Julián Gutiérrez / Secretario general de la Federación Estatal de Pensionistas y Jubilados de CC OO
‘Se puede garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Para ello reclamamos el compromiso público de los políticos’
La Federación Estatal de Pensionistas y Jubilados de CC OO pone en marcha 'Los derechos se conquistan y se defienden', una campaña que se centra en tres ejes: las pensiones, la dependencia y los servicios sociales, y la sanidad, puntos clave para asegurar el mantenimiento del Estado de Bienestar
Pregunta: ¿Cuál es el mensaje principal que desean transmitir con la campaña “Los derechos se conquistan y se defienden”?
Respuesta:El mensaje que se quiere transmitir a la sociedad y, principalmente, a los pensionistas y jubilados es que hay soluciones distintas a las que nos proponen y que se puede garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, y reclamamos el compromiso público de los partidos políticos, pues el sistema público de pensiones es perfectamente sostenible y basta para ello mejorar su actual estructura de ingresos, y que debe retomarse urgentemente el Pacto de Toledo, de modo que las medidas nazcan del acuerdo político y social más amplio posible. Cuando se dieron acuerdos para el sistema de pensiones siempre dio buen resultado. Lo mismo ocurre con los recortes en sanidad y en dependencia que, por cierto, todo lo que se invierte en dependencia se recupera con la creación de puestos de trabajo.
Pregunta: ¿Cuál es la postura del sindicato ante la posibilidad planteada por el Gobierno en funciones de no revalorizar las pensiones en 2017?
Respuesta:En CC OO denunciamos el discurso planteado por el Gobierno en funciones argumentando que, si no hay investidura de un nuevo presidente, no es posible la revalorización de las pensiones en 2017 (utilizando ese mismo argumento para la subida salarial de los empleados públicos). Una afirmación que no es cierta. La revalorización de las pensiones puede producirse con un Gobierno en funciones, por razones de urgencia o interés general –art. 21 de la Ley del Gobierno–, mediante varias vías. La más rápida es mediante un Real Decreto-Ley, convalidado posteriormente por el Parlamento. Una solución que requiere extraordinaria y urgente necesidad, es cierto, pero que ha sido profusamente utilizada, muy especialmente en los últimos años de gobierno del Partido Popular. Pero aun con el Parlamento disuelto por una tercera cita electoral, la Diputación Permanente podría realizar la convalidación –vía art. 57 del Reglamento de la Cámara, en relación con el 86 de la Constitución–. El problema real más grave que aborda hoy la Seguridad Social es su situación de desequilibrio financiero anual en más de un 1% del PIB –en 2016 puede superar el 1,5%, más de 16.000 millones de euros–. Pese a la pasividad que esta situación ha encontrado en una parte relevante del espectro político, no hemos sido pocos (aunque claramente aún no suficientes) quienes desde hace tiempo venimos señalando la urgencia de tomar decisiones.
Pregunta: ¿Qué fórmula proponen para la reactivación del Sistema de Dependencia? Es decir, ¿cómo se podría aumentar la incorporación al SAAD de esos dependientes que están en lista de espera?
Respuesta:Con un compromiso firme de financiación que permita asegurar la atención de todas las personas en situación de dependencia que aún no perciben prestaciones, aproximadamente 450.000 personas, 375.601 beneficiarios reconocidos ya como dependientes que se encuentran a la espera de que se les asigne una prestación efectiva, más las personas que han solicitado el reconocimiento de la situación de dependencia y que aún están a la espera del dictamen. Para atender a la esta lista de espera, la única garantía presupuestaria adicional a los recursos de los que ya dispone el sistema, se encuentra recogida en los Presupuestos Generales del Estado para financiar el nivel mínimo, pero se limita a unos 200 millones de euros adicionales. En CC OO calculamos que el coste real de la atención de estas 450.000 nuevos dependientes rondaría los 2.500 millones de euros, de modo que la única garantía presupuestaria existente apenas supone el 8% de lo que realmente se necesita.
Pregunta: ¿Qué ha fallado, principalmente, para que no se estén cumpliendo los objetivos marcados en el calendario de aplicación de la Ley de Dependencia?
