Suben las pensiones un 0,25%
Este incremento afecta a 9.382.000 pensiones contributivas, 440.000 pensiones no contributivas y 185.000 prestaciones por hijo a cargo con discapacidad. Para los sindicatos, este aumento es insuficiente, y ponen en entredicho la fórmula de la revalorización
El Consejo de Ministros aprobó recientemente, a propuesta de la ministra de Empleo y Seguridad Social en funciones, Fátima Báñez, el Real Decreto que establece la revalorización de las pensiones públicas del sistema de la Seguridad Social para 2016, según el cual el conjunto de las pensiones y prestaciones económicas subirá el 0,25%. Las previsiones de la Seguridad Social es que el incremento afectará a 9.382.000 pensiones contributivas, 440.000 pensiones no contributivas y 185.000 prestaciones por hijo a cargo con discapacidad. Del total de pensiones contributivas, 5.691.725 serán de jubilación, 2.368.572 de viudedad, 940.036 de incapacidad permanente, 342.256 de orfandad y 39.412 de prestaciones a favor de familiares.
El coste total de la revalorización para 2016 alcanza los 281,36 millones de euros y el límite máximo de pensiones públicas se fija a partir del 1 de enero de 2016 en 2.567, 28 euros por mes.
El Real Decreto regulador de la revalorización de las pensiones ha venido siendo una norma de carácter anual que, con una estructura y contenido repetitivos, sirve para desarrollar las previsiones que al respecto se contienen en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.
De la misma forma, el Real Decreto que aprueba el Consejo de Ministros fija la revalorización del 0,25% de las cuantías mínimas de las pensiones del sistema de la Seguridad Social en su modalidad contributiva, de las pensiones no contributivas y de las pensiones no concurrentes del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez. Además, se actualizan la cuantías de las asignaciones a favor de hijos con discapacidad con 18 o más años. Se regula también la revalorización de las pensiones derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; de las pensiones extraordinarias derivadas de actos de terrorismo; de las pensiones reconocidas en aplicación de normas internacionales; las normas sobre concurrencias de pensiones y la financiación y la gestión de la revalorización.
Reacciones de los sindicatos
Comisiones Obreras (CC OO) critica "el triunfalismo del Gobierno", al que acusa de "intentar aprovechar la débil situación de nuestra economía acompañada de un período de tasas negativas de inflación, para presentar como ganancia de poder adquisitivo, lo que es un efecto coyuntural, recogido acríticamente en demasiadas ocasiones en la información publicada". El sindicato recuerda la suspensión de la aplicación de la normativa que desde 1996 preveía la revalorización de las pensiones con el IPC, en dos ocasiones durante la crisis. La primera, que supuso una pérdida de poder adquisitivo de un 2,9% para la mayoría de pensiones, fue la congelación aprobada por el gobierno socialista en 2011. Posteriormente, la no regularización a final de año de la subida de pensiones aprobada por el Gobierno del Partido Popular en 2012, que llevó aparejada una pérdida de poder adquisitivo de 1,9% también para la mayor parte de pensionistas. De ahí deducen que el balance de la revalorización de pensiones durante la crisis, es de pérdida de poder adquisitivo para tres de cada cuatro pensionistas del 1,10%. Auguran además que este problema, debido al diseño de la fórmula de revalorización de pensiones, sin previsión alguna de incremento de ingresos de la Seguridad Social, supondrá una pérdida anual de poder adquisitivo importante y sostenida en el tiempo. Por ello, exhortan a que el nuevo Gobierno "recupere el consenso en torno al Pacto de Toledo y corrija la actual situación abordando nuevas fórmulas de revalorización de pensiones que permitan mantener su poder adquisitivo a lo largo de la vida del pensionista como tal, al tiempo que se abordan reformas estructurales del sistema de pensiones para garantizar los ingresos necesarios para mantener el compromiso de solidaridad intergeneracional que está en la base de nuestro sistema de Seguridad Social".
Por su parte, desde la Unión General de Trabajadores (UGT), la subida aprobada "es claramente insuficiente, supone tan solo unos 2,5 euros al mes para una pensión media de jubilación e incluso menos, para una pensión mínima, unos dos euros". De este dato deducen que se producirá "una pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas puesto que el propio Gobierno tiene previsto que los precios suban en torno al 1%". Un hecho, que según denuncian desde el sindicato, "supone un ataque a la suficiencia económica de los pensionistas y de las familias que sustentan". Acusan al Gobierno de haber realizado este incremento "de forma opaca y alejada del principio de seguridad jurídica, esto es, sin dar a conocer cuáles han sido las variables y parámetros que la han determinado". Por último, señalan que "desde que el Gobierno modificará, de forma unilateral, la Ley de Seguridad Social desvinculando la evolución de las pensiones de los precios, UGT viene reclamando la derogación del factor de revalorización de las pensiones, pues supone pérdidas de poder adquisitivo de los pensionistas, tanto en el corto, como en el largo plazo. A su vez, exige recuperar el Índice de Precios al Consumo (IPC) como la referencia para la revalorización de las pensiones- tal y como establecía el artículo 48 de la Ley de Seguridad Social-".
