El Gobierno Vasco celebró, esta semana, en Bilbao, a través del Observatorio Vasco de Servicios Sociales, la jornada ‘Inteligencia artificial para la optimización administrativa’. Se trató de un espacio de reflexión para analizar cómo pueden los entes públicos optimizar el uso de la IA y reforzar su capacidad de respuesta ante una realidad social cada vez más compleja.

A lo largo de la jornada, expertos y profesionales han analizado los retos éticos, tecnológicos y organizativos que conlleva esta transformación, así como experiencias y buenas prácticas que ya se están desarrollando en Euskadi y otros territorios. Junto con el viceconsejero de Bienestar del Gobierno Vasco, Iván Larraza, participaron también Luca Tangi (Joint Research Center), Isidro Gómez-Juarez (Observatorio Sector Público e Inteligencia Artificial) y representantes de la Generalitat Valenciana y de la Administración Abierta de Catalunya.

Entre ellos, Larraza incidió en que “no hay avance sin responsabilidad”, y en los peligros de la IA, que “puede eproducir sesgos, opacidades o decisiones injustas si no la gobernamos”. El viceconsejero explicó que desde su Ejecutivo consideran “irrenunciable” cuestiones como que la IA sea inclusiva, ya que de lo contrario no supondrá un progreso.

CINCO PRINCIPIOS

Así, Larraza planteó cinco principios para una IA pública útil para los servicios sociales vascos. El primero fue situar a las personas en el centro: “La IA puede recomendar, ordenar, priorizar; pero la decisión que afecta a derechos y proyectos vitales debe mantener control humano, con participación de la persona”.

El segundo principio hizo referencia a reducir la burocracia y aumentar el acompañamiento. “Cada piloto debe demostrar ahorro real de tiempo administrativo y mejora de calidad del servicio”, comentó.

El tercer principio se refirió a los datos y a la necesidad que sean de calidad, con interoperabilidad, seguridad y trazabilidad. “Sin esto, la IA no es fiable”, aseguró Larraza.

El cuarto punto fue la necesidad de transparencia y rendición de cuentas. “Explicabilidad, auditoría, gestión de sesgos y canales de reclamación: si no se puede explicar, no debe condicionar derechos”, explicó.

Finalmente, el quinto y último principio reclamó inclusión y accesibilidad desde el diseño. “La IA debe ampliar oportunidades y autonomía, especialmente para quienes históricamente han encontrado más barreras”, insistió el viceconsejero.