Los recortes siembran la incertidumbre respecto a la sostenibilidad futura del SAAD
Según los Presupuestos Generales del Estado, desaparece el nivel acordado para la dependencia, es decir, las comunidades dejarán de recibir del Gobierno la cantidad que les correspondía para aplicar la norma
El mes de abril ha marcado un nuevo capítulo en la enrevesada historia de la aplicación de la Ley de Dependencia. Este último ha sido, para muchos profesionales, un episodio que marca un antes y un después y que evidencia una falta de compromiso por parte del Gobierno central y un incumplimiento de las obligaciones que se establecen en el modelo de financiación de la norma. Pero, ¿cuál es el paso que ha dado el Gobierno y que ha levantado tantas alarmas en las últimas semanas? Una vez más, hay que remontarse a la crisis económica en la que está inmersa el país para trazar una clara cronología de los hechos.
El Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público fue el responsable directo de que, el pasado mes de febrero, el Gobierno decidiese retrasar al 1 de enero de 2013 la aplicación de la Ley de Dependencia para nuevos beneficiarios, que establecía la incorporación al sistema de los dependientes moderados a partir de este 1 de enero. Con esta modificación, que afectaba drásticamente al calendario de aplicación de la norma con esta moratoria de un año, la Ley de Dependencia se veía alterada en pro de la reducción del déficit, un hecho que despertó inmediatamente la preocupación del sector.
Después de esta decisión, poco apropiada para algunos y necesaria para otros, el Gobierno de Mariano Rajoy presenta el Anteproyecto de Ley de Presupuestos para el ejercicio de 2012. El gasto en total en ministerios se reduciría, según lo previsto para este año, en un 16,9% pero, ¿cuál es la carga que pesará sobre el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD)?
Desgranando los datos por departamentos, en el anteproyecto se establece que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad dispondrá de un montante de 2.309,2 millones de euros, una cifra que supone una reducción del 13,65% sobre el prorrogado de 2011. Esta medida, según fuentes del Ministerio, “está en línea con la política de austeridad que ha marcado la elaboración de estas cuentas”.
En lo que respecta al presupuesto asignado para la financiación del SAAD, éste recibirá 1.407 millones de euros, es decir, más del 60% del total que recibe el Ministerio. La letra pequeña, sin embargo, implica un fuerte golpe para el SAAD, ya que la Administración General del Estado (AGE) suprime su aportación establecida en el nivel acordado, lo que supone un recorte de 283 millones de euros -este nivel es el representado por el apoyo económico que la AGE entrega a las comunidades y que así está establecido por ley-.
Desde la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED) denuncian que “la Ley de Dependencia, que lucha por sobrevivir entre impagos desde 2006, ha sufrido una nueva embestida en los PGE al quedar eliminada de las cuentas públicas una parte del montante destinado al desarrollo de esta norma”. El presidente de la patronal, José Alberto Echevarría, mostró su preocupación por los recortes y los calificó como “un gravísimo error que pone en peligro no sólo la supervivencia de numerosísimas empresas, sino el puesto de trabajo de miles de personas”.
En la misma línea se posiciona Jaime Esteban García, coordinador estatal de las Plataformas en Defensa de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, que apunta que “esto va a afectar directamente a la calidad de vida de las personas en situación de dependencia, a sus familiares y a todos los trabajadores del sector”. Y añade que “un empeoramiento de la gestión y una disminución, o casi desaparición, de las inversiones necesarias para la mejora de la aplicación de la ley en todas las comunidades” serán sólo las primeras consecuencias de esta decisión.
Trinidad Jiménez, secretaria de Política Social del PSOE, va más allá y alerta de que “el recorte del Gobierno vulnera la propia Ley de Dependencia en numerosos artículos -entre ellos el 7 y el 10-, ya que el nivel acordado es una obligación para el Estado y, por tanto, se puede minorar pero no eliminar”.
Consecuencias directas
Haciendo un pronóstico de futuro, Jaime-Esteban García desgrana para entremayores algunos de los efectos que podrían tener esta supresión sobre las comunidades: “retrasar la resolución de todos los expedientes pendientes; continuarán más de 300.000 españoles en las listas de espera del limbo de la dependencia; y afectará a la vida de las mujeres españolas, que constituyen el 90% de los cuidadores y de los trabajadores de la dependencia, empeorando la conciliación de la vida familiar y laboral”.
