Exclusión residencial, un problema que crece sin freno y afecta a las personas mayores
La exclusión residencial es un fenómeno que no solo se refiere al sinhogarismo, también incluye a personas que cuentan con una vivienda, pero que no cumple unas condiciones adecuadas. Es decir, estamos ante casos de exclusión residencial cuando en la vivienda existe hacinamiento o no se adaptada a la realidad económica del hogar; cuando su entorno no tiene una buena accesibilidad a los servicios o existen malas condiciones medioambientales y de convivencia; o cuando no es un espacio seguro y estable para las personas que la habitan.
Según un reciente estudio del Observatorio del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos, en España, alrededor de 8,5 millones de personas, un 18% de la población, sufren exclusión residencial. Dicho informe señala que el sinhogarismo afecta a algo más de 28.500 personas, el resto, se refiere a aquellas que residen en viviendas inseguras (3,7 millones), por ejemplo, bajo amenaza de desalojo; y a personas que, por motivos varios, viven en hogares inadecuados (4,8 millones).
Históricamente, las problemáticas asociadas a la vivienda se han observado como una cuestión generacional, como algo que afecta, sobre todo, a las personas más jóvenes. En cierta medida, esa brecha generacional es real. Por ejemplo, según el Informe Económico y Financiero de Esade del año pasado, solo el 36% de los nacidos entre 1980 y 1990 cuentan con una vivienda en propiedad, un porcentaje que asciende hasta el 62% en el caso de las personas mayores de 65 años. Detrás de estas desigualdades influyen varios factores, entre ellos, el aumento exponencial en los últimos años del coste de vida o las crecientes dificultades para acceder a créditos hipotecarios.
En relación a la exclusión residencial sucede algo similar. Si nos atenemos a los datos del informe Una llave para nuestro futuro: vivienda y envejecimiento en comunidad, elaborado por la asociación Provivienda en noviembre de 2025, los hogares encabezados por personas mayores presentan una tasa de exclusión residencial del 22,7%, es decir, 4,9 puntos inferior a la media nacional de 27,6%. Precisamente, el grupo con las tasas más altas es el formado por jóvenes entre 18 y 29 años (40,1%). No obstante, el informe de Provivienda advierte del rápido empeoramiento en los hogares encabezados por los sénior, ya que la exclusión residencial ha pasado del 16,5%, en 2018, al mencionado 22,7% de 2023, más de seis puntos porcentuales en apenas cinco años.

Pese a que el colectivo sénior está en una mejor situación en comparación a otros grupos de edad, sus porcentajes de exclusión residencial siguen siendo muy elevados: la sufren el 19,6% de los hogares encabezados por mayores que residen en vivienda en propiedad, y esto acarrea problemas como la pobreza energética o los gastos asociados al mantenimiento del hogar.
Los porcentajes se disparan si hablamos de vivienda en alquiler. En este caso, la exclusión residencial alcanza a más de la mitad de las personas mayores (53,5%). Además, el 44,7% de estos hogares no dispone de recursos suficientes una vez han pagado la mensualidad de su vivienda, lo que les deja expuestos a la inestabilidad del mercado.
Características que nos hacen vulnerables a la exclusión residencial
Según la experta Elena Martínez Goytre, responsable de Investigación y Evaluación de Provivienda, “el alquiler concentra varias vulnerabilidades simultáneas: el fuerte encarecimiento de los precios en los últimos años, la inestabilidad derivada de contratos de corta duración y la escasa capacidad o incentivos para adaptar la vivienda a las necesidades propias de una edad en la que la accesibilidad y la habitabilidad son clave para una vejez digna y saludable”.
Sin embargo, señala Martínez Goytre, “la propiedad ha dejado de ser un factor de protección tan claro como en el pasado”. En primer lugar, explica, “cada vez más personas llegan a la vejez con deuda asociada a la vivienda principal, lo que reduce su margen económico”. A esto se suma “el aumento de las dificultades para mantener la vivienda en condiciones adecuadas, especialmente en lo que respecta a la climatización, un problema que ha crecido de forma notable en los últimos años”. Finalmente, destaca la investigadora, “los deterioros del entorno residencial como la contaminación, la suciedad, la inseguridad o el ruido han ganado peso, afectando directamente al bienestar cotidiano de las personas mayores”.
