseguran desde la asociación.