Respuesta.- El modelo, como iniciativa estatal para su aplicación de forma global me parece positivo, porque demuestra que hay cierta sensibilidad para abordar el tema de los cuidados a las personas mayores. Por otro lado, al elaborar ese documento se han dado cuenta de que falta financiación y esto es muy bueno, porque el presupuesto para la atención a la dependencia se va repartir al 50% entre el Estado y las autonomías. En tercer lugar, la propuesta de crear un modelo marco para las residencias de todas las autonomías también es un avance, porque actualmente hay 17 normativas y esto es causa confusión.

Pero aquí acaba lo positivo, porque da la sensación de que el nuevo decreto se ha elaborado por personas que no entienden nada del sector. No se ha contado con las patronales, ni con los sindicatos, por lo tanto, se ha creado un modelo poco realista.

Está muy bien la iniciativa de apostar por unidades de convivencia, pero la ratio de trabajadores que se recomienda para cada unidad  de 15 usuarios, tanto de gerocultores como del resto de personal es, financieramente, insostenible. Por ejemplo, poner en marcha una residencia de 75 camas con cinco unidades de convivencia y con las ratios que se piden es imposible sin una financiación adecuada.

Lo mismo sucede con la ayuda a domicilio. En el nuevo modelo se plantea que los cuidadores estén a jornada completa y esto no es viable, porque hay que intensificar profesionales en ciertos horarios que hay más trabajo, y en los tramos de día que hay menos, tener menos personal.

Además, la figura de ‘asistente cuidador’ que recoge el documento no existe en nuestro convenio, hay gerocultor, pero nada más.

Por otro lado, tengo la sensación de que falta el componente sanitario, porque para las residencias es muy importante contar con una correcta atención sanitaria, y sanidad, en este nuevo modelo, no aparece por ningún lado, ni se ha consensuado con los responsables sanitarios.

Por todo esto, aunque la iniciativa es positiva, creo que es un modelo que no tiene mucho futuro si no se modifican algunos puntos. De hecho, solo dos comunidades autónomas han asumido estos cambios.

R.- Creo que debemos extraer lo bueno de esta iniciativa, pero también llevarlo al plano realista desde el punto de vista financiero, principalmente. Yo defiendo el modelo público-privado, pero para acceder a plazas concertadas en los centros, tiene que haber una iniciativa privada que las ponga en marcha. Lo que pasa es que sigue faltando financiación, sobre todo, por lo que ha pasado a raíz de la pandemia, falta de suministros, escasez de personal, etcétera.

Un modelo adecuado puede ser algo similar al que tenemos en Madrid, con unidades de convivencia de 25 personas; con edificios accesibles y confortables, donde se ofrecen servicios personalizados y terapias innovadoras; y con zonas verdes, aunque suele haber una común para todo el centro, porque es complicado construir un jardín independiente para cada unidad de convivencia.

Por lo tanto, es mucho más realista y factible un modelo similar al que tenemos en Madrid, que el que se propone a nivel nacional.

R.- Yo estoy en la comisión e patronales de Madrid, hablando con los directores generales sobre este tema. El acuerdo marco que se aprobó tiene una duración de cuatro años más una prórroga de dos años. Lo que sucede es que los costes para calcular los precios que contemplaba este acuerdo están obsoletos porque venían con datos de 2019, antes de la pandemia. Los precios de las plazas no se subían con el IPC y en ese momento se firmaron, pero las condiciones han cambiado mucho, porque hay una gran dificultad para asumir los costes. Tenemos mucho problema con el absentismo –que es muy alto–, han subido las materias primas, los suministros, etcétera.

Sin embargo, la Comunidad de Madrid es consciente de que no lo estamos pasando bien a nivel de costes y están muy proactivos para mejorar ese acuerdo marco y dar movilidad a todas las plazas concertadas que tenemos.