En este contexto, dice la experta, “lo que nos encontramos es que, bajo la etiqueta de ‘mayores’, coexisten muchas realidades”. Así, los sénior con vivienda en propiedad y sin pagos hipotecarios pendientes tienen, sobre todo, “problemas de habitabilidad: barreras arquitectónicas, situaciones de pobreza energética, humedades o goteras…”. Un ejemplo claro, indica Martínez Goytre, “son las personas que no pueden salir y entrar de su casa con autonomía por culpa de las barreras y se encuentran ‘apresados’ en sus casas”.
Por otro lado, las personas mayores en alquiler “no solo acumulan más problemas de habitabilidad –estas viviendas se adecuan en menor medida a sus necesidades, ya que los propietarios no invierten tanto en esta cuestión–, sino que además están expuestos a los vaivenes del mercado y presentan tasas de exclusión residencial muy significativas desde el punto de vista de la asequibilidad”.
Finalmente, están los casos más extremos, el de las personas mayores que acaban en situaciones de sinhogarismo: “Este grupo ha pasado de representar el 2,8% del total de personas sin hogar, en 2005, al 5,5% en 2022”, señala la investigadora. Un incremento, remarca, “que no puede explicarse únicamente por el mayor peso demográfico de las personas mayores”, porque “la tasa de sinhogarismo también ha aumentado cuando se calcula específicamente sobre el conjunto de la población mayor”.

CAUSAS Y CONSECUENCIAS
Las causas sociales que explican la cada vez mayor exclusión residencial entre las personas mayores son, por un lado, el creciente envejecimiento demográfico y, por otro, los cambios que se han ido produciendo en la estructura familiar española. La soledad, deseada o no, puede ser un factor que incremente este fenómeno. Según los censos de población, el porcentaje de personas mayores de 65 años que viven solas en España en comparación a otros grupos de edad ha pasado del 16,6%, en 1991, al 23,4% en 2021. En paralelo a este dato, el 47,2% de los hogares con un sustentador principal mayor de 65 años son unipersonales, lo que contrasta con el porcentaje que obtienen los que no rebasan esa edad: solo un 19,9%.
Valeria Ruiz Lorenzo, investigadora en la Universidad de Málaga, con varios trabajos publicados sobre estrategias residenciales para personas mayores, explica que “la mayor parte de los hogares mayores son unipersonales y poco accesibles. Por propia lógica biológica, las personas vamos perdiendo capacidades, funcionalidad y autonomía”, lo que “puede dificultar el poder vivir de forma autónoma”. Además, subraya, “todos los trabajos invisibles de cuidados que históricamente han recaído sobre las mujeres, que podrían mejorar esta situación, cada vez se hacen menos asumibles por las dinámicas sociolaborales actuales y, por supuesto, el modelo no podía seguir manteniéndose en base al trabajo de las mujeres”.
Para Ruiz Lorenzo, el país se encuentra en plena crisis reorganizativa: “Envejecimiento y dependencia son dos conceptos que se van uniendo y, algunas veces, la única vía de escape pasa por la institucionalización”. La experta opina que “necesitamos repensar fórmulas preventivas que consigan mantener las condiciones necesarias para que el ageing in place (envejecer en casa) ocurra siempre que así se desee. Entendiendo el ageing in place no solo como un concepto de ‘puertas para dentro’, sino como todo lo que coexiste en las inmediaciones de la vivienda”.
Sumados a estos condicionantes sociales y demográfico, existen factores técnicos y arquitectónicos que incrementan la exclusión residencial. Según una encuesta desarrollada por Provivienda en 2023, casi uno de cada cuatro hogares de mayores residen en viviendas y edificios con barreras arquitectónicas que afectan a, al menos, un miembro de la familia. La antigüedad del edificio es clave en esta cuestión: el 29,3% de los construidos después de 1980 presenta problemas de acceso; mientras que la cifra sube al 39,3% si el inmueble es anterior a ese año.
