El pasado 17 de diciembre, el Congreso de los Diputados dio el visto bueno a una norma histórica: la despenalización de la eutanasia y el reconocimiento del derecho a morir. Una ley que ha tenido idas y venidas y cuyo apoyo en la calle no acababa de tener representación en el ámbito político. Hasta hace un par de meses.

Etimológicamente, “eutanasia” significa “buena muerte”, pero la ley opta por definirla como “el acto deliberado de dar fin a la vida de una persona, producido por voluntad expresa de la propia persona y con el objeto de evitar un sufrimiento” y, de aprobarse en el Senado, podría solicitarla cualquier mayor de edad con “padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable”. Hasta ahora, las personas con enfermedad en fase terminal tenían otras opciones que no es que causen la muerte directamente, sino que aceleran la llegada de ese momento, como la suspensión del tratamiento médico o el empleo de fármacos dirigidos a aliviar el dolor pero que son potencialmente letales para el paciente. En cierto modo, son tipos de eutanasia indirecta que solo se diferencian de la modalidad que se prevé despenalizar por un solo factor: la intervención de una tercera persona que es la que suministra directamente una sustancia letal al solicitante de eutanasia.

Y ahí es donde se encuentra el dilema ético que enfrenta a defensores y detractores de este procedimiento. Federico de Montalvo, presidente del Comité de Bioética de España, profesor de Derecho en Comillas ICADE y experto en bioética y derecho de la salud, explica a entremayores que, si esta norma entra en vigor, la naturaleza de la profesión médica se vería alterada. “El rol de los médicos es curar y paliar el sufrimiento, pero nunca matar. Estamos hablando de una de las profesiones más antiguas de la historia, y cambiar su papel me preocupa”, afirma. De hecho, hay médicos de prestigio que han aludido a este argumento, para lo que esta ley, como sucede con otras –la interrupción voluntaria del embarazo, por ejemplo– ampara a los profesionales sanitarios que, por los valores que profesan, prefieran acogerse a la objeción de conciencia. Pero a De Montalvo no le parece suficiente: “Con la despenalización de la eutanasia, se crea una pendiente resbaladiza: aprobamos una ley para unos casos concretos que generan mucha compasión, pero se acaba creando una cultura de la muerte”, y sus repercusiones éticas son los “negocios de la muerte: empresas que se dedican a acabar con la vida de los ricos que se lo pueden permitir. Que acabe creándose una industria de la muerte en España, a mí, no me gusta”, manifiesta el jurista.

Por su parte, Javier Velasco, presidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), considera que la deontología médica no es inmutable. Velasco explica a este periódico que precisamente este tema tiene enfrentados a los médicos colegiados de Madrid y de Catalunya, hasta el punto que estos últimos, según nos asegura Velasco, está elaborando un nuevo código deontológico que favorecería la práctica de la eutanasia. “Además, al contemplar la objeción de conciencia, no se va a obligar a nadie, por no decir que los médicos siempre ayudan a morir, aunque sea a través de los cuidados paliativos”. Y es que, aunque parezca mentira, existe un punto de encuentro entre detractores y defensores de la eutanasia: la necesidad de unos cuidados paliativos de calidad.

Al hablar de eutanasia, parece que se trata de contraponer esta práctica con los cuidados paliativos. “En nuestra opinión”, comenta Javier Velasco, “no son contradictorios, sino complementarios”, una postura en la que coincide, en cierto modo, con De Montalvo: “El problema de los cuidados paliativos es que solo hablamos de ellos para referirnos a enfermos terminales, pero también se pueden utilizar con pacientes crónicos que quieren reducir su dolor”, explica el presidente del Comité de Bioética.

Además, ambos recuerdan que esta especialidad no está lo suficientemente desarrollada en España, lo que resulta en un acceso deficiente a estos cuidados. De hecho, para De Montalvo, ha habido un error al tramitar la Ley de Eutanasia “sin haber aprobado una Ley de Cuidados Paliativos” que garantice el acceso a los mismos.

Según el jurista, hay dos motivos por los que los cuidados paliativos no terminan de prosperar en España. El primero, que no se reconoce como especialidad dentro del sistema sanitario, y la segunda, que este mismo sistema se basa en la curación, y no tanto en el cuidado. “Cuando no se puede curar y solo se puede cuidar, el sistema entiende que ha fracasado. Un sistema que cuida, sí que ayuda a morir, pero falta mucho por hacer”. Por su parte, Velasco agrega que “falta inversión económica y de recursos humanos” en paliativos, pero “es muy curioso que contrapongan esta no cobertura como un freno para la eutanasia. Creemos que se deben desarrollar los dos”.

