El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley con el que el Gobierno de España va a realizar la mayor inversión de su historia al sistema de la dependencia: 6.200 millones de euros más, solo entre 2026 y 2027. Una cifra récord que se alcanzará mediante una reforma estructural de la financiación del SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia) y que consistirá en un incremento de las cuantías del nivel mínimo de protección que el Estado transfiere a los gobiernos autonómicos por cada persona que tenga reconocido un grado de dependencia.

Lo había anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un encuentro sobre políticas de apoyo a la discapacidad y la dependencia, donde declaró que esta inversión va a permitir al Gobierno cumplir con uno de los grandes compromisos de esta legislatura, que manifestó en su discurso de investidura, y es que "la Administración General del Estado financie el 50% del sistema de dependencia, elevando su aportación hasta superar los 7.200 millones de euros en el año 2027”.

Cuantías que serán duplicadas en el caso de las personas con mayor dependencia y que, por tanto, requieren más recursos:

● Las cuantías para el grado III (gran dependencia) suben un 128%, pasando de 290 euros al mes a 660 euros al mes.

● Las cuantías para el grado II (dependencia severa) suben un 100%, pasando de 130 euros al mes a 260 euros al mes.

● Las cuantías para el grado I (dependencia moderada) suben un 18%, pasando de 76 euros al mes a 90 euros al mes.

En total, estos incrementos implican que la aportación económica del Gobierno de España a la dependencia alcanzará los 5.513,8 millones de euros en 2026 y los 7.239,4 millones de euros en 2027. Esto supone que el año que viene, la inversión del Estado en dependencia será el doble que en 2025 y cinco veces más que hace una década, cuando el ejecutivo que gobernó entre 2011 y 2018 recortó su aportación al SAAD en más de 5.400 millones de euros. Recortes que fueron revertidos en la pasada legislatura con un plan de choque que puso en marcha el Gobierno de España y que permitió duplicar la aportación estatal.

De esta manera, el Gobierno de España da el primer paso para refundar el sistema de la dependencia, ampliando su aportación a la financiación del SAAD. Lo hace a través del real decreto-ley que acaba de aprobar, cuyos efectos serán inmediatos. A partir del 1 de julio de este año 2026, la AGE (Administración General del Estado) comenzará a transferir una cantidad mayor de dinero a los gobiernos de las comunidades autónomas, que son quienes tienen la competencia exclusiva de gestionar la dependencia.

Además, se blinda a futuro esta inversión ampliada ya que supondrá una obligación para el Estado, independientemente de cuál sea el gobierno y de su situación presupuestaria, y dado que estas nuevas cuantías para cubrir los niveles mínimos de protección sólo podrían revertirse por una norma con rango de ley. Se consolida así esta nueva financiación, con el objetivo de mejorar la calidad de atención y, al mismo tiempo, enfrentar nuevos retos como el envejecimiento de la población o los cambios en las estructuras familiares.

Igualmente, este incremento en la financiación supondrá, de manera inmediata, aumentar las prestaciones de más de 1,6 millones de personas en España (hay 1.682.785 personas con prestación efectiva según los últimos datos publicados por el Imserso, a fecha de 31 de mayo de 2026, en nuestro país). Y, así mismo, esto se traducirá en que en 2027 la aportación del Estado al SAAD alcanzará el 50% del gasto total de la dependencia, lo que implica que el Gobierno culmine este compromiso político firmado en el acuerdo de coalición.

MÁS INVERSIÓN, MÁS MEJORAS

Con este importante paso para refundar el SAAD, el Gobierno de España no sólo pone a disposición de los gobiernos de las comunidades más recursos para poder llevar a cabo mejoras en el sistema, también para que puedan avanzar hacia el nuevo modelo de cuidados que impulsó el Ministerio de Derechos Sociales hace dos años con una estrategia estatal para desinstitucionalizar a las personas en situación de dependencia. Es decir, para dejar atrás un enfoque asistencialista de los cuidados y avanzar hacia uno más centrado en la persona, en el que disponga de más derechos y autonomía, y que priorice su voluntad (como la de vivir en su hogar o en entornos próximos y comunitarios).

