Pregunta: ¿Cuáles son las principales líneas de actuación que tiene proyectadas para su responsabilidad como director general del Imserso?
Respuesta:La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha planteado, tanto ante la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados como en la del Senado, la necesidad de alcanzar un Pacto por la Sanidad y los Servicios Sociales para sentar las bases de un modelo de atención sostenible y de calidad en un marco de lealtad y respeto absoluto a las competencias de las comunidades autónomas. Evidentemente, este objetivo marca nuestras líneas de actuación y en este entorno venimos trabajando desde que me he incorporado a mi nueva responsabilidad en el Imserso. Un pacto ambicioso que tiene sus lógicas dificultades pero que, estamos seguros, es posible. Un pacto social y sanitario que tendrá su máxima expresión en una propuesta de Ley de Servicios Básicos que presentaremos a las Cortes Generales y para la que queremos conseguir un amplio consenso parlamentario sobre sus contenidos, igual que se alcanzó en el año 2006 con la Ley de Dependencia votada a favor por el Partido Popular. En ese marco de actuación, el principio básico y fundamental es la igualdad de oportunidades, teniendo como eje a las personas. Nuestro objetivo es mantener los pilares de la sociedad del bienestar, entre ellos nuestro Sistema de Servicios Sociales, logro al que ha contribuido el conjunto de la sociedad española y que tiene una valoración muy positiva por parte de la misma. Y no olvidemos que el Gobierno ha trabajado durante estos tres meses, y continúa trabajando, para que nuestro país vuelva a la senda del crecimiento y de la creación de empleo y ésta es la mejor política para garantizar el Estado del Bienestar. En definitiva, la cuestión prioritaria que tenemos que abordar, con diálogo permanente, consiste en establecer las garantías para que las personas mayores y las personas en situación de dependencia puedan acceder a un mismo catálogo de prestaciones y servicios con independencia de su edad, estado de salud, comunidad autónoma de residencia o viva en entornos urbanos o rurales.
Pregunta: Durante las dos últimas legislaturas de Juan Vicente Herrera ha sido consejero de Sanidad y de Familia e Igualdad de Oportunidades en Castilla y León. ¿De qué manera se valdrá de su experiencia para impulsar la demandada coordinación sociosanitaria?
Respuesta:Como usted bien dice, la mayor parte de mi vida profesional y política ha transcurrido en Castilla y León. En esta Comunidad he trabajado con diferentes equipos y siempre hemos intentado hacer bien las cosas, con rigor y dedicación. Más allá de ciertos logros que, desde luego, son fruto de una labor colectiva y de la profesionalidad de las personas que se han implicado en estos proyectos, esta experiencia me proporciona conocimiento y comprensión para detectar los problemas que se dan en el ámbito sociosanitario. Dentro del Pacto por la Sanidad y los Servicios Sociales, el Gobierno propondrá que se aborde la coordinación sociosanitaria para hacer el Sistema Sanitario y el de Servicios Sociales compatibles, funcionales y más eficientes. Con este pacto se implantará un modelo sociosanitario, por primera vez en España, de manera general. Por ello, en el proceso de elaboración de la Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud y del Catálogo de referencia de Servicios y Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, plantearemos la inclusión de un apartado de Servicios de Atención Sociosanitaria, como parte fundamental del Pacto. Así pues, de los resultados que logremos consensuar en los acuerdos sobre la sanidad y los servicios sociales dependerá directamente nuestra capacidad de implantar un modelo sociosanitario, por primera vez en nuestro país, que es clave para mejorar el cuidado de las personas porque los resultados en salud y en atención social son interdependientes. De la misma manera es fundamental optimizar los recursos disponibles, objetivo obligatorio en estos momentos de dura crisis socioeconómica. Tenemos el desafío de desarrollar el sistema de atención a la dependencia, en directa conexión con los servicios sociales, apoyado en las corporaciones locales y en un modelo de atención sociosanitaria.
Pregunta: La aplicación de la Ley de Dependencia en Castilla y León es un ejemplo a seguir en toda España. ¿En qué medida se está trabajando para lograr un único modelo de atención y no los actuales 17?