José Alberto Echevarría, por su parte, insiste en que “en estos recortes no se apuesta por los servicios profesionales, como mandaba la propia ley, sino que se siguen manteniendo los cuidados informales, que sólo producen gasto, sin retorno económico y sin creación de puestos de trabajo”. En ello también coincide Jaime-Esteban García, que opina que “mientras se siga pensando que la ley es un gasto siempre habrá motivos para recortar. Si entienden que es una inversión social que genera importantes retornos económicos y sobre el empleo, apostarán por esta ley”.
El hecho de que las comunidades dejen de ser receptoras de esta cantidad económica por parte del Estado acentúa más, si cabe, la desigualdad que actualmente existe entre las regiones en lo que respecta a la aplicación de la ley. De esta forma, España caminaría hacía la fórmula de 17 modelos diferentes en vez de hacia la consolidación de un sistema único que tanto reclaman los profesionales del sector.
Almudena Fontecha, secretaria para la Igualdad de UGT, opina que “no cabe duda de que la diferencia de aplicación entre los territorios se va a incrementar, pero no olvidemos que en los presupuestos presentados por el Imserso los beneficiarios presupuestados, que para este año se ven reducidos de forma importante respecto al año pasado, se cifran en 790.000, llamando, más si cabe, la atención el argumento esgrimido, en el que el descenso de los beneficiarios se debe al ritmo desigual de gestión de las comunidades en el proceso de valoración de las solicitudes recibidas y en el reconocimiento de las prestaciones. En definitiva, no sólo se incumple la norma que establece que el plazo de resolución de las comunidades no debe exceder de los seis meses, sino que incluso se avala por la vía presupuestaria este incumplimiento, reduciendo drásticamente el número de beneficiarios”. Según la representante del sindicato, por lo tanto, los principales perjudicados serán, una vez más, los ciudadanos.
En este punto, se podría predecir que aquellas regiones que presentan retrasos en la resolución de expedientes y pago de prestaciones se toparán con mayores dificultades a la hora de dirigir la Ley de Dependencia hacia una buena gestión. Éste es el caso, por ejemplo, de Canarias, Comunidad Valenciana o las Islas Baleares, situadas a la cola en la aplicación de la norma, y que verán incrementada su dificultad para hacer frente a las prestaciones, ya sean económicas o de servicios.
Como coordinador de las Plataformas en Defensa de la Ley, Jaime-Estaban García señala que las regiones más perjudicadas, en principio, serán Cantabria, La Rioja, Andalucía, Castilla y León, etcétera, es decir, “aquellas que habían apostado por el desarrollo de la ley potenciando los servicios sociales de base, las inversiones en infraestructuras con la creación y dotación de los servicios ofertados en el catálogo de la ley: centros de día y de noche, servicio de ayuda a domicilio o residencias”.
“La estrategia acordada en el Consejo Interterritorial del SAAD, mucho nos tememos, va a igualar a las comunidades por abajo, salvo que aquellas comunidades que están apostando por los servicios sociales y el desarrollo justo de la ley mejoren en sus presupuestos autonómicos las partidas que aborden las inversiones necesarias para crear empleo de calidad, servicios de calidad y la atención adecuada a las personas en situación de dependencia”, añade.
Desde UGT, por su parte, no consideran que “las comunidades sufran una nueva carga, sino que van a dejar de percibir determinadas cuantías pero a la vez no tendrán el compromiso legal de tener que aportar esas mismas cuantías que ha aportado el Estado. Por tanto, el gran perjudicado es el beneficiario”, señala Almudena Fontecha.
El enigma del nivel mínimo
Dejando a un lado el nivel acordado, el nivel mínimo para la dependencia aumentará, según lo previsto en los PGE, un 18,7%, es decir, estará dotado con 203 millones de euros más. Así lo reflejan las cuentas presentadas por el Gobierno central, aunque la secretaria de Política Social de PSOE tiene sus reservas al respecto de este tema: “El supuesto incremento de los créditos correspondientes al nivel mínimo de protección no es tal. En los PGE el nivel mínimo se cifra en 1.287 millones de euros y, aunque esta cifra es superior al presupuesto inicial de 2011 -1.084 millones de euros-, es necesario contar que se corresponde aproximadamente con la cifra del presupuesto final ejecutado, ya que en 2011 se suplementó el crédito del nivel mínimo en 202 millones de euros, de tal manera que la cifra final se situó en 1.286 millones. Por tanto, no es verdad que se aumente esta dotación presupuestaria”, explica Trinidad Jiménez. Además, añade, “no se puede pretender compensar la eliminación del nivel acordado con este supuesto aumento de los créditos, ya que el nivel mínimo es una obligación de la AGE y, en caso de insuficiencia presupuestaria, se tiene que suplementar como se ha venido haciendo en los últimos ejercicios presupuestarios”.