Con este objetivo, los gobiernos autonómicos dispondrán ahora de una mayor cantidad económica cada año para invertir en dependencia y en mejoras como: continuar reduciendo listas de espera para acceder a una prestación por dependencia, agilizando el sistema y minimizando la burocracia; contratar a más trabajadoras para ofrecer cuidados a las personas en situación de dependencia y mejorar sus condiciones laborales; ofrecer más y mejores servicios a las personas en situación de dependencia, especialmente aquellas en una situación más grave; ampliar la atención a domicilio e incrementar los centros de día; invertir más en tecnología y consolidar servicios como la teleasistencia; y transformar los centros residenciales para superar el modelo de las macrorresidencias y habilitar espacios en el que los usuarios tengan más autonomía, en sintonía con los diferentes proyectos residenciales que el Gobierno de España ha puesto en marcha en los últimos años a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Además de todas las mejoras que podrán aplicarse con este incremento en la financiación de la dependencia, el Ministerio de Derechos Sociales estima que esta política social tendrá una elevada rentabilidad económica y social, y que será capaz de generar un impacto significativo sobre la actividad económica, en base a diferentes estudios publicados al respecto en los últimos años.

Uno de esos estudios fue publicado hace un mes con el título El Derecho al Cuidado y la Economía de los Cuidados en España, y realizado por el CENIE (Centro Internacional sobre el Envejecimiento). Según este informe, que analizó el plan de choque del Gobierno de España para revertir los recortes en el SAAD, cada euro que se invirtió en dependencia generó 1,6 euros de actividad económica. El estudio también señala que esta inversión creó 95.000 empleos directos en el sector y que el 49% del gasto en este sistema regresó a las administraciones públicas a través de cotizaciones sociales e impuestos.

En base a estos datos, el Ministerio de Derechos Sociales estima que, a partir de este 2026, la mayor inversión que va a hacer el Estado en dependencia con esta plan de expansión puede traducirse en un impacto económico cifrado en hasta 4.000 millones de euros, con un retorno aproximado a las arcas públicas de 3.000 millones de euros, posibilitando además que se creen cerca de 100.000 nuevos empleos.

REFORMAS DE LAS LEYES DE DEPENDENCIA Y DISCAPACIDAD

Otro objetivo fundamental de esta ampliación de la financiación del SAAD es reforzar los recursos que reciben los gobiernos autonómicos para poner en marcha los cambios estructurales que establece la reforma de las leyes de Dependencia y de Discapacidad, actualmente en fase de tramitación en el Congreso de los Diputados. Una norma que, si cuenta con el apoyo de la cámara, modificará tanto la Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia como la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social.

Esta reforma legislativa incluye nuevos servicios que los gobiernos de las comunidades autónomas tendrán que ofrecer a través del SAAD como: nuevos modelos de convivencia colaborativa, y cuidados y apoyos en viviendas compartidas; productos de apoyo que mejoren la autonomía como sillas de ruedas eléctricas, andadores, camas articuladas o asistentes de voz, que se servirán mediante préstamo o cesión temporal; servicios de asistencia personal para aquellas personas que lo deseen y tengan mayores necesidades de apoyo; y extensión del servicio de ayuda en el domicilio, para las personas que reciban esta ayuda puedan ser acompañadas por sus personas cuidadoras en otras actividades como ir al médico o a hacer la compra

Al mismo tiempo, esta reforma consolidará nuevas conquistas como reconocer la teleasistencia como un derecho universal para garantizar que toda persona que requiere de este servicio pueda acceder a él, y garantizando igualmente que esta prestación no podrá ser única y deberá combinarse con otros apoyos. Así mismo, se extenderá la prestación económica para cuidados familiares hasta el último día del mes en el que se produzca el deceso de la persona dependiente, para evitar así que deban reintegrar prestaciones económicas.