Respuesta:La entrada en vigor de la Ley se realizó de manera inadecuada por el anterior equipo socialista y con cierta precipitación. Su puesta en marcha se hizo sin la normativa adecuada de desarrollo, con carencia de liderazgo y participación a través del Consejo Territorial. Éstas, junto a otras causas, han ocasionado las actuales diferencias entre comunidades y que, en lugar de un modelo estructurado y cohesionado, tengamos 17 escenarios distintos. Además, quiero insistir en un hecho, en la etapa del Gobierno anterior, que contribuyó de manera decisiva a la existencia de tantas diferencias en la aplicación de la Ley. Me refiero a la falta de una dirección coordinada, por medio del Consejo Territorial, que impulsara la cohesión del Sistema de Atención. Estos últimos años, el Consejo Territorial no ejerció el impulso y la dirección que se necesitaba para la cohesión social de los servicios sociales. En este sentido, la evaluación y diagnóstico reales de la situación actual de la dependencia en España, en base a los resultados, es la primera tarea a realizar por el Consejo Territorial para la Atención a la Dependencia, concebido como un auténtico espacio de diálogo y trabajo conjunto, cooperativo y coordinado. En una primera impresión, parece que las previsiones para la elaboración de la Ley y su memoria económica han sido sobrepasadas en los aspectos fundamentales. Hay que reflexionar por qué ha sido. Con el soporte del Pacto por la Sanidad y los Servicios Sociales debemos trabajar, con la participación y apoyo de todas las autonomías y absoluto respeto a sus competencias, en dos grandes aspectos. El primero, definir un catálogo común de referencia de servicios sociales que nos debe permitir sentar las bases para la cohesión de estos recursos en todo el territorio nacional; y, si es posible, establecer criterios comunes para las prestaciones que en él se incluyan. Así como fomentar la sensibilización sobre un uso responsable y solidario de los servicios por parte de los usuarios, porque la sociedad española debe tomar conciencia del esfuerzo que requiere mantener unas políticas sociales de calidad. En segundo lugar, consideramos que es fundamental la simplificación del procedimiento para efectuar el reconocimiento de personas en situación de dependencia, a fin de que los posibles beneficiarios reciban las prestaciones a las que tienen derecho lo más rápido posible y que, ante las mismas valoraciones personales de dependencia, se reciban los mismos servicios y prestaciones. Para garantizar la igualdad de las personas usuarias en situación de dependencia hay que establecer criterios comunes para determinar su capacidad económica. Considero necesario introducir, en los criterios de financiación de la dependencia, una ponderación que incentive la atención por medio de equipamientos y servicios profesionalizados. Creo que este conjunto de propuestas manifiestan el compromiso inequívoco del Gobierno de España con la promoción de la autonomía personal y la atención de las situaciones de dependencia.
Pregunta: Recientemente, la ministra Ana Mato anunció la creación del Estatuto del Mayor. ¿Cuáles son las premisas que marcarán la elaboración de este documento?
Respuesta:Tenemos que avanzar, con la participación activa de los propios mayores a través de sus asociaciones y organizaciones como el Consejo Estatal de Personas Mayores, en el desarrollo de políticas de envejecimiento activo y potenciar, a su vez, las relaciones intergeneracionales. Una de nuestras actuaciones más importantes será la aprobación del nuevo Estatuto de las Personas Mayores. Es un compromiso personal del presidente del Gobierno y de la ministra. Mediante este Estatuto no sólo queremos que queden plasmados sus derechos frente a cualquier forma de discriminación, de violencia o de abuso -porque esos derechos ya están reconocidos el la Constitución y en las leyes-, también queremos que quede garantizada su participación social y su acceso a los servicios sociales. El pasado 14 de marzo se reunió la Comisión Permanente del Consejo Estatal de Mayores y acordó la creación de una Comisión de Trabajo que a diseñar el primer borrador de este Estatuto.
Pregunta: Este año se celebra el Año Europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional. ¿Qué medidas se pondrán en marcha para fomentarlo?
