La Junta de Castilla y León ha reclamado al Gobierno central el abono de 4.631 millones de euros que, según sostiene, corresponden a la financiación de la atención a la dependencia no aportada por el Estado durante los años en los que no se ha cumplido el reparto del 50% previsto en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

La reclamación fue planteada por el consejero de Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez, durante su intervención en el Consejo Territorial de Servicios Sociales, celebrado el 29 de junio, en el que trasladó al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, la posición del Ejecutivo autonómico respecto al nuevo modelo de financiación anunciado por el Gobierno.

Según explicó Vázquez, el incremento de fondos aprobado mediante un Real Decreto-ley para el ejercicio 2026 supone una mejora puntual, pero no ofrece garantías sobre la estabilidad futura del sistema ni resuelve, a juicio de la Junta, el déficit acumulado durante los últimos años.

El consejero defendió que Castilla y León ha asumido con recursos propios una parte de la financiación que, según la normativa estatal, correspondía al Estado. En este sentido, cifró la deuda acumulada en más de 4.631 millones de euros, de los que cerca de 664 millones se habrían generado durante la presente legislatura. Desde la Administración autonómica se recuerda que la ley establece que ambas Administraciones deben compartir al 50% el coste de la atención a la dependencia. Sin embargo, la Junta considera que ese reparto no se ha producido de forma efectiva y que la comunidad ha tenido que incrementar su aportación para mantener los servicios dirigidos a las personas dependientes. Actualmente, el sistema atiende en Castilla y León a 128.000 personas en situación de dependencia, uno de los colectivos con mayor demanda de apoyos sociosanitarios debido al progresivo envejecimiento de la población.

Para la Junta, el principal problema del nuevo planteamiento del Ejecutivo central es su carácter temporal. Vázquez señaló que la financiación adicional prevista únicamente para 2026, y aprobada mediante decreto en un contexto de presupuestos generales prorrogados desde 2023, introduce incertidumbre sobre la continuidad del sistema en los próximos ejercicios. En este sentido, expresó su preocupación por la futura aplicación de la nueva ley de dependencia actualmente en tramitación, al considerar que el incremento extraordinario anunciado no contempla la evolución del coste real de los servicios, el aumento previsto de beneficiarios ni las necesidades de personal que implicará el desarrollo del modelo.

Como alternativa, el consejero propuso que el Gobierno adopte un sistema similar al acordado con el País Vasco. Según explicó, ese modelo contempla la financiación del 50% del gasto certificado en dependencia, y no únicamente del denominado nivel mínimo de financiación, además de ofrecer garantías de continuidad para 2027. La Junta considera que un acuerdo de estas características permitiría dotar de mayor estabilidad al sistema y facilitaría la planificación de los recursos necesarios para responder al aumento de las necesidades asistenciales derivadas del envejecimiento de la población y del incremento de las situaciones de dependencia.

La financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia continúa siendo uno de los principales puntos de discrepancia entre el Gobierno central y varias comunidades autónomas, que reclaman un marco estable y suficiente para asegurar la sostenibilidad de los servicios dirigidos a las personas dependientes.