En opinión de los paliativistas, la ley aprobada en el Congreso está coja. “Es sumamente simplista reducir el derecho a morir con dignidad al objeto de esta ley, porque lo que entendemos como ‘dignidad al final de la vida’ abarca mucho más que la posibilidad de decidir cuándo se quiere morir”, manifiesta la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (Secpal) en un comunicado. A esto añaden que las personas deben poder decidir, además de cuándo morir, el con quién y el cómo. Es decir, que fallezcan acompañadas –el 49,8% de los pacientes con Covid-19 en situación de final de vida atendidos entre abril y mayo de 2020 no pudieron despedirse de sus seres queridos– y cuidadas. La Secpal también dice que falta el dónde, si bien el artículo 13 de la ley indica expresamente que “la prestación de la ayuda para morir se realizará en centros sanitarios públicos, privados y concertados, y en el domicilio, sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestación puedan resultar menoscabados por el lugar donde se realiza”.

El de legalizar la eutanasia “es un debate erróneamente polarizado”, apuntan desde la Secpal. “Ahora que se garantiza por ley el derecho a eutanasia, pero no a los cuidados paliativos, ¿qué hacemos con las miles de personas que los necesitan pero no los reciben? Eso también es garantizar un final de vida digno”, añaden.

“Si la respuesta a las necesidades de miles de personas que necesitan cuidados paliativos continúa sin estar garantizada”, continúan desde la Secpal, “se está dando a entender que la única alternativa garantizada para dejar de sufrir cuando se padece una enfermedad grave e incurable o crónica e invalidante es dejar de vivir”.

Donde sí vuelve a haber posturas contrarias es en cómo solucionar el origen del debate de la eutanasia, que es el sufrimiento de la persona enferma. “Cuando una persona solicita la eutanasia, lo que nos están diciendo realmente es que no quieren sufrir, porque si conseguimos retirar ese sufrimiento, esa persona ya no va a querer morir. Aceptan la muerte como una consecuencia necesaria para paliar su dolor”, afirma el presidente del Comité de Bioética, que concluye que para él, la eutanasia, es “una solución legal cuando debería ser médica”. 

Por eso, su propuesta para las personas cuyo sufrimiento alcanza el carácter existencial es la sedación paliativa intermitente. Es decir, permitir que la persona enferma tenga periodos de “sueño” alternados con otros de “vigilia”, lo que permite la comunicación con sus familiares y seres queridos. Pero para Javier Velasco, no es tan fácil: “El dolor se puede valorar e intervenir, pero ¿el sufrimiento? Saber que no hay expectativa y aceptar que llegó el final es una decisión válida, y eso no se puede paliar”.

Pilar Barreto es psicóloga clínica y trabajó, durante buena parte de su carrera, con personas en situación de final de vida. Para ella, lo que dice De Montalvo es cierto, “y además, nadie quiere sufrir, sería antinatural en el ser humano. Pero si ves que ese sufrimiento no termina, quieres que se acabe. Dejar de sufrir es algo que todos los seres humanos queremos, pero el sufrimiento hay que evaluarlo y saber tratarlo para tomar una decisión correcta”.

Desde entremayores hemos preguntado a Barreto cómo evaluar si una persona que solicita la eutanasia realmente necesita este procedimiento. La experta admite que “es difícil”, ya que son muchas las cosas a tener en cuenta. En primer lugar, menciona la competencia de la persona enferma. “Claro que lo fácil es quitarle la competencia y decir que tiene la conciencia alterada”, pero lo importante es determinar si “la persona está hablando desde la serenidad y la lucidez –hay escalas clínicas para poder detectarlo–”. Además de analizar si no hay presencia de enfermedades mentales como la depresión, ya que en ese caso, “la petición no se hace desde la voluntad real de la persona”.

Por otro lado, hay que respetar los tiempos. “Cuando das una información dura y dolorosa, se produce un impacto emocional fortísimo, bajo el cual es muy difícil tomar una decisión. El refrán dice que las decisiones importantes hay que tomarlas con la cabeza fría. Por eso hay que esperar a que el paciente asimile la información –y saber transmitirla de manera que lo entienda todo, especialmente en el caso de personas mayores– y respetar su conclusión”. De hecho, en el caso de las personas mayores, hay que tener en cuenta que todo este proceso se enlentece, si bien, para Barreto, este colectivo “seguramente ha tenido que asumir otras pérdidas a lo largo de la vida, por lo tienen más recursos a la hora de afrontar su propio final”.