Respuesta:No hay un compromiso firme y suficiente del Estado central para colaborar con las comunidades autónomas en la garantía del nivel de financiación adecuado. Tras las elecciones autonómicas, los nuevos gobiernos de las comunidades concentraron sus esfuerzos en retomar el proceso de implantación del Sistema de Dependencia y, fruto de ello, en la segunda mitad de aquel año el número de nuevos beneficiarios creció a un ritmo del 12,37% (92.162 nuevos dependientes atendidos). Sin embargo, en lo que llevamos de 2016, este ritmo se ha reducido a menos de la mitad y apenas se sitúa en el 5,18% (41.212 nuevos beneficiarios). Tras las elecciones de mayo de 2015 los nuevos gobiernos autonómicos concentraron sus esfuerzos en reducir este fenómeno y, en la segunda mitad de aquel año, se redujo la lista de espera en más de 58.000 personas, una minoración del 13,43%. Pero, en 2016, este ritmo se ha ralentizado y, en los primeros siete meses de año, solo se redujo en 8.725 personas, una reducción de tan solo el 2,27%. De hecho, de mantenerse constante el ritmo de reducción de la lista de espera de los últimos meses, serán necesarias décadas para atender a todas estas personas. Por otra parte, la forma en la que se está atendiendo a los nuevos beneficiarios también es motivo de preocupación, ya que está comenzando a resurgir el fenómeno de la prestación económica de cuidado familiar que, recordemos, es mucho más barata que un servicio profesional. Si bien en la segunda mitad de 2015 fue generalizada la reducción de este tipo de prestaciones en la práctica totalidad de territorios, durante los primeros siete meses de 2016 han sido nueve comunidades las que han registrado un incremento de la prestación económica de cuidado familiar superior al de los servicios profesionales.
Pregunta: En lo que respecta a la sanidad, ¿por qué se refieren a un “injusto diseño” establecido en el copago farmacéutico?
Respuesta:Porque los pensionistas nos hemos visto especialmente afectados por la exclusión de más de 450 medicamentos de la financiación pública. Ciertamente, conviene hacer revisiones periódicas de los medicamentos financiados y asegurarse de que su eficacia es la adecuada, máxime en un país donde el gasto farmacéutico es excesivo. Sin embargo, entre los medicamentos excluidos se encuentran algunos definidos como esenciales por la OMS y otros que son necesarios para tratar síntomas de diversas enfermedades, tanto agudas como crónicas. La exclusión de la financiación pública ha producido, además, un aumento de los precios en su venta libre. En definitiva, se ha producido un incremento de las desigualdades en el acceso al levantar una barrera económica, infranqueable para muchas personas. Hay que mejorar la transparencia, información y participación en este tipo de decisiones, evitando que se generen problemas en la continuidad de los tratamientos y en el acceso a medicamentos eficaces y necesarios. Cabe señalar que la modificación del copago en la prestación farmacéutica, introducida en 2012, ha generado distorsiones y desequilibrios que deben ser revisados.
Pregunta: ¿En qué les consta se haya reducido la cobertura de los servicios públicos de salud? ¿Se puede recuperar?
Respuesta:Principalmente, en los casos de hospitales y servicios sanitarios, competencia de las comunidades (reducción o supresión de servicios de urgencias, cierres de plantas en hospitales, reducción de horarios de atención y aumento de las listas de espera), está favoreciendo una privatización suave del sistema público de salud. Hemos denunciado la reducción de la cartera de prestaciones, exclusión del transporte de enfermos, exclusión de prestaciones ortoprotésicas, etcétera. Es urgente recuperar, y aún aumentar, la cartera de prestaciones sanitarias que más influyen en la calidad de vida de los mayores (asistencia buco-dental, fisioterapia, nutricionistas, gerontólogos, etcétera) Hoy, más que nunca, es necesario contar con servicios públicos que den adecuada respuesta a las necesidades de atención de la población mayor. Junto a los necesarios servicios sociales y de atención a la dependencia, es imprescindible reforzar el Sistema Nacional de Salud (SNS) y su capacidad de respuesta ante el envejecimiento, la cronicidad y la mayor demanda derivada de las patologías asociadas a la edad. Un SNS que cuente con los recursos económicos, profesionales y tecnológicos para hacer frente a los exigentes retos que tiene por delante; que garantice la universalidad en el acceso a los servicios sanitarios; que ofrezca una cartera de servicios adecuada a las necesidades de la población; que fomente la participación ciudadana y profesional en su gobierno; que asegure la equidad, la calidad y la cohesión en el conjunto del SNS; y que potencie el buen gobierno, con transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, la política de recortes sufrida a lo largo de estos años ha afectado negativamente a la capacidad del servicio público sanitario, y de forma relevante a puntos críticos en la atención a las personas mayores. Hay que corregir una política que ha implicado que, entre 2009 y 2014, la sanidad pública haya reducido su gasto en 8.614 millones de euros, un 12,2% menos.
