Las entidades del tercer sector social reciben una subvención de 50.000 euros para la elaboración de su plan estratégico
En 2022 se confeccionó un documento base y durante 2023 se realizará un estudio para el diagnóstico del estado del Tercer Sector de la Comunidad que contribuirá a definir el plan de acción
La Ley del Tercer Sector Social en Castilla y León establece que la Junta, a través de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y en colaboración con los representantes del Tercer Sector Social, elaborará un plan estratégico de impulso y promoción de las entidades que lo conforman en la Comunidad.
Tras la labor realizada en 2022 de confección de un documento base para la elaboración del mencionado plan estratégico, durante 2023 se realizará un estudio para el diagnóstico del estado del Tercer Sector de la Comunidad, cuya finalidad será conocer la situación en cuanto a su estructura, organización, actividad, base social, financiación, rol desempeñado y aportación de valor a la sociedad, que permita identificar los desafíos que presenta el sector para los próximos años.
Con el objetivo de financiar la elaboración de este estudio de diagnóstico, el Consejo de Gobierno autorizó, este verano, la concesión directa de una subvención de 50.000 euros a la Plataforma del Tercer Sector de Castilla y León, que integra a más de 34.000 personas entre voluntarios y trabajadores y atiende a más de 680.000 personas.
Se configura como una entidad unitaria de interlocución social y un instrumento válido de cohesión de sus organizaciones, con capacidad de influencia y de desarrollo de un profundo diálogo civil y social con los poderes públicos, los agentes sociales, el mundo empresarial, los grupos mediáticos y el conjunto de instituciones relevantes de la Comunidad y su sociedad.
LA IMPORTANCIA DEL TERCER SECTOR SOCIAL
Las entidades del Tercer Sector Social juegan un importante papel en el desarrollo de los servicios a las personas, especialmente a las más vulnerables, lo que hace necesario que las administraciones públicas mantengan con ellas una estrecha cooperación.
Destaca también su relevancia en el ámbito económico, siendo sus entidades intensivas en la creación de empleo, en el desarrollo de capital social relacional y humano, contribuyendo a la activación de las personas y generando, además, alternativas de empleo y acompañamiento en procesos de inserción laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social, en especial, en el ámbito de la discapacidad.
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