De esta forma, tal y como detalla también el coordinador estatal de las Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia, “el aumento del 18,7% viene a igualar este nivel mínimo de ejecución, por lo que realmente no existe este aumento de la partida del nivel mínimo en los PGE”.
Objetivo único: garantizar la viabilidad del SAAD
Unos y otros alertan, en definitiva, sobre la difícil sostenibilidad del Sistema de Dependencia, que parece tambalearse en un momento en el que de él se benefician más de 750.000 personas.
La secretaria de Política Social de CC OO, Rosana Costa, apunta que “lo más urgente no es arreglar lo económico sino asegurar el blindaje político y social con el que nació la Ley de Dependencia. Sólo la reedición del acuerdo social amplio que dio origen a la ley y a todos sus desarrollos puede garantizar la viabilidad a largo plazo del sistema de dependencia”. Y añade que, si se rompe este consenso, “por mucho dinero que pueda llegar en un futuro, el modelo de atención que quiera imponer cualquiera de las partes correrá un alto riesgo de ser desmontado una vez que esa visión ya no esté en el Gobierno, porque en definitiva se tratará sólo de una visión parcial”.
Muchas son las fuentes que comparten esta visión que alude a la voluntad política del momento como responsable de poner en riesgo el Estado de Bienestar, cuando éste debería ser diseñado partiendo “de la negociación y el acuerdo de todas las partes, ya que ésta es la mejor fórmula que garantizará su sostenibilidad a largo plazo”, opina Costa.
Por encima de todo, el principal escollo que hay que salvar para asegurar dicha sostenibilidad parece ser el económico. Por ello, Almudena Fontecha recuerda que “no se trata sólo de una ley de derechos, sino que su cumplimiento va a generar retornos económicos que no se están teniendo en cuenta. Por tanto, esta ley y sus beneficiarios no pueden ser objeto de recortes presupuestarios, sino que se debe consignar la cuantía correspondiente para atender a estas personas, y a la vez, reforzar el propio sistema a través del desarrollo de los servicios y la generación de empleo. Así, a la hora de presupuestar este sistema, podremos disponer de una partida de gastos y, paralelamente, de una partida de ingresos que con el correspondiente grado de implantación de la ley acabarán equiparándose”, concluye.
Es en ese punto donde la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia también está insistiendo. “El Gobierno no acierta con la reducción económica en los presupuestos para la dependencia ya que nuestro sector es generador de riqueza”, advierten desde la patronal.
>> Entrevista con Trinidad Jiménez
>> Qué opinan desde UGT y CC OO
Pregunta:
Respuesta:
El Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público fue el responsable directo de que, el pasado mes de febrero, el Gobierno decidiese retrasar al 1 de enero de 2013 la aplicación de la Ley de Dependencia para nuevos beneficiarios, que establecía la incorporación al sistema de los dependientes moderados a partir de este 1 de enero. Con esta modificación, que afectaba drásticamente al calendario de aplicación de la norma con esta moratoria de un año, la Ley de Dependencia se veía alterada en pro de la reducción del déficit, un hecho que despertó inmediatamente la preocupación del sector.
Después de esta decisión, poco apropiada para algunos y necesaria para otros, el Gobierno de Mariano Rajoy presenta el Anteproyecto de Ley de Presupuestos para el ejercicio de 2012. El gasto en total en ministerios se reduciría, según lo previsto para este año, en un 16,9% pero, ¿cuál es la carga que pesará sobre el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD)?
Desgranando los datos por departamentos, en el anteproyecto se establece que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad dispondrá de un montante de 2.309,2 millones de euros, una cifra que supone una reducción del 13,65% sobre el prorrogado de 2011. Esta medida, según fuentes del Ministerio, “está en línea con la política de austeridad que ha marcado la elaboración de estas cuentas”.
En lo que respecta al presupuesto asignado para la financiación del SAAD, éste recibirá 1.407 millones de euros, es decir, más del 60% del total que recibe el Ministerio. La letra pequeña, sin embargo, implica un fuerte golpe para el SAAD, ya que la Administración General del Estado (AGE) suprime su aportación establecida en el nivel acordado, lo que supone un recorte de 283 millones de euros -este nivel es el representado por el apoyo económico que la AGE entrega a las comunidades y que así está establecido por ley-.