El coste total de la revalorización para 2016 alcanza los 281,36 millones de euros y el límite máximo de pensiones públicas se fija a partir del 1 de enero de 2016 en 2.567, 28 euros por mes.
El Real Decreto regulador de la revalorización de las pensiones ha venido siendo una norma de carácter anual que, con una estructura y contenido repetitivos, sirve para desarrollar las previsiones que al respecto se contienen en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.
De la misma forma, el Real Decreto que aprueba el Consejo de Ministros fija la revalorización del 0,25% de las cuantías mínimas de las pensiones del sistema de la Seguridad Social en su modalidad contributiva, de las pensiones no contributivas y de las pensiones no concurrentes del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez. Además, se actualizan la cuantías de las asignaciones a favor de hijos con discapacidad con 18 o más años. Se regula también la revalorización de las pensiones derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; de las pensiones extraordinarias derivadas de actos de terrorismo; de las pensiones reconocidas en aplicación de normas internacionales; las normas sobre concurrencias de pensiones y la financiación y la gestión de la revalorización.
Reacciones de los sindicatos
Comisiones Obreras (CC OO) critica "el triunfalismo del Gobierno", al que acusa de "intentar aprovechar la débil situación de nuestra economía acompañada de un período de tasas negativas de inflación, para presentar como ganancia de poder adquisitivo, lo que es un efecto coyuntural, recogido acríticamente en demasiadas ocasiones en la información publicada". El sindicato recuerda la suspensión de la aplicación de la normativa que desde 1996 preveía la revalorización de las pensiones con el IPC, en dos ocasiones durante la crisis. La primera, que supuso una pérdida de poder adquisitivo de un 2,9% para la mayoría de pensiones, fue la congelación aprobada por el gobierno socialista en 2011. Posteriormente, la no regularización a final de año de la subida de pensiones aprobada por el Gobierno del Partido Popular en 2012, que llevó aparejada una pérdida de poder adquisitivo de 1,9% también para la mayor parte de pensionistas. De ahí deducen que el balance de la revalorización de pensiones durante la crisis, es de pérdida de poder adquisitivo para tres de cada cuatro pensionistas del 1,10%. Auguran además que este problema, debido al diseño de la fórmula de revalorización de pensiones, sin previsión alguna de incremento de ingresos de la Seguridad Social, supondrá una pérdida anual de poder adquisitivo importante y sostenida en el tiempo. Por ello, exhortan a que el nuevo Gobierno "recupere el consenso en torno al Pacto de Toledo y corrija la actual situación abordando nuevas fórmulas de revalorización de pensiones que permitan mantener su poder adquisitivo a lo largo de la vida del pensionista como tal, al tiempo que se abordan reformas estructurales del sistema de pensiones para garantizar los ingresos necesarios para mantener el compromiso de solidaridad intergeneracional que está en la base de nuestro sistema de Seguridad Social".
Por su parte, desde la Unión General de Trabajadores (UGT), la subida aprobada "es claramente insuficiente, supone tan solo unos 2,5 euros al mes para una pensión media de jubilación e incluso menos, para una pensión mínima, unos dos euros". De este dato deducen que se producirá "una pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas puesto que el propio Gobierno tiene previsto que los precios suban en torno al 1%". Un hecho, que según denuncian desde el sindicato, "supone un ataque a la suficiencia económica de los pensionistas y de las familias que sustentan". Acusan al Gobierno de haber realizado este incremento "de forma opaca y alejada del principio de seguridad jurídica, esto es, sin dar a conocer cuáles han sido las variables y parámetros que la han determinado". Por último, señalan que "desde que el Gobierno modificará, de forma unilateral, la Ley de Seguridad Social desvinculando la evolución de las pensiones de los precios, UGT viene reclamando la derogación del factor de revalorización de las pensiones, pues supone pérdidas de poder adquisitivo de los pensionistas, tanto en el corto, como en el largo plazo. A su vez, exige recuperar el Índice de Precios al Consumo (IPC) como la referencia para la revalorización de las pensiones- tal y como establecía el artículo 48 de la Ley de Seguridad Social-".
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