La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (ADGSS) presentó los datos relativos a su Índice DEC 2025 en el que describe la situación actual de los servicios sociales en España y su evolucón desde 2012. Según el documento, se confirma que el Sistema está “ampliamente consolidado, ya que todas las comunidades tienen una ley que reconoce derechos subjetivos, 14 tienen un catálogo de servicios que desarrolla esos derechos, 15 tienen integrada la Atención a la Dependencia en sus servicios sociales y 12 regiones cuentan con una planificación estratégica vigente.

En materia de relevancia económica, desde 2014 se incrementa el gasto que realizan las Administraciones públicas en servicios sociales. En 2024 este incremento fue de 27 millones respecto al año anterior. El porcentaje del presupuesto que destinan a servicios sociales aumenta dos décimas y se sitúa en el 10,4%. Por su parte, el porcentaje del PIB que supone este gasto se reduce por cuarto año consecutivo, y se sitúa en 1,75%, tras alcanzar su máximo nivel en 2020.

El informe refleja que la participación de las comunidades en la financiación del Sistema ha aumentado 4,82 puntos en los tres últimos años, pero la tendencia desde 2012 es decreciente: ese año fue 85,3% y, en 2024, 74,23%. “El incremento en 2022 y 2023 puede ser debido al aumento de financiación por parte del Ministerio de Derechos Sociales en Dependencia –600 millones más cada año– que repercute en el presupuesto de las comunidades”, apuntan desde la ADGSS.

El Índice concluye que 20 millones de personas –42% de la población española– viven en comunidades con servicios sociales débiles o irrelevantes. Euskadi, Castilla y León, y Navarra continúan siendo las regiones con mejor calificación de sus servicios sociales; mientras que Extremadura, Cantabria y La Región de Murcia tienen la calificación de irrelevantes en estos servicios.

RUMBO A LA DESINSTITUCIONALIZACIÓN

A pesar de que la mayor parte de los indicadores de cobertura de prestaciones y servicios mejoran respecto al año anterior, para el informe “resulta preocupante el escaso desarrollo de los servicios que deberían dar soporte a las estrategias de desinstitucionalización”.

En cuanto a la cobertura del servicio de ayuda a domicilio, esta apenas ha variado un punto desde 2010, del 4,7% al 5,8% de personas mayores de 65 años. “Su intensidad es también muy baja, con una media de 21,1 horas mensuales, sólo 6,9 más que en 2010, aunque es destacable que este número viene aumentando en los últimos cuatro años”, valoran desde la ADGSS.

La prestación económica para cuidados en el entorno familiar, que contempla el Catálogo de la Dependencia, la percibe el 43,7% de las personas beneficiarias, con un importe medio mensual de 261,6 euros, “cuantía insuficiente para que los familiares asuman el cuidado en casa de personas que necesitan apoyos continuados para todas las actividades básicas de su vida diaria”, concluye el informe. “Confiamos que esta situación cambie tras la reforma de la ley y el incremento de la financiación de la dependencia aprobado en julio de 2026. Es el reto de las comunidades para mostrar su capacidad de gestión de los nuevos recursos estatales y la flexibilidad que permite el nuevo marco legal”, señalan desde la ADGSS.

El panorama de los otros dos servicios, alerta la ADGSS, “no es menos preocupante”. La cobertura de centros de día refleja una escasa o nula evolución desde 2010, aunque en 2023 mostró un repunte por primera vez, pasando de 0,7 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años a 1,10, pero “sigue siendo una cobertura muy limitada, que en 2024 volvió a retroceder”. La teleasistencia es el único servicio que muestra una cierta evolución en estos 13 años, 3,5 puntos en su cobertura, hasta situarse en el 11,6% de las personas mayores de 65 años. Sin embargo, el Plan de Choque para la Dependencia marcó como objetivo establecer la teleasistencia como derecho subjetivo para toda persona con grado de dependencia reconocido que viva en su domicilio. En este sentido, la ADGSS apunta que en 2025 sigue quedando 762.285 personas para alcanzar la cobertura del 100%. “La reforma de la Ley de Dependencia confirma el derecho de la teleasistencia para toda persona en situación de dependencia que viva en casa. Habrá que esperar los resultados”.