Esta reforma incorpora otros avances importantes como ofrecer a la persona usuaria el derecho a decidir sobre las prestaciones y los servicios que reciba, y garantizar su derecho a permanecer en el entorno elegido o a recibir una atención libre de sujeciones físicas, mecánicas, químicas o farmacológicas.

Por otro lado, se garantiza que las personas en situación de dependencia recibirán una atención sanitaria sea cual sea el lugar en el que viva, incluyendo las residencias, estableciendo bases para que los gobiernos autonómicos coordinen sus servicios sanitarios y sociales, y con el objetivo de evitar lo ocurrido durante la pandemia de la Covid-19 en algunas residencias.

EMPLEO DE MÁS CALIDAD

Entre los principales objetivos tanto del incremento presupuestario aprobado como de esta reforma legislativa se encuentra también mejorar la calidad en el empleo de las personas que trabajan en la dependencia, con la máxima de mejorar las condiciones de las personas cuidadas y, al mismo tiempo, mejorar las condiciones de las personas que cuidan.

De igual forma, una de las metas más importantes es poder incorporar más profesionales a un sistema que va a necesitar aumentar sus plantillas en los próximos años para hacer frente al desafío demográfico que supone tener poblaciones cada vez más envejecidas.

Para ello, los gobiernos autonómicos no sólo dispondrán de más dinero para poder contratar y mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras del sistema (mayoritariamente mujeres), sino que la propia reforma de las leyes de dependencia y discapacidad incorpora un artículo específico sobre la calidad en los empleos de los cuidados, encaminado a garantizar que las trabajadoras tengan una situación laboral digna, estable y profesionalizada. Ese artículo señala, además, que el Consejo Territorial, integrado por el Gobierno de España y por los gobiernos de las comunidades, deberá establecer tanto los criterios de acreditación de calidad y estándares del empleo, como el número adecuado de profesionales según perfil de usuarios, su cualificación y formación.

Por otra parte, tanto la ampliación de la inversión en dependencia como esta reforma legislativa permitirá introducir mecanismos para agilizar y acelerar los procesos administrativos vinculados a la dependencia y a la discapacidad.

A nivel normativo, uno de los avances más destacados será el reconocimiento automático de un 33% de discapacidad a las personas con un grado I en el SAAD, y a las personas que obtengan un grado II o III se les ofrecerá una pasarela para ser reconocidas con el 65% de discapacidad. Además, se establecerá un procedimiento de urgencia para que las personas en situación de especial vulnerabilidad puedan acceder antes a servicios y prestaciones.

Con la nueva financiación estatal del SAAD y la reforma en curso, el Gobierno da también un paso muy importante para dotar de más recursos económicos y normativos a los gobiernos de las comunidades para que cumplan con el mandato del nuevo Artículo 49 de la Constitución Española, reformado en 2024 para ofrecer más dignidad y más protección a las personas con discapacidad, y que implica garantizar derechos como, por ejemplo, la accesibilidad universal.

PRIMERAS REACCIONES DEL SECTOR

El Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs) considera positivo que el Gobierno haya aprobado un incremento de la financiación estatal destinada al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), pero advierte de que esta medida sigue siendo “insuficiente” para responder a las necesidades reales de un sistema tensionado por el envejecimiento de la población, la falta de profesionales, el incremento de costes y la llegada progresiva de la generación del baby boom.

La organización recuerda que cualquier aumento de la financiación es necesario, si bien subraya que España continúa muy lejos del objetivo que el propio sector viene reclamando desde hace años. que es la de situar la inversión en dependencia en el 2% del PIB, en línea con los países europeos más avanzados en cuidados de larga duración.