Una de las arquitectas especializadas en vivienda sénior y accesibilidad de Batïq Arquitectura, Cristina Platero Azpilicueta, indica que la mayor problemática de los bloques de viviendas es “la falta de continuidad en la cadena de accesibilidad, es decir, la posibilidad de que las personas puedan salir desde su vivienda hasta el entorno público”. Los elementos más limitantes, prosigue, “son aquellos relacionados con la movilidad, tales como la ausencia de ascensor, peldaños de acceso al portal, recorridos que no permiten maniobrar una silla de ruedas o puertas demasiado estrechas o pesadas. También tienen incidencia otros elementos que dificultan la orientación o el acceso en personas con deterioro cognitivo o sensorial, por ejemplo, recorridos confusos o laberínticos, señalización inexistente, iluminación escasa de los pasillos y espacios comunes o desniveles mal señalizados”.
En el interior de la vivienda, la arquitecta de Batïq explica que destacan las barreras físicas: puertas y pasillos con anchura insuficiente para una silla de ruedas, baños no accesibles, suelos resbaladizos, ventanas y puertas con manillas difíciles de manejar. Además, Platero Azpilicueta apunta otros elementos limitantes vinculados al deterioro cognitivo o sensorial, incluso en fases iniciales, como son “los espacios mal organizados o recargados, aquellos que no tienen una distribución lógica y predecible o estancias con poco contraste cromático entre superficies”. Todas estas dificultades, asegura, “generan desorientación, ansiedad e inseguridad en las personas mayores y dificultan su autonomía en la realización de las actividades cotidianas”.
La exclusión residencial no solo se circunscribe al piso o casa que habitamos, nuestro entorno cercano también influye: “Su diseño afecta a la vejez”, recalca la arquitecta Platero Azpilicueta, que pone como ejemplo la disposición y el mantenimiento de las calles –con aceras estrechas y predominio de espacio para el coche– o la eliminación progresiva de espacios donde descansar o sentarse a charlar y que no estén asociados al consumo.
Por último, señalan desde Batïq, inciden negativamente aspectos como “la desaparición del comercio de barrio, la gentrificación, el problema de acceso a vivienda asequible o la mayor zonificación de usos frente al modelo de barrio en el que dispones de todo lo necesario en un radio cercano”. Todo ello, “dificulta el tejido de redes sociales, incide en la soledad no deseada y aumenta el grado de dependencia, afectando directamente al proyecto de vida del colectivo sénior”.
Por su parte, la investigadora de Provivienda, Elena Martínez Goytre, señala que los diversos estudios que han venido desarrollando todos estos años muestran a las claras la incidencia que tiene la exclusión residencial en las personas: “No tener una vivienda adecuada, asequible y estable tiene un impacto claro en nuestra salud y bienestar. Problemas de estrés, ansiedad, depresión, problemas con el sueño, con la alimentación, enfermedades derivadas directamente de las condiciones habitacionales como pueda ser la humedad y el frío… nos hablan de la salud física y mental”. Martínez Goytre dice que la salud social también se ve afectada: “La estabilidad nos permite tejer lazos y redes en la comunidad que nos proveen de apoyo en diferentes formas (recados, información, cuidados…), pero además sirven de apoyo emocional y ayudan a paliar la soledad no deseada”.

ACCESIBILIDAD Y REHABILITACIÓN
Las generaciones más jóvenes acceden cada vez menos a la vivienda en propiedad: la tenencia entre menores de 35 años ha descendido más de la mitad entre 2002 y 2022, del 66% al 31,8%. Al mismo tiempo, el alquiler se encarece y los contratos son cada vez más inestables, lo que incrementa el riesgo de exclusión residencial en la vejez. Mirando al futuro, ¿qué líneas de actuación deberían ser prioritarias para evitar que este fenómeno siga creciendo en los próximos años en el colectivo sénior?
