Con un año de retraso y apenas dos días antes del cambio de Gobierno, el anteriormente denominado Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad publicó el Libro Blanco de la Coordinación Sociosanitaria, un documento muy demandado que se plantea como base para una futura Estrategia Nacional. El Libro Blanco -la primera aproximación sistematizada al ámbito de la asistencia sociosanitaria en España- se divide en dos partes: la primera expone y analiza el estado actual de coordinación entre los sistemas social y sanitario en las distintas comunidades autónomas, así como otras experiencias realizadas en el ámbito internacional; mientras que, en la segunda parte, se aportan un conjunto de medidas concretas para poner en práctica, total o parcialmente, esa coordinación sociosanitaria en todo el Estado.
De la radiografía que ofrece el Libro Blanco sobre esta cuestión, se desprende un interés general por desarrollar fórmulas que promuevan la atención integral y la coordinación entre los sectores sanitario y social. Sin embargo, el documento deja claro que, tanto el grado de desarrollo como el ritmo de implantación de las diferentes iniciativas adoptadas por las administraciones autonómicas es muy dispar. No obstante, para la presidenta de la Sociedad Española de Asistencia Sociosanitaria (Seas), Stephanie Carretero, “el problema real no es tanto la disparidad de recursos, sino la falta de un sistema que permita la coordinación de los diferentes servicios, así como la implicación de todos los agentes y una participación activa de las personas usuarias”. Puntos en los que, precisamente, inciden los autores del Libro Blanco de la Coordinación Sociosanitaria, para quienes “virar hacia un modelo de coordinación sociosanitaria efectiva lleva aparejado un esfuerzo por parte de quienes asumen este reto. Supone un cambio de paradigma, una visión conjunta, global, modificaciones en la cultura de los sistemas y en las propias actitudes, debiendo apostar por la complementariedad frente al tradicional avance singular”.
Pero esto supone superar evidentes diferencias entre un sistema y el otro. Para empezar, el sanitario tiene más recorrido y está mucho más desarrollado que el de los servicios sociales y, aunque la Ley de Dependencia ha equiparado legalmente ambos niveles de asistencia, “aún hoy no se encuentran situados al mismo nivel ni percibidos (por ciudadanos y profesionales) en un estatus similar”, reza el Libro Blanco. En este sentido, aunque las propuestas que se ponen en marcha caminan hacia una mayor coordinación entre ambos sectores, el análisis del que parte el Libro Blanco establece que los avances más notorios se han dado a nivel macro, frente a un menor desarrollo iniciativas o proyectos a nivel micro.
A este respecto, los autores del Libro Blanco consideran positivas algunas medidas adoptadas a nivel estructural, como la creación de un Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad o la unificación en una misma consejería de  políticas sociales y sanitarias, algo que ocurre en Extremadura, La Rioja, Cantabria, Murcia, Islas Baleares, Aragón y Castilla-La Mancha. No obstante, sólo en el 30% de las autono- mías existe similitud entre los mapas sanitario y social, pues en la mayoría de las comunidades se detecta una demarcación territorial en la que no coinciden los servicios sociales y los sanitarios.

Cultura de la coordinación
Además de profundizar en estos aspectos del área organizativa, el Libro Blanco recomienda actuar con los profesionales de ambas áreas reforzando su formación e involucrándolos en lo que los autores del texto han llamado “cultura de la coordinación”, es decir, establecer canales de divulgación de conocimientos y experiencias para compartir las habilidades respectivas.  En esta relación profesional basada en la coordinación, no obstante, advierten de que es imperativo superar las actuales diferencias entre profesionales de uno y otro ámbito en cuanto a la rotación, el nivel salarial, etcétera. “No es razonable que profesionales de un mismo sistema, dependientes de una misma administración y con idénticos perfiles profesionales, no sean considerados por el mismo de una manera equivalente”, justifican los expertos que han evaluado la situación.
Existe otro aspecto a superar en la unificación de ambos sistemas: ahora mismo, en España la sanidad es gratuita, pero no así el sistema social, donde se establece una relación de copago entre las administraciones públicas y los ciudadanos para el acceso a recursos sociales.
Por otra parte, esta demandada coordinación no será efectiva sin un sistema de gestión común que facilite las intervenciones y evite duplicidades innecesarias. Asimismo, si algo debería caracterizar al nuevo sistema asistencial es el superar el actual modelo de atención de agudos por uno centrado en el paciente y su familia, que favorezca una valoración integral del usuario, garantice un abordaje interdisciplinar y dé prioridad a la calidad de vida y de la atención.
En todo este proceso, el aprovechamiento de las nuevas tecnologías se perfila como una herramienta clave: un sistema de información compartido y compatible entre el área social y la sanitaria mejoraría, por ejemplo, la identificación de las necesidades específicas de los usuarios de estos servicios y reforzaría la continuidad de la atención. A este respecto, ya existen iniciativas que permiten avanzar en este sentido: “Un buen ejemplo de ello es el trabajo realizado por el Instituto de Investigación Polibienestar de la Universitat de València en varias comunidades autónomas en el que, mediante el uso del Resident Assessment Instrument para la evaluación de personas usuarias y la aplicación de un software de asignación de recursos, entre otros, es posible conseguir itinerarios asistenciales eficientes”, explica la presidenta de Seas.
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Optimización de recursos
La eficiencia es, precisamente, una de las ventajas de implantar un mismo sistema que atienda las necesidades sociales y sanitarias pues, de esta forma, se optimizan los recursos públicos destinados a enfermos crónicos o personas en situación de dependencia. Sin embargo, el diseño y adaptación de una estrategia de coordinación sociosanitaria requiere también de una importante inversión económica. En una época de crisis económica y cuando se están realizando recortes en prácticamente todas las áreas de actuación, ¿es posible virar hacia este nuevo modelo? Para los principales agentes del Tercer Sector se debe realizar “un esfuerzo presupuestario generando vías de financiación alternativas que eviten recortes en los servicios existentes”. Además, advierten de que “la crisis económica no debe marcar en exclusividad la estrategia de coordinación porque pervertiría el sentido de la misma. Hay otros planteamientos de carácter filosófico que deben llevarnos al abordaje de un cambio de paradigma para mejorar las debilidades de nuestro modelo de atención”.  “El Gobierno debe estar convencido que la integración y coordinación de servicios suponen una inversión inicial que redunda, posteriormente, en una eficiencia y sostenibilidad del sistema de cuidados de larga duración. Diferentes programas como el SIPA en Canadá, HARP en Australia o Palko, en Finlandia, lo han demostrado”, recuerda Carretero.


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