El Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs) aplaude la decisión de la Xunta de Galicia de aprobar un "ambicioso" plan de creación de residencias para personas mayores basado en la colaboración público-privada. Para CEAPs, este plan, que contempla la construcción de 25 nuevos centros con más de 1.800 plazas -al menos el 60 % de carácter público- concentradas especialmente en municipios de menos de 25.000 habitantes, avanza precisamente en la dirección que el sector lleva años reclamando, ampliar la red allí donde más falta hace, con garantía pública y aprovechando la capacidad y experiencia del sector privado.

“Galicia ha tomado una decisión valiente y necesaria. Es el tipo de iniciativa que el país necesita. Ojalá otras comunidades decidan replicar el modelo y ojalá el Gobierno central tome nota y ponga sobre la mesa una planificación nacional de las necesidades residenciales de los próximos años, incorporando previsiones sobre plazas, financiación, profesionales y distribución territorial de los recursos”, reivindica Rafael Sánchez-Ostiz, presidente de CEAPs, quien advierte: “O hacemos algo ahora o ya llegamos tarde para dentro de tres años. El envejecimiento no espera. Las familias que hoy están en lista de espera tampoco”.

La organización recuerda que la escasez de plazas residenciales es un problema estructural, que no hace más que agudizarse. En España se necesitan ya más de 50.000 plazas residenciales para atender la demanda actual de personas con dependencia severa y gran dependencia. La cifra se aproxima a las 100.000 si se toma como referencia el objetivo de disponer de cinco plazas por cada 100 personas mayores de 65 años.

El punto de partida ya es deficitario y la brecha amenaza con seguir creciendo. La creación de nuevas plazas no avanza al mismo ritmo que el aumento de la población mayor y de las situaciones de dependencia, lo que incrementa la presión sobre una red con capacidad insuficiente. Por tanto, a juicio de CEAPs, el debate ya no puede centrarse únicamente en cómo responder a las necesidades actuales. El país tiene que empezar a dimensionar ahora la red de cuidados que necesitará una población cada vez más longeva y hacerlo con suficiente antelación.

Crear nuevas plazas residenciales requiere suelo, inversión, construcción, acreditación y profesionales, por lo que “las decisiones que se retrasen hoy tendrán consecuencias directas sobre la capacidad de atención de los próximos años”. “Sabemos que vamos a necesitar más cuidados, sabemos que vamos a necesitar más plazas y sabemos que una residencia no se construye de un día para otro. Esperar a que la necesidad sea todavía mayor para empezar a actuar sería una irresponsabilidad”, sostiene Sánchez-Ostiz.

EL POTENCIAL DE LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Para CEAPs, la magnitud del reto demográfico exige aprovechar todos los recursos disponibles y dejar atrás debates estériles que enfrentan innecesariamente lo público y lo privado. El modelo gallego demuestra que la colaboración puede servir para crear plazas con mayor rapidez, manteniendo la garantía pública y sumando la experiencia y capacidad inversora del sector privado.

Ante un déficit creciente, renunciar a esa colaboración supondría reducir las posibilidades de respuesta del sistema, especialmente en el medio rural, donde la dispersión de la población y la menor disponibilidad de recursos hacen más difícil garantizar una atención de proximidad. Crear plazas allí donde vive la gente evita desarraigos, facilita el mantenimiento de los vínculos y contribuye además a generar empleo y actividad en territorios que afrontan un envejecimiento especialmente intenso.

Sin embargo, CEAPs advierte que ampliar infraestructuras debe ir acompañado de otro de los grandes desafíos del sistema de cuidados, la falta de profesionales. Construir nuevas residencias sin garantizar las plantillas necesarias para atenderlas trasladaría el cuello de botella de un punto a otro del sistema. Por ello, insiste en la necesidad de que exista una estrategia nacional de profesionales que permita anticipar las necesidades de empleo asociadas al envejecimiento, reforzar la formación, atraer jóvenes, mejorar el reconocimiento de las profesiones vinculadas a los cuidados, agilizar la homologación de titulaciones extranjeras y facilitar la contratación en origen cuando resulte necesaria.

A ello debe sumarse una financiación pública suficiente y estable que permita concertar plazas a precios acordes con el coste real de prestar una atención profesional y de calidad. De poco serviría ampliar la red si después no existen los recursos necesarios para mantener esas plazas operativas y accesibles.

“Tenemos la oportunidad de decidir ahora cómo queremos cuidar dentro de cinco o diez años. La demografía nos está diciendo qué vamos a necesitar y no podemos alegar que no lo sabíamos. Administraciones y sector tenemos que planificar ahora las plazas, los profesionales y la financiación que harán falta. Los años que perdamos en planificación acabarán convirtiéndose en años de espera para las personas”, concluye Sánchez-Ostiz.