Desde la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED) denuncian que “la Ley de Dependencia, que lucha por sobrevivir entre impagos desde 2006, ha sufrido una nueva embestida en los PGE al quedar eliminada de las cuentas públicas una parte del montante destinado al desarrollo de esta norma”. El presidente de la patronal, José Alberto Echevarría, mostró su preocupación por los recortes y los calificó como “un gravísimo error que pone en peligro no sólo la supervivencia de numerosísimas empresas, sino el puesto de trabajo de miles de personas”.
En la misma línea se posiciona Jaime Esteban García, coordinador estatal de las Plataformas en Defensa de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, que apunta que “esto va a afectar directamente a la calidad de vida de las personas en situación de dependencia, a sus familiares y a todos los trabajadores del sector”. Y añade que “un empeoramiento de la gestión y una disminución, o casi desaparición, de las inversiones necesarias para la mejora de la aplicación de la ley en todas las comunidades” serán sólo las primeras consecuencias de esta decisión.
Trinidad Jiménez, secretaria de Política Social del PSOE, va más allá y alerta de que “el recorte del Gobierno vulnera la propia Ley de Dependencia en numerosos artículos -entre ellos el 7 y el 10-, ya que el nivel acordado es una obligación para el Estado y, por tanto, se puede minorar pero no eliminar”.
Consecuencias directas
Haciendo un pronóstico de futuro, Jaime-Esteban García desgrana para entremayores algunos de los efectos que podrían tener esta supresión sobre las comunidades: “retrasar la resolución de todos los expedientes pendientes; continuarán más de 300.000 españoles en las listas de espera del limbo de la dependencia; y afectará a la vida de las mujeres españolas, que constituyen el 90% de los cuidadores y de los trabajadores de la dependencia, empeorando la conciliación de la vida familiar y laboral”.
José Alberto Echevarría, por su parte, insiste en que “en estos recortes no se apuesta por los servicios profesionales, como mandaba la propia ley, sino que se siguen manteniendo los cuidados informales, que sólo producen gasto, sin retorno económico y sin creación de puestos de trabajo”. En ello también coincide Jaime-Esteban García, que opina que “mientras se siga pensando que la ley es un gasto siempre habrá motivos para recortar. Si entienden que es una inversión social que genera importantes retornos económicos y sobre el empleo, apostarán por esta ley”.
El hecho de que las comunidades dejen de ser receptoras de esta cantidad económica por parte del Estado acentúa más, si cabe, la desigualdad que actualmente existe entre las regiones en lo que respecta a la aplicación de la ley. De esta forma, España caminaría hacía la fórmula de 17 modelos diferentes en vez de hacia la consolidación de un sistema único que tanto reclaman los profesionales del sector.
Almudena Fontecha, secretaria para la Igualdad de UGT, opina que “no cabe duda de que la diferencia de aplicación entre los territorios se va a incrementar, pero no olvidemos que en los presupuestos presentados por el Imserso los beneficiarios presupuestados, que para este año se ven reducidos de forma importante respecto al año pasado, se cifran en 790.000, llamando, más si cabe, la atención el argumento esgrimido, en el que el descenso de los beneficiarios se debe al ritmo desigual de gestión de las comunidades en el proceso de valoración de las solicitudes recibidas y en el reconocimiento de las prestaciones. En definitiva, no sólo se incumple la norma que establece que el plazo de resolución de las comunidades no debe exceder de los seis meses, sino que incluso se avala por la vía presupuestaria este incumplimiento, reduciendo drásticamente el número de beneficiarios”. Según la representante del sindicato, por lo tanto, los principales perjudicados serán, una vez más, los ciudadanos.
En este punto, se podría predecir que aquellas regiones que presentan retrasos en la resolución de expedientes y pago de prestaciones se toparán con mayores dificultades a la hora de dirigir la Ley de Dependencia hacia una buena gestión. Éste es el caso, por ejemplo, de Canarias, Comunidad Valenciana o las Islas Baleares, situadas a la cola en la aplicación de la norma, y que verán incrementada su dificultad para hacer frente a las prestaciones, ya sean económicas o de servicios.
Como coordinador de las Plataformas en Defensa de la Ley, Jaime-Estaban García señala que las regiones más perjudicadas, en principio, serán Cantabria, La Rioja, Andalucía, Castilla y León, etcétera, es decir, “aquellas que habían apostado por el desarrollo de la ley potenciando los servicios sociales de base, las inversiones en infraestructuras con la creación y dotación de los servicios ofertados en el catálogo de la ley: centros de día y de noche, servicio de ayuda a domicilio o residencias”.
