Por apenas 20 días, este verano de 2025 se ha convertido en uno de los peores periodos estivales de la historia de España, y de esta comunidad. Los incendios, motivo de preocupación siempre en esta época, que fueron sofocados rápidamente por los servicios de extinción durante julio, en el mes de agosto, adquirieron unas dimensiones “excepcionales”, cuya contención requirió de todos los medios humanos y materiales que se puedan imaginar.

Como recordó la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, Castilla y León es la comunidad que “tiene más masa forestal del país”, un combustible que ha arrasado miles de hectáreas en varias provincias de la región. Esta situación obligó “al desalojo de cinco residencias, cuatro en León y una en Salamanca”, como explicó Blanco. “Hay otras dos que han estado en previsión, con todo el operativo preparado en la provincia de Zamora, por si era necesario trasladar a las personas mayores”.

La también vicepresidenta fue visitando a los residentes que habían vivido esta compleja situación, pero que fueron rápidamente acogidos por otros centros cercanos en estos desplazamientos temporales, a quienes la consejera agradeció su colaboración. También envió su “cariño, agradecimiento y apoyo a todas las personas que trabajaron en primera línea para apagar los incendios y también a todas aquellas que, en segunda línea, cuidaron de las personas mayores que viven en estas zonas rurales, a los voluntarios que están haciendo muchas tareas que no se ven”, subrayó.

En este sentido, a principios de mes, el Consejo de Gobierno autorizó a la Consejería de Familia el gasto de 100.000 euros en ayudas directas a 24 ayuntamientos que acogieron temporalmente a personas desalojadas. En total, han sido 24 ayuntamientos de Ávila, León, Palencia, Salamanca y Zamora que durante las situaciones de emergencia dieron respuesta a las necesidades básicas de alojamiento, comida y apoyo psicosocial de la población que tuvo que abandonar sus viviendas y lugar de residencia.

AYUDAS PARA LA RECUPERACIÓN

Pero, conscientes de esta situación desde el principio, desde la Junta quisieron dar diligencia urgente a las primeras ayudas, aún cuando los incendios no habían terminado. Recordemos que en Consejo Extraordinario celebrado el 20 de agosto, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco avanzó que “desde la parte de Servicios Sociales se va a trabajar a nivel individual con estas personas que se han quedado sin casa”, para “ofrecerles diferentes alternativas” y que elijan la que mejor se adapte a las circunstancias de cada uno. El acuerdo con las primeras ayudas de recuperación frente a los daños causados por los incendios cuenta con una reserva de crédito de 114 millones de euros y consta de 45 medidas dirigidas a apoyar directamente a las personas y que abarcan distintos ámbitos: ayudas por daños en viviendas y enseres; compensaciones a empresas; cobertura de los costes derivados de desalojos de personas y apoyo a los gastos asumidos por los ayuntamientos, entre otras. Asimismo, se incluirán inversiones en la recuperación de bienes públicos y privados dañados, la reforestación de las zonas afectadas y un programa específico para Las Médulas.

Por otro lado, el Gobierno autonómico activó las primeras actuaciones urgentes: labores de desescombro en viviendas y edificios afectados; la garantía del abastecimiento de agua y la financiación de la alimentación del ganado, especialmente, en las zonas donde los pastos han sido destruidos. Estas medidas se están desarrollando en colaboración con las diputaciones provinciales. Así, tras la extinción, la prioridad del Gobierno autonómico es trabajar desde ya en la fase de recuperación, imprescindible para atender las necesidades de las personas y de los municipios afectados.