La Fundación HelpAge International España ha presentado sus propuestas a los partidos políticos para que las incorporen en sus programas de cara a las elecciones del 29 de noviembre. La entidad reclama un cambio de mirada sobre las personas mayores y medidas integrales para construir una sociedad del bienestar inclusiva para todas las edades, donde envejecer no sea un freno para afrontar la vida con dignidad.

En España, las personas mayores suponen ya más de 10 millones de habitantes, algo más del 20% de la población. Las previsiones apuntan a que las personas mayores de 65 años superarán el 25% en 2030 y el 35,6% en 2050. La longevidad no es un problema que haya que resolver, sino una realidad para la que debemos prepararnos mediante políticas públicas adecuadas, subraya la organización.

En cuanto a derechos y protección, la entidad reclama que España siga participando activamente en el grupo de trabajo de Naciones Unidas para una futura Convención internacional sobre los Derechos de las Personas Mayores. Además, recuerdan la importancia de diseñar una Ley integral para los derechos de las personas mayores, con acciones contra el edadismo en todos los ámbitos de las políticas públicas y la puesta en marcha de una fiscalía especializada para proteger a las personas mayores frente a la violencia y la discriminación, y garantizar su acceso efectivo a la justicia, además de campañas de sensibilización contra el edadismo y de prevención de abusos y malos tratos.

En materia de pensiones, cuidados y empleo, HelpAge reclama “un acuerdo parlamentario para garantizar el Sistema Público de Pensiones, el cumplimiento íntegro del artículo 50 de la Constitución y la revalorización automática según el IPC, así como el desarrollo completo de la Ley de Dependencia, con los recursos aprobados recientemente en el Parlamento”.

De la misma manera, urgen el desarrollo de: planes especiales de empleo y servicios de orientación laboral para mayores de 55 años, y fórmulas de jubilación flexible voluntaria; y desgravaciones fiscales por la contratación privada de cuidados y asistencia personal para rentas no superiores a 100.000 euros anuales.

Sobre salud, vivienda y envejecimiento activo, la entidad insiste en la importancia de instaurar servicios especializados de geriatría y gerontología en todos los hospitales y centros sanitarios públicos; garantizar el derecho a la vivienda, impedir el desamparo y ofrecer ayudas para la accesibilidad que permitan envejecer en casa; y desarrollar un Plan social y cultural de Envejecimiento Activo y el fomento de los programas universitarios y la formación a lo largo de la vida.

Por último, la organización exige un Plan nacional de inclusión digital con comunidades autónomas y ayuntamientos, que garantice la alfabetización digital de la población mayor de 65 años y el acceso presencial a servicios públicos y bienes esenciales para quienes no usen medios tecnológicos, y la incorporación de la perspectiva de género y enfoque interseccional en las políticas dirigidas a mayores.

La presencia de organizaciones de personas mayores en consejos asesores y órganos colegiados de las administraciones y la creación de una Comisión Interparlamentaria Congreso-Senado y una Comisión Delegada Interministerial sobre longevidad y derechos de las personas mayores cierran las reclamaciones emitidas desde la entidad.