La Fundación Alares ha presentado un Informe sobre el estado actual de la Ley de Dependencia. Bajo en nombre “Situación Actual de Implantación de la Ley de Dependencia y Propuestas de Mejoras: Avances y retos en la calidad de vida de las personas”, el área de estudios analiza cómo desde su aprobación el 1 de enero de 2007, la Ley de Dependencia no sólo ha generado importantes diferencias de tratamientos entre Comunidades Autónomas, sino que también está alimentando a la economía sumergida.
El establecimiento de un nuevo derecho de ciudadanía donde las Administraciones Públicas están obligadas a atender a las personas dictaminadas en situación de dependencia es el principal objetivo de una normativa cuya definitiva implantación está fijada para 2015. No obstante, la actual coyuntura económica complica aún más la situación de las personas que aún están esperando ser evaluadas. De hecho el principal reto de la Ley de Dependencia se localiza en el número de personas dictaminadas como sujetos de derecho de la Ley y que no perciben prestación alguna; una situación insostenible ya que supone una grave vulneración de los derechos de las personas.

Mapa de la Dependencia
La Ley de Dependencia avanza de manera heterogénea en las distintas Comunidades Autónomas, un factor que ha provocado diferencias importantes a la hora de recibir las prestaciones. Además, el desconocimiento en materia de financiación, porque no se sabe qué porcentaje del coste asumen las CCAA, las corporaciones locales y los propios usuarios, está generando una fragmentación de la Ley en 17 modelos diferentes, dependiendo del lugar en el que nos encontremos. A día de hoy, las CCAA muestran enormes diferencias en todas las etapas, desde la solicitud, a la valoración, donde la esperar puede alcanzar los dos años. Esta situación puede llegar a generar un denominado “turismo de la dependencia”.
Para Antonio Sanabria, Director del Área de Estudios de Fundación Alares, “casi un cuarto de millón de personas se encuentra en el denominado limbo de la dependencia, una situación insostenible para la mayoría de las familias que ven cómo sus parientes siguen estando al margen de la Ley, privándoles de todo tipo de prestaciones sociales”. El estudio también señala el crecimiento de un alto porcentaje de prestaciones económicas, lo que está provocando consideraciones sobre los servicios necesarios para atender a las personas en situación de dependencia. Este elevado porcentaje de prestaciones económicas podría dar pie al mantenimiento de empleo de la economía sumergida.