La Junta de Castilla y León vuelve a reforzar sus Servicios Sociales. El Consejo de Gobierno aprobó, el mes pasado, el Decreto-Ley por el que se adoptan medidas extraordinarias con el fin de reforzar la cobertura de las necesidades de atención social en el ámbito de la Red de Protección a las familias afectadas por la crisis. Se trata de medidas extraordinarias con las que la Junta pretenden dar respuesta a nuevas situaciones derivadas de la propia  evolución de la crisis, así como de garantizar las necesidades básicas de subsistencia de aquellas personas que, recibiendo prestaciones sociales por una actividad económica, obtengan ingresos insuficientes.

Las medidas extraordinarias que recoge el Decreto-Ley, según la Junta, pretenden asegurar la armonización y complementación entre los sistemas de protección social y laboral, orientando su actuación de forma coordinada hacia la plena inserción social y laboral de las personas y familias en situación de riesgo o exclusión. “Son medidas que responden, al mismo tiempo, a los compromisos alcanzados en el seno del Diálogo Social y a las recomendaciones del Procurador del Común sobre la necesidad de flexibilizar los presupuestos para el reconocimiento de las prestaciones y ayudas de la Red de Protección”, aseguran desde la Junta. 

Por otro lado, en las Cortes de Castilla y León se promoverá que estas medidas de carácter excepcional se tramiten posteriormente como proyecto de ley con el fin de que se consoliden y perduren en el tiempo. Además, existe el compromiso por parte de la Junta de elaborar un Proyecto de Ley de la Red de Protección a las personas y familias, con el objetivo de que actúe más allá de situaciones extraordinarias, garantizando como derechos subjetivos la atención inmediata a alimentos básicos y el sistema de atención integral anti desahucio y reforzando la inserción sociolaboral.

Las medidas extraordinarias afectan a aquellas prestaciones de la red dirigidas a atender necesidades de subsistencia, como la prestación de renta garantizada de ciudadanía, la prestación económica para necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social o la prestación económica extraordinaria frente a situaciones de deuda hipotecaria. El conjunto de las medidas se pueden agrupar en tres grupos: las de compatibilidad entre prestaciones, las de flexibilización para el acceso a las prestaciones y las de mejora del procedimiento.

El Decreto-Ley establece la ampliación de los supuestos de compatibilidad de las prestaciones y ayudas de la Red de Protección con determinadas prestaciones públicas como las de desempleo, subsidio de desempleo, Programa de Renta Activa de Inserción (RAI), Programa de activación para el Empleo (PAE), Programa Personal de Integración y Empleo (PIE), Programa de Recualificación Profesional (Prepara) u otras similares, ya se perciban por el desempeño de una actividad laboral, se dirijan a favorecer la inserción laboral de las personas en riesgo de exclusión social o se perciban  de la atención a determinadas personas con discapacidad.

Al mismo tiempo, se establece la compatibilidad de las prestaciones de la red con otras prestaciones sociales que antes eran incompatibles, como la percepción de prestaciones por la suspensión del contrato de trabajo por maternidad o paternidad y por riesgo durante el embarazo; las prestaciones por incapacidad temporal durante el desarrollo del trabajo, y aquellas por hijo a cargo, en los casos en los que el causante sea el hijo.

Por otra parte, se flexibiliza el cumplimiento de los requisitos para tener derecho a estas prestaciones a través de modificaciones en las reglas de cómputo de ingresos, bienes muebles e inmuebles. 

En aquellos casos en los que atienda a los ingresos, para los autónomos se establece que cuando se tengan en cuenta los rendimientos del trabajo por cuenta propia para el reconocimiento de las prestaciones, y estos sean inferiores al 50% del importe de la base de cotización a la Seguridad Social, se computará como ingreso una cantidad igual a dicho importe.

En los casos en los que se tenga en cuenta el patrimonio, se exceptuarán del cómputo los bienes rústicos ubicados en localidades que cuenten con menos de 5.000 habitantes; en el caso de bienes inmuebles urbanos, cuyo valor catastral sea inferior a 12.000 euros, se computarán al 50% de dicho valor, y en los casos de copropiedad de un bien inmueble heredado, cuya titularidad sea compartida con personas ajenas a su unidad familiar, se excluirá del cómputo cuando el valor catastral de su parte sea inferior a dos anualidades del 80% del Iprem.

Las medidas del Decreto-Ley mejoran el procedimiento, ya que se reconoce el nacimiento del derecho y consiguiente devengo de la prestación desde el mes siguiente a producirse la solicitud, en lugar de los tres meses actuales. 

Al mismo tiempo, se reduce a un mes el periodo de suspensión de la prestación cuando no se renueve el alta como demandante de empleo. Además, se fomenta la inserción laboral de los beneficiarios al facilitar la reanudación automática de su percepción una vez finalizada la actividad laboral cuando el beneficiario la tuviera suspendida por obtener ingresos de dicha actividad.

La Red de Protección a las familias, puesta en marcha por la Junta de Castilla y León en 2013, ofreció respuestas urgentes a las necesidades de una media de 150.000 castellanos y leoneses al año.

La Red está compuesta por 23 programas y 300 agentes y la Junta destinó, en 2015, un gasto cercano a los 160 millones de euros. Los datos que presenta el año pasado en sus programas más relevantes son los siguientes: en Renta Garantizada de Ciudadanía, durante 2015, fueron 37.529 los beneficiarios de esta prestación, lo que supone un incremento del 10,7% respecto a 2014 y 3.617 beneficiarios más; en 2015, el servicio de entrega de alimentos atendió a 22.988 personas, un 12% menos que en 2014. Las llamadas urgentes al teléfono 012 por falta de alimentos se han reducido un 73% en el último año, hasta las 489; y respecto a las ayudas económicas para atender las necesidades de urgencia social, en 2015 necesitaron estas ayudas 27.024 ciudadanos, un 9% menos que en 2014. En total hubo 10.579 prestaciones en 2015 para ayudas de emergencia social, lo que significa una disminución del 8,5% respecto a 2014. 

Desglosando por modalidades las ayudas de urgencia social se constata que 5.971 personas necesitaron ayudas para alimentos, un 27,8% menos que en 2014; 7.960 personas necesitaron ayudas para necesidades básicas de vivienda como luz o agua, un 3,4% más respecto al año anterior; 10.231 personas necesitaron ayudas para pago de alquiler, un 14% menos respecto a 2014; 1.610 personas necesitaron ayudas para gastos destinados a hacer frente las cuotas hipotecarias, un 40% menos respecto al año anterior, y 4.565 personas necesitaron ayudas para otros conceptos como cuidados personales, acondicionamiento del hogar o enseres, un 39,8% menos respecto a 2014.