“La estrategia acordada en el Consejo Interterritorial del SAAD, mucho nos tememos, va a igualar a las comunidades por abajo, salvo que aquellas comunidades que están apostando por los servicios sociales y el desarrollo justo de la ley mejoren en sus presupuestos autonómicos las partidas que aborden las inversiones necesarias para crear empleo de calidad, servicios de calidad y la atención adecuada a las personas en situación de dependencia”, añade.
Desde UGT, por su parte, no consideran que “las comunidades sufran una nueva carga, sino que van a dejar de percibir determinadas cuantías pero a la vez no tendrán el compromiso legal de tener que aportar esas mismas cuantías que ha aportado el Estado. Por tanto, el gran perjudicado es el beneficiario”, señala Almudena Fontecha.
El enigma del nivel mínimo
Dejando a un lado el nivel acordado, el nivel mínimo para la dependencia aumentará, según lo previsto en los PGE, un 18,7%, es decir, estará dotado con 203 millones de euros más. Así lo reflejan las cuentas presentadas por el Gobierno central, aunque la secretaria de Política Social de PSOE tiene sus reservas al respecto de este tema: “El supuesto incremento de los créditos correspondientes al nivel mínimo de protección no es tal. En los PGE el nivel mínimo se cifra en 1.287 millones de euros y, aunque esta cifra es superior al presupuesto inicial de 2011 -1.084 millones de euros-, es necesario contar que se corresponde aproximadamente con la cifra del presupuesto final ejecutado, ya que en 2011 se suplementó el crédito del nivel mínimo en 202 millones de euros, de tal manera que la cifra final se situó en 1.286 millones. Por tanto, no es verdad que se aumente esta dotación presupuestaria”, explica Trinidad Jiménez. Además, añade, “no se puede pretender compensar la eliminación del nivel acordado con este supuesto aumento de los créditos, ya que el nivel mínimo es una obligación de la AGE y, en caso de insuficiencia presupuestaria, se tiene que suplementar como se ha venido haciendo en los últimos ejercicios presupuestarios”.
De esta forma, tal y como detalla también el coordinador estatal de las Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia, “el aumento del 18,7% viene a igualar este nivel mínimo de ejecución, por lo que realmente no existe este aumento de la partida del nivel mínimo en los PGE”.
Objetivo único: garantizar la viabilidad del SAAD
Unos y otros alertan, en definitiva, sobre la difícil sostenibilidad del Sistema de Dependencia, que parece tambalearse en un momento en el que de él se benefician más de 750.000 personas.
La secretaria de Política Social de CC OO, Rosana Costa, apunta que “lo más urgente no es arreglar lo económico sino asegurar el blindaje político y social con el que nació la Ley de Dependencia. Sólo la reedición del acuerdo social amplio que dio origen a la ley y a todos sus desarrollos puede garantizar la viabilidad a largo plazo del sistema de dependencia”. Y añade que, si se rompe este consenso, “por mucho dinero que pueda llegar en un futuro, el modelo de atención que quiera imponer cualquiera de las partes correrá un alto riesgo de ser desmontado una vez que esa visión ya no esté en el Gobierno, porque en definitiva se tratará sólo de una visión parcial”.
Muchas son las fuentes que comparten esta visión que alude a la voluntad política del momento como responsable de poner en riesgo el Estado de Bienestar, cuando éste debería ser diseñado partiendo “de la negociación y el acuerdo de todas las partes, ya que ésta es la mejor fórmula que garantizará su sostenibilidad a largo plazo”, opina Costa.
Por encima de todo, el principal escollo que hay que salvar para asegurar dicha sostenibilidad parece ser el económico. Por ello, Almudena Fontecha recuerda que “no se trata sólo de una ley de derechos, sino que su cumplimiento va a generar retornos económicos que no se están teniendo en cuenta. Por tanto, esta ley y sus beneficiarios no pueden ser objeto de recortes presupuestarios, sino que se debe consignar la cuantía correspondiente para atender a estas personas, y a la vez, reforzar el propio sistema a través del desarrollo de los servicios y la generación de empleo. Así, a la hora de presupuestar este sistema, podremos disponer de una partida de gastos y, paralelamente, de una partida de ingresos que con el correspondiente grado de implantación de la ley acabarán equiparándose”, concluye.
Es en ese punto donde la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia también está insistiendo. “El Gobierno no acierta con la reducción económica en los presupuestos para la dependencia ya que nuestro sector es generador de riqueza”, advierten desde la patronal.
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