“La realidad es que como no es un grupo afectado en la misma medida que otros (jóvenes, monoparentales…), no hay figuras específicas para ellos en los planes de vivienda”, apunta la investigadora de Provivienda. “Más allá de iniciativas en la línea de la adecuación de las viviendas de las personas mayores –prosigue–, son necesarias políticas dirigidas a la rehabilitación y adecuación de nuestro parque, que presenta carencias en este sentido, especialmente en lo relativo a la accesibilidad”. Para Martínez Goytre, estos procesos de rehabilitación deben ser accesibles también para las personas vulnerables, aquellas personas que no se los pueden costear, como el caso de las personas mayores con dificultades para el acceso a financiación.
Otra clave es la posibilidad de contar con alquiler asequible y social, y “fuera de la lógica especulativa”, explica Martínez Goytre. “A la edad de jubilación se acercan, cada vez, menos personas propietarias. Siempre va a haber personas y hogares que, bien por su situación de vulnerabilidad bien por sus procesos de movilidad residencial, laboral o por su trayectoria vital, necesitan recurrir al alquiler”, asegura Martínez Goytre, por lo que “hay que ofrecer alternativas reales al mercado de propiedad y de alquiler, soluciones que no estén sujetas a las reglas del mercado y no tengan ánimo de lucro”.
Desde un punto de vista técnico, en el estudio Batïq Arquitectura opinan que tanto la rehabilitación como la construcción de obra nueva son soluciones necesarias y complementarias. “La mayoría de las personas mayores desea envejecer en su vivienda, por lo que rehabilitar el parque existente es, además de una alternativa sostenible, la opción preferida por la población mayor”. Por otro lado, matiza, las políticas públicas deberán impulsar también nueva construcción “y el acceso a proyectos de cohousing sénior o residencias ‘modelo hogar’ públicas” que estén integradas en los barrios.
Así, además de ampliar el espectro real de opciones mediante la adaptación de las viviendas que ya tenemos, la arquitecta Platero Azpilicueta plantea “incorporar la accesibilidad y el diseño para todas las edades como un criterio básico en cualquier política de vivienda y planificación urbana, dejando de tratarlo como una solución puntual”. Desde Batïq Arquitectura aseguran que, cuando la accesibilidad se integra desde el inicio, “se reducen costes a largo plazo y se mejora de forma significativa la calidad de vida de las personas mayores y de la comunidad en su conjunto”.
En la misma línea opina la investigadora en la Universidad de Málaga, Valeria Ruiz Lorenzo, que ve en la rehabilitación y la accesibilidad el primer paso para mejorar la situación: “Ser mayor también implica perder movilidad, perder autonomía. Necesitamos que la vivienda pueda facilitar el tránsito y la conexión hogar-barrio, que sea accesible para que no se convierta en una trampa para quien la habita”. Ruiz Lorenzo advierte que no solo la proporción de población envejecida será cada vez mayor, sino que también aumentan las viviendas envejecidas, y es necesario que estas se adapten. “El hogar se mantiene estático mientras quienes lo habitamos no paramos de cambiar. Por lo que la rehabilitación y la accesibilidad no puede ser un lujo, es una necesidad básica”.
Por otro lado, una de los puntos esenciales para la investigadora de la UMA es conseguir que las personas mayores puedan permanecer en casa. Para ello, observa indispensable el blindaje de algunos derechos básicos: “Proteger los alquileres de personas mayores para que se mantengan en su comunidad, donde tienen una identidad y donde se sienten parte del vecindario”. También, agrega, “facilitar la rehabilitación y la domotización de los hogares”, y “pensar el barrio y la ciudad para los mayores”.
Para Ruiz Lorenzo, el diseño urbano debe incluir las casuísticas del colectivo sénior. “No todo se reduce a parques biosaludables, que han reportado beneficios”, también “necesitamos estrategias de conexión intergeneracional en los espacios públicos, de recursos físicos y espaciales no pensados para el consumo, sino para el encuentro social”.