A partir de ahí, la psicóloga afirma que “hay que acompañar a la persona”. Pero en ningún caso, añade, se deben hacer suposiciones: “Hay que escuchar y entender qué es lo que está haciendo que no quiera seguir en este mundo. A lo mejor sí es cierto que tiene la firme decisión de dejar de vivir, pero en muchas ocasiones, son necesidades no cubiertas, síntomas refractarios físicos o emocionales (es decir, que no se pueden controlar con terapias o tratamientos) las que están determinando que la persona quiera morir”.

Hablar de ley exige hablar de Derecho, una disciplina que, como no podía ser de otra manera, solo entiende de derechos, libertades y obligaciones, entre otras cuestiones. Y precisamente para Federico de Montalvo, “la ley resuelve unos problemas muy pequeños y concretos, y lo hace creando un derecho”, es decir, que ha habido confusión al identificar que la libertad de morir es lo mismo que el derecho a morir.

Para explicar la diferencia, De Montalvo lo ejemplifica desde otro terreno: “Yo puedo tener el deseo de tener un hijo, y por tanto, la libertad de tenerlo. Pero no tengo derecho a ello, porque eso significaría que el Estado debe darme uno”. “En el morir”, continúa, “yo tengo la libertad de quitarme la vida. Pero convertir la muerte en un derecho y poder exigir al Estado que acabe con mi vida es algo muy distinto”.

En este sentido, al presidente del Comité de Bioética le preocupa que la eutanasia se despenalice en forma de prestación pública –que es lo previsto–. “Al institucionalizar la eutanasia, el Estado cambia su rol de proteger la vida de los ciudadanos por el de acabar con ella. Y al crear no solo un derecho, sino una prestación pública, estamos creando una cultura de la muerte”.

En cambio, para Javier Velasco, “sin derechos no hay libertad”. Según el presidente de DMD, “lo que la ley contempla es que una tercera persona ayude a morir, pero no obliga a ello. Para eso está la objeción de conciencia. Por supuesto que tengo la libertad de matarme, pero seamos realistas. ¿Cómo lo hace un tetrapléjico, si no puede?”. De hecho, tal y como adelantaba De Montalvo hace unas líneas, Velasco apunta a que es una ley que se va a utilizar “muy minoritariamente”, y concretamente, “se prevé de un 2 a un 4% de fallecimientos por eutanasia en unos años, lo cual es muy poco. Pero por poco que sea, hay que posibilitarlo”.

Para Velasco, la ley aprobada en el Congreso es “muy garantista, la que más a nivel internacional, en el sentido de que hay muchos controles”.

Y es que, de aprobarse en el Senado, para que una persona pueda hacer uso de esta ley, no vale solamente con solicitarla. Porque solo la solicitud, hay que hacerla por escrito hasta dos veces, con una separación de 15 días entre una y otra. En el caso de que la persona que la solicita no pueda escribir, otra persona podrá hacerlo en su representación, eso sí, en presencia de un profesional sanitario. 

Tras la primera solicitud, el médico responsable realizará un proceso deliberativo con el paciente sobre sus posibilidades (terapias, resultados, posibles cuidados paliativos). Esta conversación volverá a tener lugar tras la segunda solicitud. De continuar adelante con el proceso, entra en escena un nuevo médico, el “médico consultor”, que no conoce al paciente y con el cual se entrevistará para cerciorarse de que la persona desea continuar. Este médico consultor tendrá diez días para corroborar el cumplimiento de las condiciones.

Además, la ley prevé la existencia de una Comisión de Control y Evaluación en cada comunidad autónoma, que comprobará que los requisitos y las condiciones se cumplan en cada caso. Esta comisión nombrará a dos de sus miembros que estudiarán el caso e incluso pueden visitar al paciente. Si la resolución es favorable, el paciente podrá ser sometido al proceso. De hecho, se le preguntará si prefiere que sea el médico quien le administre la sustancia letal o que se le prescriba para que se la pueda autosuministrar.

