La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, aseguró que la reforma de la financiación del sistema de atención a la dependencia impulsada por el Gobierno central “es insuficiente” y no llegará a cubrir el 40% de los costes, quedando lejos del 50% dispuesto por ley. Explicó, además, que esto “lo que provocará es un aumento de la deuda con Galicia”, que ya supera los 3.000 millones de euros y de la que exigió al Ejecutivo central su pago a la comunidad gallega.

Durante el Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, García denunció la “falta de garantías” de la modificación impulsada por el Ejecutivo central y reclamó que se regule en la ley de dependencia la estabilidad del sistema, financiando el 50 % del coste real de la dependencia, como ya firmó con el País Vasco.

En su intervención, la conselleira hizo hincapié en que, pese a la reforma, “la financiación no alcanzará en ningún momento” el 50% dispuesto por ley. Y, en este sentido, recordó que la aportación del Gobierno central a Galicia se fue reduciendo progresivamente, pasando de un 34% en el 2024 a un 32% en el 2025, elevando la deuda acumulada a más de 3.000 millones.

Fabiola García también solicitó que se adapte la financiación del sistema de dependencia a la realidad territorial de Galicia, dándole más peso a la dispersión y al envejecimiento de la población. Y exigió, además, que “se le dé a Galicia el mismo trato que al País Vasco”, una comunidad con la que el Ejecutivo central ya tiene firmado el compromiso de asumir el 50% del coste real de la dependencia.

HOMOLOGACIONES POR DISCAPACIDAD

Por último, la conselleira denunció que el Gobierno central aborda las homologaciones de discapacidad y dependencia de manera incompleta, excluyendo los beneficios fiscales del grado de discapacidad reconocido mediante homologación. Sobre esta cuestión, puso de ejemplo la medida implantada por Galicia en 2025, y que fue recurrida ante el Tribunal Constitucional, y destacó que la homologación de los grados de dependencia y discapacidad “debe producir efectos plenos y no restar derechos”.

Así, añadió que “excluir el reconocimiento a efectos tributarios supone una limitación de los derechos implícitos al reconocimiento y, en la práctica, impediría que la discapacidad sea reconocida de forma plena.