El Tribunal Constitucional rechaza el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por 146 diputados en contra del Real-Decreto Ley que congeló las pensiones de 2012. Esta decisión avala por tanto la negativa del Gobierno de actualizar las pensiones de ese año y la decisión de suspender la revalorización de las mismas en 2013.
CC OO denuncia “la debilidad argumental que presenta la sentencia”, la cual indica: “podría suponer un grave precedente respecto de cómo se ha venido interpretando hasta ahora la forma en que se consolidan determinados derechos sociales”. Por su parte, UGT lamenta esta decisión que “sitúa las decisiones de políticas económicas neoliberales por encima de las necesidades de protección social de los ciudadanos y los derechos de millones de pensionistas, una gran parte de ellos en peligro de ser excluidos socialmente por carecer de recursos suficientes”.