Fina Santiago compareció recientemente ante la Comisión de Asuntos Sociales y Derechos Humanos del Parlamento de las Illes Balears para informar sobre las directrices generales de la acción de gobierno que desarrollará la Consejería de Servicios Sociales, de acuerdo con el programa político del Gobierno. Así mismo, la comparecencia de la consejera responde también a la solicitud registrada por el Grupo Parlamentario Popular para que informase de las líneas programáticas de la Consejería. Santiago expuso sus objetivos a corto y largo plazo para esta legislatura. Algunos se enmarcan en el cumplimiento de los acuerdos de gobernabilidad y otros se llevarán a cabo de manera conjunta y coordinada con otras consejerías.
Según señaló, la lucha contra la pobreza es una prioridad compartida entre la Consejería de Servicios Sociales y el Gobierno, y, en este sentido, la principal herramienta con que se contará será la Ley de la Renta Social Garantizada (RSG), que ya ha acabado el proceso de redacción. La creación de la RSG se enmarca en el desarrollo de la Ley de Servicios Sociales y el objetivo es reactivar y actualizar la cartera de recursos y potenciar los servicios comunitarios municipales.
También se está elaborando y coordinando con los consejos insulares un plan de actuación contra la pobreza. Desde la Consejería también se apoyará a las actuaciones en el ámbito municipal e insular para evitar desahucios y garantizar el derecho a la vivienda.
Otro compromiso es el adquirido por la Consejería con las personas que tienen diagnosticado un problema de salud mental, en orden al desarrollo de una red comunitaria de su atención que dé cobertura a servicios como, por ejemplo, plazas en centros de día, viviendas supervisadas o centros ocupacionales. En una primera fase se ha establecido concertar los servicios existentes con las entidades.

La Ley de Dependencia
La reactivación de la Ley de Dependencia es también una de las líneas de trabajo de la Consejería para esta legislatura, aumentando las plazas concertadas a las residencias y centros de día. Asimismo, se agilizarán los servicios de valoración y programación individual de la dependencia y se trabajará para reiniciar progresivamente la construcción de los centros de estancias diurnas paralizados en la anterior legislatura y concertar con los ayuntamientos los servicios de ayuda domiciliaria y teleasistencia. Se trata de conseguir durante la legislatura que aumente el número de beneficiarios de la Ley de Dependencia y crecer en servicios, tanto en cifras como en calidad.
En definitiva, como señaló Fina Santiago, de modo conjunto y transversal con otras áreas, se trabajará para incluir cláusulas sociales en los contratos con la Administración, se potenciarán las políticas por la igualdad de género y se recuperará el diálogo y el consenso con todos los agentes sociales.