Respuesta:El mensaje que se quiere transmitir a la sociedad y, principalmente, a los pensionistas y jubilados es que hay soluciones distintas a las que nos proponen y que se puede garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, y reclamamos el compromiso público de los partidos políticos, pues el sistema público de pensiones es perfectamente sostenible y basta para ello mejorar su actual estructura de ingresos, y que debe retomarse urgentemente el Pacto de Toledo, de modo que las medidas nazcan del acuerdo político y social más amplio posible. Cuando se dieron acuerdos para el sistema de pensiones siempre dio buen resultado. Lo mismo ocurre con los recortes en sanidad y en dependencia que, por cierto, todo lo que se invierte en dependencia se recupera con la creación de puestos de trabajo.
Pregunta: ¿Cuál es la postura del sindicato ante la posibilidad planteada por el Gobierno en funciones de no revalorizar las pensiones en 2017?
Respuesta:En CC OO denunciamos el discurso planteado por el Gobierno en funciones argumentando que, si no hay investidura de un nuevo presidente, no es posible la revalorización de las pensiones en 2017 (utilizando ese mismo argumento para la subida salarial de los empleados públicos). Una afirmación que no es cierta. La revalorización de las pensiones puede producirse con un Gobierno en funciones, por razones de urgencia o interés general –art. 21 de la Ley del Gobierno–, mediante varias vías. La más rápida es mediante un Real Decreto-Ley, convalidado posteriormente por el Parlamento. Una solución que requiere extraordinaria y urgente necesidad, es cierto, pero que ha sido profusamente utilizada, muy especialmente en los últimos años de gobierno del Partido Popular. Pero aun con el Parlamento disuelto por una tercera cita electoral, la Diputación Permanente podría realizar la convalidación –vía art. 57 del Reglamento de la Cámara, en relación con el 86 de la Constitución–. El problema real más grave que aborda hoy la Seguridad Social es su situación de desequilibrio financiero anual en más de un 1% del PIB –en 2016 puede superar el 1,5%, más de 16.000 millones de euros–. Pese a la pasividad que esta situación ha encontrado en una parte relevante del espectro político, no hemos sido pocos (aunque claramente aún no suficientes) quienes desde hace tiempo venimos señalando la urgencia de tomar decisiones.
Pregunta: ¿Qué fórmula proponen para la reactivación del Sistema de Dependencia? Es decir, ¿cómo se podría aumentar la incorporación al SAAD de esos dependientes que están en lista de espera?
Respuesta:Con un compromiso firme de financiación que permita asegurar la atención de todas las personas en situación de dependencia que aún no perciben prestaciones, aproximadamente 450.000 personas, 375.601 beneficiarios reconocidos ya como dependientes que se encuentran a la espera de que se les asigne una prestación efectiva, más las personas que han solicitado el reconocimiento de la situación de dependencia y que aún están a la espera del dictamen. Para atender a la esta lista de espera, la única garantía presupuestaria adicional a los recursos de los que ya dispone el sistema, se encuentra recogida en los Presupuestos Generales del Estado para financiar el nivel mínimo, pero se limita a unos 200 millones de euros adicionales. En CC OO calculamos que el coste real de la atención de estas 450.000 nuevos dependientes rondaría los 2.500 millones de euros, de modo que la única garantía presupuestaria existente apenas supone el 8% de lo que realmente se necesita.
Pregunta: ¿Qué ha fallado, principalmente, para que no se estén cumpliendo los objetivos marcados en el calendario de aplicación de la Ley de Dependencia?