Al preguntar tanto a DMD como al Comité de Bioética, este periódico ha podido saber que el texto de la norma fue redactado sin consultar a ninguna entidad. “En Portugal se ha consultado, y también en Francia, Suecia, Alemania y Austria. Pero en España no”, lamenta De Montalvo. “Que no se haya consultado al Comité de Bioética empobrece el debate, y de hecho tengo mis dudas sobre si la ley es inconstitucional por este motivo”, añade. Por su parte, Javier Velasco explica que en anteriores redacciones del proyecto de ley, como en la de 2017, sí se pidió opinión a las entidades. “Pero aquí no. Y de hecho, no tuvimos acceso a la ley hasta el día en que se registró en el Congreso. Hasta entonces, sabíamos que se estaba redactando, pero no se nos consultó”, afirma. Consciente de que la ley es más favorable a su postulado, el propio Velasco admite que “seguramente tendría que haberse consultado al Comité de Bioética”.

Como se ha podido comprobar, la eutanasia es un tema lleno de contradicciones sin solución. La asociación Derecho a Morir Dignamente lleva casi cuatro décadas luchando a favor de la despenalización de la eutanasia y, en la calle, la opinión pública les apoya: según el Barómetro de Neurociencia y Sociedad de Ipsos de 2018, el 85% de los españoles se mostró favorable a la regulación de la eutanasia, con una convicción del 49%. Un porcentaje que cae al 72% según la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado en enero de este año. 

Pero lo curioso del estudio del CIS son las diferencias por edades: los jóvenes de 25 a 34 años son los más favorables a esta medida (84,3%), mientras que del grupo de mayores de 65 años, solo la apoya un 56,4%. De hecho, el 26,6% de los integrantes de este grupo demográfico están en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con la norma.

Hay una explicación, y es que los mayores piensan en la muerte desde una perspectiva muy diferente a la de los jóvenes. “La ven inminente”, razona Velasco. “Cuando hablas de la muerte con una persona de 30 años, hablas de un futurible. En cambio, los mayores lo sienten mucho más cerca”, argumenta. A esto, De Montalvo añade que existe un problema de maltrato hacia los mayores que se exacerbó durante los primeros meses de pandemia con los triajes desfavorables para este grupo de edad a la hora de acceder a la UCI o, simplemente, a respiradores. “Implantar la eutanasia en una sociedad envejecida y no invertir más en el trabajo con los mayores –asistencia domiciliaria, por ejemplo– envía un mensaje peligroso: no les estamos diciendo cómo van a controlar su muerte, sino que no les vamos a ayudar a controlar su vida, que es precisamente lo que quieren”, asegura el presidente del Comité de Bioética.

Por ello, el presidente de DMD anima a todas las personas mayores a crear su documento de voluntades anticipadas y, a la Administración sanitaria, a divulgar la ley para que se conozca. “Por mucho que avance la Medicina, vamos a enfermar y a morir, y eso tenemos que afrontarlo desde la madurez. Creo que la muerte está excesivamente dramatizada, y la vida, excesivamente positivizada”, afirma.

A nadie se le escapa que la muerte es un tabú. Por eso preguntamos a Pilar Barreto por qué evitamos el tema.

Para la psicóloga, el primer motivo es que hablar de morir “atenta contra el instinto de supervivencia”. “Por muchas dificultades que tengamos en la vida y pensemos que la solución es morir, si sales a la calle y ves que un coche viene muy rápido, te apartas”. Pero, al mismo tiempo, hay un segundo factor: el miedo a la muerte propia o de los seres queridos. “Ahí, una de las cosas que más importan es encontrar el sentido de la vida. El tenerlo hace que, de alguna manera, sientas menos miedo a abandonar la vida. No es más fácil, pero sí es más sereno y la adaptación a la situación de final de vida es mejor. La expresión ‘se muere como se ha vivido’ tiene mucho de cierto”.

En el transcurso de todas estas líneas, el debate entre contrarios ha coincidido en muy pocos puntos, pero queda uno más, y es en que todas las personas merecen una muerte digna. Claro que, a la hora de definir qué es morir dignamente, esos caminos se vuelven a separar.

Para De Montalvo, la buena muerte es morir sin sufrimiento, pero sin que se convierta en derecho: “No tenemos derecho a morir. Tenemos derecho a no sufrir, que es algo muy distinto”, dice, en alusión a la mejora de los cuidados paliativos. En cambio, Velasco cree que este concepto alude a que “una persona tenga la posibilidad de morir de acuerdo a sus deseos, valores y creencias, por lo que es una valoración subjetiva. Pero todos coincidimos en que queremos morir libres de dolor, teniendo en cuenta nuestra voluntad, que nos acompañen nuestros seres queridos y que respeten nuestra intimidad”.

A favor o en contra, lo cierto es que la eutanasia todavía no es un derecho en España. Solo resta saber de qué lado se posicionará el Senado.