Respuesta:El Imserso tiene, entre sus competencias, el desarrollo de políticas y programas relacionados con el envejecimiento activo de la población. En este sentido, señalar que es el organismo encargado de coordinar las actividades de este Año Europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional. Su objetivo consiste en promover la creación en Europa de un envejecimiento activo y saludable en el marco de una sociedad para todas las edades. En el Comité de Organización del mismo se integran, por un lado, representantes de las administraciones públicas competentes en el ámbito del Estado, autonómico y local y, por otro, representantes del conjunto de partes involucradas como organizaciones de mayores, sindicatos, organizaciones empresariales, universidades, etcétera. Algunas de las actividades ya realizadas han sido la puesta en marcha del espacio web del Año Europeo 2012 en España y otro espacio en Facebook, como herramientas básicas de comunicación y difusión. El programa oficial incluye alrededor de 30 actividades a desarrollar en 2012. Están previstas, fundamentalmente, para sensibilizar a la sociedad y a las familias sobre el valor del envejecimiento y los derechos e inquietudes de las personas mayores y estimular el debate, y desarrollar estrategias innovadoras a largo plazo. En concreto, el 29 de este mes se celebra la “Jornada del Día Europeo de la Solidaridad Intergeneracional”.
Pregunta: El Consejo Estatal de las Personas Mayores es el encargado de canalizar hacia la Administración General del Estado las iniciativas y demandas de este colectivo. ¿Cree que este organismo debería tener más capacidad de decisión?
Respuesta:Quiero expresar, en primer lugar, que el Consejo Estatal de Mayores es un órgano colegiado de carácter consultivo, no sólo asesor. Su finalidad es institucionalizar la colaboración y participación de los mayores. Por ello, tiene como principales funciones la representación de este colectivo ante las instituciones y organizaciones de ámbito nacional e internacional; formular propuestas sobre líneas estratégicas y prioridades de actuación de las políticas dirigidas a los mayores; y promover la participación del movimiento asociativo en la sociedad. Prueba de su importancia es que un grupo de trabajo del Consejo va a elaborar las líneas básicas del Estatuto de las Personas Mayores, por lo que ellos van a intervenir directamente en lo que les afecta. De la misma forma, destacar el papel clave que para el actual Gobierno tiene el movimiento asociativo. Por primera vez en la historia democrática de España la ministra Ana Mato ha anunciado que presentará una Ley del Tercer Sector. Su finalidad es dotar de un marco de estabilidad y confianza a las entidades de acción social y permitirles seguir prestando una labor tan fundamental para la sociedad, las personas en situación de necesidad y sus familias.
Pregunta: ¿Qué medidas se impulsarán para que las personas mayores residentes en el medio rural puedan acceder en igualdad de condiciones a los servicios sociales básicos como los que viven en el medio urbano?
Respuesta:Decía anteriormente que la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos, al margen de su lugar de residencia, va a ser el eje principal de actuación del Gobierno central en esta legislatura que ahora comienza. Y la igualdad en el acceso a los servicios sociales de las personas que viven en los municipios de ámbito rural de España se debe enmarcar en este contexto. En el medio rural se dan una serie de circunstancias que hacen la labor preventiva y asistencial más necesaria y a su vez más compleja. Indicar, por ejemplo, sus mayores tasas de población mayor de 65 años que en muchas zonas supera el 40%; la dispersión de la población en grandes superficies; o la falta de apoyo de las familias a sus mayores por residir muchos de los hijos de estas personas en ciudades alejadas. Por ello, en el medio rural la necesidad de planificación, coordinación sociosanitaria e integración de servicios resulta más indispensable si cabe. Hay que trabajar con una visión clara de zonas sociosanitarias y de centros y servicios polivalentes tanto de carácter público como privado. La innovación y la imaginación en la gestión de estos centros y servicios rurales es más necesaria que nunca. Dentro del Pacto por la Sanidad y los Servicios Sociales abordaremos este tema para encontrar juntos soluciones a estos problemas, desde luego, sumando los esfuerzos de todas las administraciones públicas concernidas. Porque no podemos olvidar el gran esfuerzo desarrollado en este ámbito por las entidades locales, las comunidades autónomas y, muy especialmente, los ayuntamientos y las diputaciones, que, en materia de servicios sociales y de atención a las personas mayores, han mostrado una gran sensibilidad, con una dedicación y un esfuerzo no siempre suficientemente reconocido.