Respuesta:No hay un compromiso firme y suficiente del Estado central para colaborar con las comunidades autónomas en la garantía del nivel de financiación adecuado. Tras las elecciones autonómicas, los nuevos gobiernos de las comunidades concentraron sus esfuerzos en retomar el proceso de implantación del Sistema de Dependencia y, fruto de ello, en la segunda mitad de aquel año el número de nuevos beneficiarios creció a un ritmo del 12,37% (92.162 nuevos dependientes atendidos). Sin embargo, en lo que llevamos de 2016, este ritmo se ha reducido a menos de la mitad y apenas se sitúa en el 5,18% (41.212 nuevos beneficiarios). Tras las elecciones de mayo de 2015 los nuevos gobiernos autonómicos concentraron sus esfuerzos en reducir este fenómeno y, en la segunda mitad de aquel año, se redujo la lista de espera en más de 58.000 personas, una minoración del 13,43%. Pero, en 2016, este ritmo se ha ralentizado y, en los primeros siete meses de año, solo se redujo en 8.725 personas, una reducción de tan solo el 2,27%. De hecho, de mantenerse constante el ritmo de reducción de la lista de espera de los últimos meses, serán necesarias décadas para atender a todas estas personas. Por otra parte, la forma en la que se está atendiendo a los nuevos beneficiarios también es motivo de preocupación, ya que está comenzando a resurgir el fenómeno de la prestación económica de cuidado familiar que, recordemos, es mucho más barata que un servicio profesional. Si bien en la segunda mitad de 2015 fue generalizada la reducción de este tipo de prestaciones en la práctica totalidad de territorios, durante los primeros siete meses de 2016 han sido nueve comunidades las que han registrado un incremento de la prestación económica de cuidado familiar superior al de los servicios profesionales.
Pregunta: En lo que respecta a la sanidad, ¿por qué se refieren a un “injusto diseño” establecido en el copago farmacéutico?
Respuesta:Porque los pensionistas nos hemos visto especialmente afectados por la exclusión de más de 450 medicamentos de la financiación pública. Ciertamente, conviene hacer revisiones periódicas de los medicamentos financiados y asegurarse de que su eficacia es la adecuada, máxime en un país donde el gasto farmacéutico es excesivo. Sin embargo, entre los medicamentos excluidos se encuentran algunos definidos como esenciales por la OMS y otros que son necesarios para tratar síntomas de diversas enfermedades, tanto agudas como crónicas. La exclusión de la financiación pública ha producido, además, un aumento de los precios en su venta libre. En definitiva, se ha producido un incremento de las desigualdades en el acceso al levantar una barrera económica, infranqueable para muchas personas. Hay que mejorar la transparencia, información y participación en este tipo de decisiones, evitando que se generen problemas en la continuidad de los tratamientos y en el acceso a medicamentos eficaces y necesarios. Cabe señalar que la modificación del copago en la prestación farmacéutica, introducida en 2012, ha generado distorsiones y desequilibrios que deben ser revisados.
Pregunta: ¿En qué les consta se haya reducido la cobertura de los servicios públicos de salud? ¿Se puede recuperar?
Respuesta:Principalmente, en los casos de hospitales y servicios sanitarios, competencia de las comunidades (reducción o supresión de servicios de urgencias, cierres de plantas en hospitales, reducción de horarios de atención y aumento de las listas de espera), está favoreciendo una privatización suave del sistema público de salud. Hemos denunciado la reducción de la cartera de prestaciones, exclusión del transporte de enfermos, exclusión de prestaciones ortoprotésicas, etcétera. Es urgente recuperar, y aún aumentar, la cartera de prestaciones sanitarias que más influyen en la calidad de vida de los mayores (asistencia buco-dental, fisioterapia, nutricionistas, gerontólogos, etcétera) Hoy, más que nunca, es necesario contar con servicios públicos que den adecuada respuesta a las necesidades de atención de la población mayor. Junto a los necesarios servicios sociales y de atención a la dependencia, es imprescindible reforzar el Sistema Nacional de Salud (SNS) y su capacidad de respuesta ante el envejecimiento, la cronicidad y la mayor demanda derivada de las patologías asociadas a la edad. Un SNS que cuente con los recursos económicos, profesionales y tecnológicos para hacer frente a los exigentes retos que tiene por delante; que garantice la universalidad en el acceso a los servicios sanitarios; que ofrezca una cartera de servicios adecuada a las necesidades de la población; que fomente la participación ciudadana y profesional en su gobierno; que asegure la equidad, la calidad y la cohesión en el conjunto del SNS; y que potencie el buen gobierno, con transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, la política de recortes sufrida a lo largo de estos años ha afectado negativamente a la capacidad del servicio público sanitario, y de forma relevante a puntos críticos en la atención a las personas mayores. Hay que corregir una política que ha implicado que, entre 2009 y 2014, la sanidad pública haya reducido su gasto en 8.614 millones de euros, un 12,2% menos.
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