“Todo lo que se aporte la dependencia es bienvenido, porque el sistema arrastra una infrafinanciación histórica. Pero seguimos muy lejos de lo que necesita España para garantizar cuidados suficientes, profesionales y de calidad”, señala Rafael Sánchez-Ostiz, presidente de CEAPs, para quien “la dependencia necesita una financiación estable, suficiente y finalista, y que todas las administraciones entiendan que cuidar no puede seguir dependiendo de parches presupuestarios”.

Para la entidad, el incremento anunciado no puede presentarse como una solución definitiva, ya que una parte muy importante de esos recursos quedará absorbida por el propio crecimiento de la demanda. Cada año hay más personas en situación de dependencia, más necesidades asistenciales, más intensidad de cuidados y mayores costes laborales, energéticos, alimentarios y regulatorios para los servicios que atienden a personas mayores y en situación de dependencia.

“El problema no es solo cuánto se aumenta, sino desde dónde se parte. Venimos de un sistema que lleva años por debajo de sus necesidades reales. Si la demanda crece más rápido que la financiación, el resultado seguirá siendo insuficiente”, advierte Sánchez-Ostiz, mientras recuerda que el compromiso de aumentar la financiación estatal de la dependencia estaba vinculado a los Presupuestos Generales del Estado, algo que no se ha realizado al no haberse aprobado los presupuestos.

La organización reclama, además, que este incremento no sirva ahora para que las comunidades autónomas reduzcan su propia aportación, sino para reforzar de verdad el sistema. “El dinero del Estado debe sumar, no sustituir. Pedimos a los gobiernos autonómicos que no bajen su presupuesto en atención a las personas y que este aumento se traduzca en más servicios, más plazas y dignificar a las profesionales logrando mejores condiciones para quienes cuidan”, subraya el presidente de CEAPs.

La patronal advierte también de que la mejora de la financiación no debe derivar en un refuerzo prioritario de las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar en detrimento de los servicios profesionales. La organización recuerda que la propia Ley de Dependencia concibió los cuidados no profesionales como una prestación excepcional, no como la respuesta ordinaria del sistema.

“España no puede afrontar el futuro de la dependencia descansando de nuevo sobre las familias y, especialmente, sobre las mujeres. Las principales cuidadoras siguen siendo mujeres, muchas de ellas mayores de 55 años, que asumen cargas físicas, emocionales y laborales enormes”, señala Sánchez-Ostiz.

Junto a esto, CEAPs considera que la financiación debe ir acompañada de una transformación estructural del modelo que vaya con la actualización de precios públicos y conciertos, la, mejora de las condiciones laborales, refuerzo de plantillas, coordinación sociosanitaria efectiva, reducción de desigualdades territoriales y reconocimiento del papel esencial de los servicios profesionales de atención a la dependencia.

La organización recuerda que la Ley no es solo una política social, sino también una inversión con retorno económico, generación de empleo estable, actividad territorial y cohesión social. Por ello, reclama que el debate sobre la financiación no se limite al anuncio de nuevas cuantías, sino que se traduzca en una planificación realista y sostenida en el tiempo.

También desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (ADGSS) manifiestan como "una buena noticia que el Gobierno pase de la retórica a los hechos", aunque puntualizan que "la prioridad deben ser las 265.503 personas se encuentran en las listas de espera, incrementar las prestaciones, subir las intensidades de los servicios y compatibilizarlos". Además, añaden desde la entidad, "esta nueva financiación debe mejorar los salarios y condiciones laborales del personal del sistema de la dependencia, especialmente de las auxiliares del SAD y de las residencias".

La ADGSS puntualiza que ahora lo determinante es saber "cómo puede influir esta financiación en la aprobación del proyecto de ley de discapacidad y dependencia que actualmente está en el Congreso de los Diputados"; y se preguntan: "¿qué mecanismos va a habilitar la Administración General del Estado para garantizar que este incremento presupuestario mejore la vida de las personas en situación de dependencia?".