En este sentido, se están dando pasos importantes, nos reunimos mensualmente con la Comunidad de Madrid para darle forma a todo esto y ya nos han pedido un planteamiento de costes. Es decir, hay colaboración y buena voluntad, por lo que estoy seguro de que vamos a sacar un acuerdo muy competitivo para todos.

R.- Este nuevo decreto regional para la libre elección de los servicios proporciona poder compatibilizar servicios. Por ejemplo, en el caso de la teleasistencia se puede compaginar con ayuda a domicilio, centros de día, etcétera. 

Además, ofrece la posibilidad de elegir recurso, que es un avance muy importante y una de las principales reclamaciones de las familias. Pero volvemos al punto anterior. Si no se amplían las plazas concertadas, al final, no se puede elegir libremente porque están los centros llenos.

Es cierto que en nuestra comunidad todos los años se amplían unas 500 camas, esto va a facilitar toda la libre elección. Pero, insisto, se deben potenciar más las prestaciones económicas vinculadas al servicio para ampliar la libertad de elección. Así, los usuarios van donde eligen y si no están contentos, cambian de centro.

La opción de la prestación vinculada al servicio, un aporte económico que te dan mientras estás a la espera de una plaza concertada, es una solución a la escasez de camas. Con ella puedes elegir el centro que quieras como un usuario privado y, además, hace al sector ser más competitivo, porque, para que los usuarios no se vayan de esa residencia en la que entraron, cuidan más los servicios y la calidad. Pero para que esto pueda funcionar bien, habría que ampliar el número de plazas concertadas, porque de lo contrario, seguirán los usuarios esperando.

R.- Las listas se agilizan cada vez más, pero deberían ir mejor. Pero, si el avance de esas listas es importante, también es fundamental que cuando la persona elige la prestación adecuada a su caso, el recurso esté disponible. Estos dos factores tiene que ir de la mano. Es decir, deben avanzar las listas, pero tienen que haber recursos suficientes para cubrir esa demanda.

Las personas deben estar en su hogar, en su entorno, hasta que, por su condición física o psíquica, requiera otro tipo de atención y tengan que acudir a una residencia. Por eso, todo lo que sean cuidados intermedios como teleasistencia, ayuda a domicilio o centros de día, son recursos fundamentales que hay que potenciar, evidentemente. 

Aunque, insisto, es necesario impulsar las plazas concertadas para que cuando el usuario necesite los cuidados de un centro residencial, pueda acudir a él.

R.- Todos los recursos dirigidos a las personas mayores son muy positivos. Estos centros funcionan a modo de cooperativa y ellos mismos se organizan. A diferencia del cohousing en otros países de Europa, que tienen que dejar esta vivienda cuando son personas dependientes, en España no. En EE UU, por ejemplo, hay pueblos de cohousing; aquí, los proyectos son más pequeños, pero hay muchos en construcción y yo creo que, como paso intermedio, son estupendos, porque las personas que viven allí son muy independientes, deciden qué quieren comer, lo que quieren hacer, como quieren vivir… Por eso, en la medida que esas personas dejen de decidir y necesiten una residencia, para eso estamos nosotros, para atenderles.

Es un buen paso intermedio para envejecer bien y con calidad de vida.

R.- Las principales iniciativas que me he marcado al frente de la PAD son, en primer lugar, fortalecer la plataforma, generando más asociados para tener más fuerza de cara a la Administración; en segundo lugar, quiero impulsar una herramienta de gestión a través de la web que facilite el día a día a los socios. Por ejemplo, si alguien tiene una necesidad, que pueda publicarla en la web para que se la resolvamos, que se puedan compartir los currículum que nos llegan, siempre respetando la protección de datos, incluso hacer coloquios sobre las inspecciones que tenemos en los centros, par ayudarnos unos a otros. Porque hay muchos inspectores y no siempre se sigue el mismo criterio, y lo que sucede en un centro, puede ayudar a otros. 

Por otro lado, trabajaré para defender los derechos de los asociados y del sector. Hacer de interlocutores con la administración, conseguir un acuerdo marco justo para todos, para la comunidad, el usuario y la empresa.