El debate en torno a las pensiones parece instalado en un alarmismo permanente. La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) así lo estimó recientemente en un comunicado en el que desmonta buena parte de los discursos sobre la supuesta quiebra del sistema. Además, la plataforma cuestiona el enfoque con el que se suele abordar esta controversia que, con frecuencia, alimenta la idea de un conflicto entre generaciones.

Así, algunas narrativas insisten en que el envejecimiento de la población hará insostenibles las pensiones, colocando a jóvenes y mayores en posiciones aparentemente enfrentadas. Sin embargo, en un análisis sobre los retos que afronta la Seguridad Social elaborado por el vicepresidente de Economistas Frente a la Crisis, Antonio González, se recuerda que este aumento del gasto responde, en gran medida, a la jubilación de la generación del baby boom, un fenómeno acotado en el tiempo. Es decir, que a partir de 2050 la tasa de dependencia —proporción entre el número de pensionistas y personas trabajadoras— tenderá a estabilizarse e incluso podría reducirse. Presentar este hecho como una deriva estructural del sistema puede contribuir a tensionar innecesariamente el debate público.

Las previsiones sitúan el máximo nivel de gasto en torno al 15% del PIB en 2050, una cifra que en la PMP consideran asumible en economías avanzadas. La sostenibilidad, por tanto, no depende exclusivamente del volumen del gasto, sino de la capacidad económica del país para sostenerlo.

La plataforma que preside Jesús Norberto Fernández cuestiona también las proyecciones del Ageing Report 2024 de la Comisión Europea, que augura una gran caída del empleo en España basada en una supuesta congelación de los flujos migratorios. Según esto, se estarían construyendo diagnósticos sobre premisas discutibles, como situar los flujos migratorios en 200.000 personas anuales a partir de 2027, cuando para mantener las cifras de población en edad de trabajar se necesitan entre 400.000 y 500.000 personas al año. Es decir, que el PIB o la viabilidad de nuestro sistema social dependen, sobre todo, de decisiones políticas coherentes y no tanto de una supuesta crisis estructural.

Como decimos, se ha instalado la idea de que el bienestar del colectivo sénior se produce a costa del de las nuevas generaciones. Sin embargo, los datos apuntan en otra dirección. En realidad, el deterioro de las rentas juveniles tiene más que ver con el desempleo, la precariedad laboral y la contención salarial derivadas de las crisis de 2008 y 2014 que con el coste del sistema de pensiones.

Desde esta perspectiva, el conflicto no es tanto intergeneracional como distributivo. La PMP lo plantea con claridad al señalar el papel de las rentas más altas, cuya contribución fiscal sigue siendo limitada en relación con su capacidad económica. Este enfoque invita a repensar el problema en términos de equidad y sostenibilidad global del sistema, más que en enfrentamientos entre colectivos.

Estamos de acuerdo en que el sistema público de pensiones requiere ajustes y una vigilancia constante. Sin embargo, las soluciones no pasan por alimentar el miedo, sino por reforzar los pilares que lo sostienen. Entre ellos, como subrayan desde la PMP, destaca la necesidad de mantener una base suficiente de población en edad de trabajar, donde la inmigración desempeñará un papel clave. Así, resultará imprescindible mantener el crecimiento económico del país, evitando escenarios de recesión prolongada y apostando por la productividad y el empleo de calidad.