El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha celebrado un acto en el que ha analizado y puesto en valor la situación laboral de las trabajadoras del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). El departamento dirigido por Pablo Bustinduy ha querido reiterar su firme compromiso en transformar el actual modelo de cuidados en un sistema más cercano y comunitario y, a la vez, mejorar la calidad del empleo de las personas que trabajan en el sector de los cuidados de larga duración.

Así, el ministro ha recordado que el Consejo de Ministros acaba de aprobar la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia para, por una parte, actualizar el sistema de la dependencia al siglo XXI con más prestaciones y servicios, menos burocracia y más tecnología. Al mismo tiempo el proyecto de ley se centra en mejorar la calidad de vida de las personas, mayoritariamente mujeres, que trabajan en el sistema con unas condiciones de trabajo marcadas por la inestabilidad y la precariedad económica.

Para conseguir esta meta, Bustinduy ha explicado que la reforma incluye varias medidas destinadas a mejorar las condiciones laborales del sector y asegurar una atención de calidad, continuada y segura.

La primera de ellas es la incorporación de un artículo que establece que el Gobierno y las comunidades autónomas, a través del Consejo Territorial, desarrollarán indicadores sobre la calidad del empleo. Estos marcadores estarán desagregados por origen, edad o sexo. T anto el Gobierno como las comunidades autónomas deberán hacer seguimiento de estas pautas para asegurar su cumplimiento. Con esta novedad Derechos Sociales responde a la propuesta del Consejo Económico y Social en la que solicitaba redoblar los esfuerzos para garantizar la calidad del empleo en el sector de los cuidados. La inclusión de la medida ha sido también celebrada por el sindicato Comisiones Obreras en su análisis sobre el proyecto de ley, donde ha trasladado la importancia que tiene este aspecto a la hora de proveer cuidados de calidad.

Por otro lado, la reforma dispone la creación de un nuevo servicio de provisión de productos de apoyo para la autonomía personal, como grúas o camas articuladas, que reducirá los riesgos físicos en el trabajo. Facilitar el acceso a estos productos supone un beneficio para las personas usuarias pero también para las trabajadoras, que pueden contar de esta manera con los recursos necesarios para ejercer su labor en condiciones más seguras y eficientes.

“Muchas veces cuando abordamos estas cuestiones lo hacemos centrándonos, como no puede ser de otro modo, en las personas cuidadas. Cuáles son sus preferencias, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus deseos. Y si bien esta es una cuestión fundamental, no podemos olvidar, ni por un segundo, que esta es solo una cara de la moneda, y al otro lado están las ciento de miles de personas, mayoritariamente mujeres, que sostienen sobre sus hombros un sistema aún lastrado por los mismos prejuicios sexistas, las mismas carencias de reconocimiento y una retribución digna, que los cuidados informales que fueran antaño mayoritarios. Con esto quiere decir que nuestro empeño de transformación del sistema de cuidados no va a traducirse en arreglos insuficientes o cosméticos; hablamos de un cambio de fondo que comprende, por tanto, mejorar también las condiciones de las trabajadoras”, ha explicado Bustinduy.

El ministro ha resumido algunos de los datos más significativos del estudio encargado por el propio ministerio para afrontar los retos del sistema y que muestran que el empleo en el sector de los cuidados de larga duración está marcado por la inestabilidad, la parcialidad y unos salarios por debajo de la media.

Esta situación provoca que las personas que trabajan en el sector permanezcan, de media, apenas un año, lo que dificulta la retención de talento. Esta realidad afecta no solo a las gerocultoras, es decir, a las profesionales que prestan atención directa, apoyo personal y acompañamiento a personas en situación de dependencia, sino también a otros perfiles clave del sistema, como fisioterapeutas, personal de enfermería o profesionales de la psicología. La fuga estructural de personal compromete la sostenibilidad del sistema justo en un momento de reto demográfico que es cuando más se necesita. La evolución demográfica prevé un aumento de más de 400.000 personas dependientes en los próximos cinco años, y en 2030 habrá 1,2 millones más de personas mayores de 65 años que en 2023. La situación exigirá incorporar, como mínimo, 260.000 nuevas trabajadoras al sector.

Bustinduy, ha explicado que “esta situación no es admisible en una sociedad democrática” y ha aseverado que “el futuro de la Dependencia pasa por mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras”.

El acto celebrado y las medidas incorporadas en el proyecto de ley forman parte del reto de mejorar el empleo en los cuidados de larga duración. Con él, el ministerio pretende valorizar el trabajo de los cuidados y retener talento en el sector de los cuidados, tal como establece la Estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad.

La secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, ha subrayado durante su intervención en el acto que el “desafío de asegurar la sostenibilidad del Sistema apela a la responsabilidad de todas las administraciones, a los agentes sociales y a los operadores del sistema”. Bajo esta premisa, tras la celebración del acto de presentación, la Secretaría de Estado se ha reunido con representantes de comunidades autónomas en un taller de trabajo que permita avanzar hacia un empleo más digno, estable y con reconocimiento social.

RADIOGRAFÍA DEL TRABAJO EN EL SECTOR DE LOS CUIDADOS

Durante la jornada se han avanzado datos del estudio que la Secretaría de Estado de Derechos Sociales está elaborando junto a las consultoras Afi y 40dB. La investigación identifica el perfil tipo de las trabajadoras: más del 85% de las profesionales son mujeres, la mitad de ellas tiene más de 45 años y una de cada cuatro es migrante.

Entre los principales hallazgos destaca que los salarios en el sector son de media entre un 35% y 38% inferiores al promedio nacional, lo que supone unos 10.000 euros anuales menos respecto al resto de empleos. Uno de cada cuatro contratos en residencias es temporal, y en los servicios de ayuda a domicilio solo el 60 % de los contratos son indefinidos, 13 puntos porcentuales por debajo de la media nacional.

La mayoría de las trabajadoras destacan que estas condiciones laborales se suman a la percepción de que no existen posibilidades reales de promoción y a la falta de reconocimiento profesional.

Las condiciones laborales del sector tienen consecuencias directas en la salud de las trabajadoras. Las tareas que afrontan afectan a su salud física y emocional con dolencias musculares crónicas y accidentes laborales más frecuentes que la media. Concretamente, en 2023 los accidentes en residencias con baja laboral fueron un 75% mayores que los del promedio nacional mientras que en los servicios sociales sin alojamiento, el exceso llegó hasta el 25%. En este último caso, destaca la alta siniestralidad in itinere: para estas trabajadoras los accidentes con baja ocurridos en desplazamientos al trabajo duplican la media nacional, con una tasa de 904 por cada 100.000 trabajadoras, frente a 446 en el conjunto del mercado laboral.

Las trabajadoras explican que la exposición continuada a esfuerzos físicos, posturas forzadas y estrés no solo deteriora la salud, sino que incrementa la rotación y las bajas laborales, afectando también a la calidad del cuidado que se presta.