Una delegación del gobierno de Castilla León acompañados por un grupo de empresarios de la Federación de Castilla y León de Residencias de la Tercera Edad (Acalerte) visitaron, en septiembre de 2009, Estocolmo con el objetivo de estudiar el modelo sueco de atención a personas mayores y detectar posibles actuaciones que pudieran ser implantadas en la Región. “A partir de ese momento la Gerencia de Servicios Sociales de la Consejería de Familia de la Junta de Castilla y León comenzó a trabajar en la redacción del borrador de un nuevo decreto que sustituyera al actual, que data de 2001 y que requiere modificaciones”, explica Ángel Guerra, vicepresidente de Acalerte y director general del Grupo Age.
En la actualidad, son muchas las personas mayores y sus familias que deciden acudir a una residencia cuando no le queda más remedio, pero en general suelen ser lugares no deseados. En este contexto, la mayoría de los estudios realizados relativos al nivel de satisfacción de los usuarios y de sus familias suele dar como resultado el descontento en aspectos relacionados con la capacidad de los mismos -es frecuente que los centros acojan 100 o más residentes-, que funcionan a modo de instituciones donde las normas, la atención uniforme, y la insuficiente privacidad priman sobre la atención personalizada, la libertad personal y el mantenimiento de las costumbres y los deseos de los usuarios.
Por todo ello, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades apuesta por un modelo de atención residencial basado, principalmente, en atender las necesidades reales de las personas mayores. El director general del grupo Age lo define como: atención orientada al usuario, dando importancia a lo que el usuario opina y en el que prevalecerá el proyecto de vida de cada persona.
Además, el nuevo decreto está orientado al diseño de un entorno hogareño, generando un trato personal y familiar alejado de un modelo netamente institucional. Asimismo, se pretende que la residencia pase a ser el hogar del mayor a su casa. En cuanto a la nueva estructura de los centros, “éstos estarían formados por distintas unidades de convivencia –albergando entre 10 y 12 usuarios cada una-, con unas características estructurales diferentes -habitaciones individuales, de una superficie aproximada de 18 metros cuadrados, que los usuarios podrían personalizar con su propio mobiliario-.
Otra de las características que definen el nuevo modelo residencial es que se prioriza la dignidad de la persona sobre la salud. “En este apartado se daría más valor a la autodeterminación de la propia persona sobre la intervención actual. El eje de las actuaciones dejaría de ser la gestión actual para centrarse en el propio usuario teniendo en cuenta lo que quiere, lo que desearía ser y tener, orientándole en lo que le conviene pero atendiendo, fundamentalmente, a lo que quiere”, puntualiza Ángel Guerra.
En esta línea, el director general del Grupo Age reconoció que con la creación de las unidades de convivencia se pasaría de informar a la familia de las necesidades del usuario “a que dicha familia, y el propio usuario -si pudiera-, participara en la redacción y ejecución de su propio plan de atención o plan de vida”.
Por último, el vicepresidente de Acalerte insiste en que la organización actual de nuestros centros se basa en que todos los profesionales están para todos los usuarios. Sin embargo, con la entrada en vigor del nuevo modelo residencial se establecería más la visión global de un personal específico de referencia, que atendería los usuarios de su unidad de convivencia, incorporando la figura de un coordinador personal. “En definitiva, se pasaría de cuidar al usuario a apoyar su autonomía entendiendo que la residencia no es algo nuestro sino suyo”, matiza Ángel Guerra.

Su aplicación en el resto de España
La aplicación de este nuevo modelo residencial reportará a los usuarios y sus familias importantes beneficios por lo que muchos expertos se plantean sí sería posible aplicarlo en el resto de comunidades autónomas. Desde Acalerte lo tienen claro y reconocen que en “en muchas ocasiones han manifestado a la Gerencia de Servicios Sociales la dificultad para aplicar este modelo en España por la cantidad de barreras que se deben superar y trámites previos que se deben realizar”. En este contexto, Ángel Guerra aclara que “entendemos que dichas unidades de convivencia están más dirigidas a personas mayores sin deterioro cognitivo. Sin embargo, no debemos olvidar que un elevado porcentaje de los mayores que ocupan plazas residenciales son personas afectadas de demencia que difícilmente van a poder autodeterminarse. Por ello, el experto insiste en que ahora es el momento de cambiar el modelo actual pero buscando una fórmula mixta que permita atender a las personas mayores en su propio marco de necesidades, que será para algunos su autodeterminación y para otros a través de una intervención profesional más directa al carecer de capacidad cognitiva suficiente como para decidir sobre sus cuidados y atención.