“El peso relativo de la financiación autonómica en dependencia frente a la estatal durante el periodo 2012 a 2020 presentaba una tendencia alcista que se rompe en 2021, por el incremento en la financiación aportada por la AGE mediante el Plan de choque”, expone el informe que acaba de presentar la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (ADGSS).

La entidad resume que la inversión pública en atención a la dependencia en 2025 fue de 13.734 millones de euros, representando la aportación estatal un 27,4% de esta cifra, y revela que ocho comunidades han perdido financiación este año por incumplir objetivos del Sistema de Dependencia. «Seguimos reclamando que la AGE tiene que aumentar la financiación al menos en mil millones cada año para que se reduzcan la lista de espera y se incrementen las cuantías de las prestaciones y las intensidades de los servicios, además de permitir compatibilidades», aseguran en el estudio que acaban de presentar.

Según el análisis de la ADGSS, el peso de las comunidades en la financiación cae un 13% entre 2020 y 2023, por la AGE que refuerza la financiación. En 2024 vuelve a incrementarse rompiendo la tendencia cuatro años después, pero en 2025 desciende un 0,3%. «La Administración General del Estado incrementó en 185 millones de euros su gasto en dependencia debido a su obligación de soportar el nivel mínimo de financiación correspondiente a las personas beneficiarias de la Ley, al haberse incrementado el número de personas atendidas, ya que por ser un sistema con modelo de financiación capitativo, y hay que mencionar el aumento de 500 millones fruto de la Ley ELA», argumentan.

Las comunidades que más invirtieron en dependencia por persona potencialmente dependiente en 2025, según analiza la ADGSS, son: Euskadi, Extremadura, Baleares y Navarra, mientras a la cola se encuentran Galicia, Canarias y Murcia.

El gasto anual medio por persona beneficiaria fue de 8.417 euros, de los cuales la AGE aportó 2.306 euros en concepto de nivel mínimo de protección y las comunidades autónomas 6.111 euros. Con estos datos, señalan que la región que destinó mayor cantidad económica por persona beneficiaria fue Euskadi con 14.384 euros anuales, cantidad duplica el gasto de la comunidad que menos invirtió, que fue Aragón con 7.159 euros anuales.

En 2026, ocho comunidades van a ver disminuidas las cantidades del nivel acordado para financiación de la dependencia: Catalunya, Comunitat Valenciana, Asturias, Extremadura, Cantabria, La Rioja, Aragón y Madrid «verán reducida su financiación por su mala gestión al no cumplir con los objetivos de mejora de la atención vinculada a la Financiación Acordada», recoge el informe.

«Pocos asuntos de Estado alcanzan tanto consenso y son de tanta urgencia social como la atención a las personas en situación de dependencia. Sin embargo, después de casi 20 años la dependencia es un derecho pendiente», denuncia la ADGSS. «Seguimos esperando que el Ministerio publique los datos de la lista de espera de las revisiones y de las solicitudes sin grabar, y atendidos del grado III+. Es incomprensible la actitud triunfalista del ministerio cuando en los tres últimos años se ha paralizado el incremento de financiación que supuso el plan de choque, a la vez que denunciamos su falta de transparencia», concluyen desde la asociación.