Los sindicatos UGT y LAB han decidido no rubricar el primer convenio de residencias de Araba debido, han esgrimido desde UGT, a la pérdida de poder adquisitivo que sufrirán parte de las personas trabajadoras del sector y a la «falta real» de mejoras en las condiciones laborales.

Por su parte, LAB denuncia que el convenio continúa sin incluir cláusulas de blindaje que garanticen el mantenimiento de las condiciones reguladas en los centros de trabajo. «Sin estas garantías, los acuerdos de empresa alcanzados durante los años de ausencia de un convenio sectorial quedan desprotegidos ante una posible pérdida de derechos», han apuntado. El sindicato considera que sucumbir al «chantaje de las patronales, poniendo en riesgo las mejoras de tantas trabajadoras, es una gran irresponsabilidad».

Tras más de cuatro años negociando el convenio, UGT ha asegurado que su negativa es un acto de “responsabilidad y coherencia”, y que este documento no cumple con los requisitos mínimos, “especialmente después de tanto tiempo de lucha de las 1.200 trabajadoras del sector”.

CONGELACIÓN SALARIAL

Entre los dos aspectos esenciales que han motivado la negativa de UGT, está el apartado económico. Si bien el acuerdo contempla una actualización salarial, han apuntado desde el sindicato, “la realidad es que posibilita a las empresas que los complementos que las personas trabajadoras cobren por encima del convenio estatal puedan ser compensados y absorbidos”. Para el sindicato, esto se traduce en una “congelación salarial de facto para muchas personas”.

Además, desde el sector sociosanitario de UGT resaltan que la subida salarial que recoge el acuerdo aprobado no garantiza hasta 2029 alcanzar los 1.500 euros en varias categorías como la de limpieza, la jardinería, la de auxiliar administrativo, la de auxiliar de mantenimiento o la de pinche de cocina. Algo “cuanto menos indignante”, han señalado, “cuando el único firmante del convenio ha promovido el pasado 17 de marzo una huelga general para exigir un SMI de 1.500 euros al mes”.

UGT apunta que esta “penuria salarial” es especialmente inaceptable al compararla con la “excelente salud financiera” del sector, que genera cuantiosos beneficios, mientras las condiciones laborales de las personas trabajadoras del sector, altamente feminizado, seguirán siendo igual de precarias.

A la insuficiencia retributiva que ha provocado el rechazo de UGT Zerbitzu Publikoak, se añade la “inexistente” reducción de jornada. La “supuesta” rebaja de 100 horas de trabajo en 2028, “en realidad, es una venta de humo”, han dicho, ya que 84 de las 100 horas no se llevarán a cabo en jornadas completas, sino que las empresas podrán optar a bajarlas en bloques de media hora. “Esto se traduce en que la plantilla tenga que acudir a trabajar en el año 2028 prácticamente las mismas jornadas que en el momento actual. Ni mejora su calidad de vida, ni contribuye a la conciliación laboral y personal”, han advertido desde UGT.